LA ODISEA DEL RETORNO A LA ESCUELA

El retorno a la escuela, es un suceso que realmente tiene mayor impacto en los hogares y familias peruanos. Por no decir, en los bolsillos de los padres y madres de familia. Los útiles escolares, el uniforme escolar, las cuotas de APAFA y aquellas otras cuotas, aportaciones u colaboraciones “voluntarias” para los talleres que algunos directores de instituciones educativas consideran prioritarios. Este tipo de decisiones de fijar cuotas paralelas a la cuota de APAFA, con el concurso de su sola persona, nos remite a una pregunta insoslayable: ¿Será que los directores y directoras de las instituciones educativas —máxima autoridad de la I.E., según el artículo 55° de la Ley 28044— poseen una mentalidad superior a todos los demás ciudadanos y ciudadanas que son los padres y madres de familia?


Al parecer, eso de “máxima autoridad” tipificado en la Ley General de Educación, ha sido interpretado como una capacidad dada a los directores, consistente en tomar decisiones inconsultas e individuales, ignorando a la comunidad educativa. En otros términos, el director es la máxima autoridad de la institución educativa, a la que le compete conducir cumpliendo funciones institucionales. No personales, no individuales, no antojadizas, no contraviniendo otras normas de alcance nacional como las resoluciones ministeriales, justificándolas con el hecho que así lo dispone el Reglamento Interno. Como si el Reglamento Interno fuera la norma suprema de algún estado autóctono, aislado del resto del país y del mundo.


Primero, fue ese pleito sobre los textos escolares donde directores y algunos docentes, resultaron comprometidos en oscuros negocios a merced del bolsillo del padre de familia, en las narices de todo mundo. Segundo, las cuotas de APAFA, que es otro martirio y no sólo por las sumas elevadas que a veces representan, sino, porque contravienen normas vigentes y de conocimiento público. Aún persiste aquella situación en la que las cuotas de APAFA la vinculan o condicionan a la matrícula de los educandos. “¿Ya pagó su cuota de APAFA, señor?”, pregunta a boca de jarro que hace la persona encargada de realizar la matrícula. Cosa que si usted no pagó esa cuota, por favor, primero pague, muéstreme su recibo, y matricularé a su niño o niña.


Y tercero, los benditos uniformes escolares. También se detectó que la compra-venta de uniformes escolares, constituía atractivos negocios no sólo para los confeccionistas y comerciantes, sino también para algunos directores y uno que otro docente involucrado o cómplice de los intereses mercantiles de su “máxima autoridad”. Atroz situación frente a la cual, hasta el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres pidió públicamente que los padres denuncien y no tengan temor por las posibles represalias.


Fue necesario que la Ministra de Educación, Emma Patricia Salas, se presente en los medios de comunicación masiva, para aclarar aquello que las normas ya lo dicen y tipifican, y que por supuesto, es de conocimiento de los directores y docentes de las instituciones educativas. Que la compra de textos escolares de un solo uso no es obligatoria; que el uso del uniforme escolar, tampoco es obligatorio. Hasta fue necesario que intervenga el Jefe de Estado para pedir disculpas a nombre de la nación por el atropello cometido por funcionarios públicos de algunas instituciones educativas, en agravio de los bolsillos de los padres de familia.


La Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012, aprobado con R.M. N° 0622-2011-ED (publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de diciembre de 2011), establece los “lineamientos nacionales, normas y orientaciones” para que las instituciones educativas planifiquen, organicen y regulen sus actividades durante el año escolar 2012. Que a pesar de ello, en algunas instituciones educativas se pretenda imponer otras normas que la contravienen y desconocen, sugiere que el estado peruano —no sólo la sociedad peruana—, es también un ente quebrado y fragmentado a extremos intolerantes e inaceptables.


Las actitudes autoritarias, porque es autoritarismo desconocer las normas e imponer otras al antojo y conveniencia o medida de intereses particulares e individuales, de algunos directores de instituciones educativas, obligan a que éstas sean percibidas como islotes desperdigados a lo ancho del territorio nacional, donde cada director puede hacer y deshacer antojadizamente, con una sinvergüencería merecedora de un Òscar.


Es plausible el mea culpa que hace el Estado en la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012, al afirmar que “El estado no ha podido cumplir con su obligación de garantizar aprendizaje efectivos y de calidad para todos”. Este gesto de humildad y honestidad, sería propicio ser imitado por las máximas autoridades de las instituciones educativas, quienes a muchas de ellas, les produce una irónica sonrisa todo aquello que haga o disponga el Ministerio de Educación.


Teniendo a mano la Ley General de Educación, se concluye que lo primero que ignoran algunos directores de instituciones educativas, es la institucionalidad; al desconocer e ignorar a la comunidad educativa. Además, sus actitudes y decisiones sobre el pago de cuotas paralelas a la APAFA (para talleres, por aniversario, por el día del maestro, por el cumpleaños de fulano, etc.) revelan que el padre de familia es percibido sólo como un bolsillo más al que se le pueden extraer hasta las últimas monedas que guarde, y no como un ciudadano que puede contribuir elogiosamente a transformar y mejorar la educación que reciben sus hijos e hijas. Esta educación resulta vergonzosa y maltratadora de los educandos y de sus padres y madres. (“La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades”, leemos en el artículo 4° de la Ley N° 28044).


Marginar a un niño o niña porque no lleva puesto el uniforme escolar, por ejemplo, que no salga en la foto porque no está uniformado; que no salga a recreo porque no está uniformado, que no sea el primero en la fila porque no está uniformado; es un maltrato, es una salvajada, es una aberración. Y que el padre de familia no se atreva a decir algo o a denunciar el hecho porque teme represalias contra con su hijo, constituye un agravante. ¿Hablamos de una institución educativa o de un centro de reclusión de desadaptados sociales? Que esta situación no produzca siquiera una mínima indignación en los padres de familia o en cualquier otro ciudadano que la conozca, sí que constituye una realidad sumamente triste y lamentable, porque así, difícilmente lograremos construir —o reconstruir— un país de ciudadanos y ciudadanas.


“En las Instituciones Educativas públicas no es obligatorio el uso del uniforme escolar” dice claramente el sexto guión del apartado VII.VIII Otras Actividades de las Instituciones Educativas, de la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012. ¿Conocen esto los directores? ¿Lo saben los docentes? En los últimos días, los medios de información, lo han transmitido una y otra vez. ¿Qué más hace falta para que las normas sean cumplidas, en este país?


El desparpajo de la ironía llega cuando algunos directores justifican la obligatoriedad del uniforme escolar, que ellos imponen en sus instituciones respectivas, en la supuesta “identidad” institucional. Cuando ahora sabemos que a la construcción de la identidad concursan un sinnúmero de factores, quizá, hasta infinitos. A qué identidad se refieren aquellos directores que sólo ponen el ojo en el uso del uniforme escolar, cuando descuidan por ejemplo, la impuntualidad de algunos docentes, el pedido excesivo de útiles escolares, la compra del llamado Formulario Único de Trámite sin recibir a cambio ningún comprobante de pago, la suciedad en los servicios higiénicos (“Baños malogrados y sin agua cuya pestilencia llega a las aulas”, describe el PEN, un hecho de nuestra variopinta realidad educativa), etc. ¿De qué identidad hablan? ¿El uniforme escolar crea identidad?


Es loable la decisión del Gobierno Regional de Junín, al emitir la Ordenanza Regional N° 124-2012-GRJ/CR (publicada en el diario oficial El Peruano, el 23 de febrero del 2012), estableciendo el “Uniforme Único Escolar de Color Plomo en las Instituciones Educativas Públicas”, en resguardo de la economía de los padres de familia. No estaría nada mal, que otros gobiernos regionales imitasen tal decisión.


Todo ello contribuye a configurar a nuestra educación como una educación que requiere con urgencia una transformación. ¿Por qué? Porque “una educación deficiente es una reproductora perniciosa de la inequidad y el atraso”, sostiene el PEN. Entonces, necesitamos transformar a nuestra educación, todos. Precisamente, en este proceso de transformación de la educación peruana, el estado cuenta con el concurso de los “estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades regionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y de base, empresarios y la ciudadanía en general” (Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012); es decir, cuenta con y exige la participación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ¿Tendrá algún sentido la frase “institución educativa” para los directores que las dirigen?

INDIO, SERRANO Y CHOLO

En diciembre del año pasado, en un cine de la cadena UVK en Miraflores, el ciudadano cuzqueño Ricardo Apaza, salió al baño y no se le permitió ingresar para continuar mirando la película. Podría haber sucedido que Ricardo Apaza, no sólo por su fisonomía que no hace juego con la europea o norteamericana, que para algunos peruanos y peruanas es el paradigma de la belleza humana y hasta el ícono de la superioridad intelectual, sino por la vestimenta típica de su terruño, provocó todo ese embrollo que obligó al administrador de la sala, pedir disculpas y alegar que todo fue producto de la confusión.

En la segunda semana del presente mes, durante la proyección de una película en un cine del distrito de Chorrillos en Lima, el hijo adolescente de la actriz Celine Aguirre y el cantante Miki Gonzales, resultó involucrado en un confuso incidente con la pareja Michel Morales y Miriam Rocío, donde los insultos sobre el origen y características fisonómicas de la pareja por parte del adolescente, fueron el eje de la disputa. Disputa donde los agravios, verbales y físicos, de uno y otro lado, aún están poco claros.

En ambos casos, las diferencias —básicamente, fisonómicas— fueron la raíz de las actitudes discriminatorias que echó lodo en el rostro del país y el Estado, ante la permanencia de actitudes racistas que nos regresan a tiempos en los cuales el color de piel, principalmente, se convertía en una frontera impenetrable y separatista entre seres humanos, como si fueran de planetas distintos o de naturaleza diferente, y en el peor de los casos, era un factor capaz de provocar horrendos crímenes y genocidios que nos recuerdan que aun no hemos abandonado la caverna ni el temor a la oscuridad.

Hasta un ex presidente hablaba de ciudadanos de primera y de segunda clase; no satisfecho con ello, se permitió escribir y publicar algunos artículos donde ensayaba su tesis del perro del hortelano para referirse a aquellos que no concordaban con su filosofía de desarrollo del país. Y si estaba en contra del perro del hortelano, no cabe duda que estaría orgulloso con el “chulillo del minero” (no sé hasta qué punto puede permitirse hablar del “perro del minero”), para estar en onda con la bonanza extractiva de minerales que actualmente caracteriza al país.

Este mismo ex presidente, quizá, haciendo gala de su filosofía perruna, anteriormente había proporcionado un “pequeño” puntapié a un ciudadano que se interpuso en su delante en una marcha callejera, y a otro —aunque no pudo probarse fehacientemente—, le propinó una bofetada en respuesta al adjetivo de “corrupto” que le vociferó.

Al margen de los nombres y apellidos de los personajes involucrados en las lamentables escenas racistas y discriminatorias, y de los espacios públicos donde se han producido, está en juego la necesidad de pertenencia que hace falta o que aun no terminamos de construir como un factor prioritario en el proyecto de consolidar el país. Y la responsabilidad es principalmente del estado peruano. “El peruano es un estado parcializado, inefectivo, ineficaz y poco o nada transparente. La mayoría de los peruanos no se siente defendida ni representada por él”, escribe Sinesio López; de manera similar, Jaime de Althaus escribe que “Parte importante del Perú sigue siendo un territorio ajeno para el Estado peruano… El Estado peruano está recién en formación”.

Lo que aparentemente puede parecernos simples vocablos o términos sin mayor connotación agresiva e insulsa, indio, serrano y cholo, se convierten en instrumentos y armas de ataque en los discursos de algunas personas que de alguna extraña manera han cultivado en sus esquemas ideológicos concepciones que impiden la cohesión social en torno a un proyecto de país donde la solidaridad y la fraternidad se convierten en referentes a favor de una convivencia saludable. Pero las actitudes racistas y todas las que de ellas se derivan, son cosas que conviven con nosotros desde muchos años atrás, por no decir siglos.

La discriminación como un arma letal, no sólo se presentó en la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Es una inmundicia que nos obsequia su peculiar aroma a cada paso que damos por nuestras calles y plazas, en los pasadizos, ventanillas y oficinas de las instituciones públicas y privadas, y en cualquier otro rincón de este suelo —tan rico en minerales y otros recursos naturales, dirían los más optimistas— llamado Perú.

El Informe Alternativo presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas – CERD, sobre la situación del racismo en el Perú, de julio de 2009, considera que la discriminación racial es “uno de los principales problemas pendientes a enfrentar para la consolidación de la democracia real en el país”. Pero lo grave es que en el “Perú no se han adoptado medidas reales y efectivas a nivel nacional para garantizar la promoción adecuada de los grupos e individuos” ante las agresiones racistas, sostiene el Informe.

El actor peruano Christian Meier, escribió por medio de su cuenta en twitter que “El racismo es el cáncer que destruye la unión de un país”. No le falta razón al actor, porque las actitudes discriminatorias y racistas están presenten en todos los espacios donde interactúan peruanos y peruanas. Incluso, “las fuerzas del orden peruanas utilizan con frecuencia el perfil racial como criterio de identificación de los sospechosos de haber cometido un delito”, señala el informe presentado al CERD.

Ya en el siglo XVIII, el pensamiento liberal en el Perú, a través de su vocero “El Mercurio Peruano”, difundía una descripción del indio que ahora nos parecería aberrante y vergonzoso: “Tiene el cabello grueso, negro, lacio; la frente estrecha y calzada… el sudor fétido, por cuyo olor son hallados por los podencos”. Y en los años 40 del siglo XX, nos recuerda Manuel Jesús Granados, una consigna proselitista del APRA fue “contra el cholo barato y el azúcar cara”, evidenciándose la discriminación laboral de la que era víctima el ser humano considerado cholo.

El mismo analista enfatiza que “el racismo en la sociedad peruana, ha conseguido que la discriminación y la marginación se hayan institucionalizado en el mercado de trabajo, en la educación, en la política, y en cualquier otro quehacer cotidiano de las personas”. Conclusión que es confirmada por la CVR después de su extenso estudio y análisis del conflicto armado vivido en las últimas décadas del siglo XX. La Comisión señala que “Las diferencias raciales y étnicas en el Perú son criterios de la desigualdad social y fueron invocadas por los perpetradores para justificar las acciones cometidas contra quienes fueron sus víctimas”.

(Si miramos el comportamiento del electorado y twitteadores frente a los candidatos de las elecciones generales 2011, que ocupaban los primeros puestos en las preferencias de la ciudadanía, aludían a un candidato cholo, un gringo, una china y un serrano arribista).

El artículo primero de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la UNESCO, sustenta que “Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad”, y más adelante, en su artículo segundo, afirma que “Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos… carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad”.

Igualmente, en la décimo primera política del estado del Acuerdo Nacional, se reconoce que “en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras”. (La pobreza y extrema pobreza, son factores de discriminación, también). No cabe duda entonces, que en nuestro país, el indio, serrano y cholo, es un personaje emergido en raíces ideológicas arraigadas en las heridas inherentes a ese proyecto aún inconcluso llamado Perú. Pero el racismo, como todo elemento ideológico, no tiene raíces genéticas. Es construido, aprendido, y difundido.

A los agentes socializadores como la escuela, la iglesia, el centro laboral, la familia, entre otros, les compete tomar la iniciativa en esa lucha cruenta contra toda manifestación o indicio de discriminación de toda índole, entre seres humanos. Pero deberán ser iniciativas que derrumben los tediosos muros del mero discurso para plasmarse en praxis. A esa utopía de la equidad y bienestar entre las diversas culturas, se ha convenido en llamarla “interculturalidad”. Sobre el tema, el informe mundial sobre diversidad cultural de la ONU (2010), asevera que “La ‘diversidad’ se está convirtiendo en una consigna de adhesión entre quienes denuncian las persistentes desigualdades socioeconómicas en las sociedades desarrolladas”. La tarea, está en marcha.

LA LETRA CON PLATA ENTRA

Nicomedes Santa Cruz, decimista peruano escribió en 1958, quizá una de las décimas más conocidas de nuestra patria, titulado “La Escuelita”; su primera estrofa es la siguiente: “A cocachos aprendí/mi labor de colegial/en el Colegio Fiscal/del barrio donde nací”. Medio en broma, medio en serio, Nicomedes, describe una situación característica la escuela de aquellos tiempos. Y en la segunda estrofa dice: “Yo creo que la palmeta/la inventaron para mí”.

Es la época en la que nuestros abuelos repetían una frase con la que muy pocos estarían hoy de acuerdo: “La letra con sangre entra”. No cabe duda que fue la época de oro del conductismo, donde el memorismo y el academicismo fueron los elementos preponderantes en la medición y evaluación de los aprendizajes. Donde las matemáticas eran las materias más detestables, al igual que los profesores que las enseñaban. Y si esa situación perdura hasta ahora, entonces, la escuela ha quedado anquilosada en el pasado, en ese pasado vetusto e inhumano, por el que se le puede atribuir la construcción de muchas cosas, excepto de ciudadanía. “El abandono de la formación de ciudadanos”, es uno de los viejos problemas de nuestra educación, refiere el Proyecto Educativo Nacional (PEN).

“La letra con sangre entra”, es una frase que suena terrible, tanto como absurda y abominable. No obstante, parece haber sido suplantada por otra que también amerita la misma abominación, por donde se la mire: “La letra con plata entra”. Además del tráfico de notas que a nosotros como ex alumnos de la educación básica regular, nadie nos lo puede negar (el sol, ni la luna, ni el rostro de los “traficantes de notas” se puede tapar con un dedo), se ha puesto de moda la compra-venta de “libros” (realmente, son cuadernos de trabajo) desde los primeros grados del nivel inicial a precios exorbitantes, en condiciones de obligatoriedad.

(“Contratos viciados, arreglos ilegales sobre calificaciones, pagos por plazas docentes espurias”, entre otros, hacen que la educación peruana, sea “el sector del Estado que más denuncias de corrupción acumula”, concluye el PEN).

Dadas las informaciones transmitidas por los medios periodísticos, sabemos que el precio de producción de cada uno de aquellos textos de trabajo (mal llamado, libros), es de diez nuevos soles. Pero el precio que pagan los padres de familia, superan en la mayoría de los casos los cien nuevos soles. El Ministerio de Educación ya tiene conocimiento de tan repudiable situación que no tiene nada que ver con la contribución en la mejora de la educación peruana, por lo que el viceministro de asuntos pedagógicos, ha emprendido varias medidas para combatirla y desarraigarla de una buena vez de la escuela y de las épocas de inicio del año escolar.

La intervención de INDECOPI en este asunto, no ha sido vista con buenos ojos, en tanto ha inmovilizado las cuentas bancarias de las cuatro editoriales comprometidas (Hilder, Corefo, Santillana y Bruño), a fin de obligarlas a devolver el dinero que han cobrado de más. Para el escritor Javier Arévalo, es un acto para las cámaras; y para el congresista Jaime Delgado, Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, es una payasada.

Algunas voces han sostenido que no se puede exigir o fijar un precio que las editoriales deben respetar y cumplir, porque sería atentar contra los principios del libre mercado. Es decir, si yo oferto un artículo, lo puedo hacer al precio que a mí se me antoje; el único que puede sugerirme el precio de venta, es el mercado. Sólo la ley de la oferta y la demanda, es la que regula el precio de los bienes y servicios circulantes en la sociedad, y así, todos ganamos.

A simple vista, la cosa es maravillosa. ¿Pero de qué libre mercado, hablamos? Si las editoriales, como lo han denunciado algunos ciudadanos, no ofertan sus textos al público abierto, sino, a un mercado cautivo, a un grupo de potenciales consumidores que son los padres de familia de las instituciones educativas con las que entablan previamente, acuerdos y concesiones informales donde el soborno y las extorsiones son las claves que aseguran el éxito y envidiables ganancias a los concertantes (“Las comisiones suelen llegan hasta un 40% del precio de venta al público”, según el congresista Delgado).

A fin de cuentas, es el padre de familia, el que termina asumiendo los elevados costos de los textos, para satisfacción de las editoriales y algunos funcionarios públicos, menos para sus menores hijos. La educación elevada a la máxima expresión de lo absurdo, cuando sabemos que toda la estructura montada en la educación peruana, tiene un solo objetivo: satisfacer las necesidades de aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos y alumnas, futuros ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin embargo, quienes terminan saciados y satisfechos en demasía, son otros sujetos (astutos y pendencieros).

Muy acertada la conclusión descrita en el Plan Bicentenario “El Perú hacia el 2021”, cuando sostiene que “La educación se ha universalizado, aunque su calidad es muy deficiente en todos los niveles”; situación preocupante porque precisamente “el acceso a una educación de calidad es un requisito esencial para lograr el desarrollo humano”. Problema sumamente serio si consideramos que “las limitaciones fundamentales para lograr la modernización de nuestra sociedad son la pobreza y la desigualdad social, así como la mala calidad de la educación”, refiere el mismo documento. Es una siniestra encrucijada; el padre de familia se encuentra entre la espada (las editoriales) y la pared (los educadores antipedagógicos).

A la par con las preocupaciones que genera esta lamentable situación de nuestra educación, y con el anhelo de superarlas, el DCN también sostiene que “Hoy es un imperativo ético formar, desde el hogar y la institución educativa, ciudadanos, personas capaces de diferenciar lo justo de lo injusto, de ponerse en el lugar del otro para reconocer su dignidad como ser humano”. Con este negociado de los textos de trabajo, que para el congresista Jaime Delgado es un “mercadillo vulgar” y un asalto al padre de familia; difícilmente, la escuela, está formando ciudadanos y ciudadanas. (Ingresamos al reinado de la torpeza o la picardía, cuando algunas docentes afirman sin vergüenza, que dichos textos cuestan caro porque “garantizan el aprendizaje de su niño, madrecita”).

Con el mercadeo desvergonzado de textos de trabajo escolares, entre las instituciones educativas y algunas editoriales subordinadas al mero y simple afán de lucro, violando las leyes del libre mercado, ultrajando a los fines y principios de la educación peruana, sacándole la lengua al esfuerzo por construir ciudadanía, convirtiendo a los padres de familia en obligados proveedores de las utilidades de algunos mercantilistas apátridas (no capitalistas ni emprendedores, ni creativos e innovadores) y funcionarios públicos corruptos, convierten a la educación, y a los esfuerzos del Estado y de las familias invertidos en su mejora y transformación, en un proceso detestable, incoherente e inútil.

La situación no es tan simple como dejar que el padre de familia elija comprar o no los benditos textos escolares. En el mes de junio del 2011, se dio la Ley N° 29694 (“Ley que protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en la Selección o Adquisición de Textos Escolares”), con el objetivo de proteger a los consumidores —léase: padres de familia— en la adquisición de textos escolares, frente a “las prácticas abusivas de direccionar su selección o adquisición por criterios no pedagógicos”. Esta misma ley señala que en la selección de los textos escolares, deben participar conjuntamente, “los profesores, la institución educativa y los padres de familia”, pero ello, no se cumple. Definitivamente, no se cumple.

Cuatro meses después de publicada la Ley N° 29694, la Comisión parlamentaria presidida por el congresista Jaime Delgado, presenta un Proyecto de Ley para modificar los artículos 2°, 3° y 4°; e incorpora un artículo 6°, más una disposición transitoria final. Mediante leyes que no se cumplen, se pretende combatir la peste de la corrupción, tan arraigada en nuestra historia. “De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”, dice una frase de discutida autoría. El presidente Ollanta, a través de su cuenta en twitter, manifestó su malestar: “Mi solidaridad con los padres de familia que se sienten burlados por las malas prácticas de las editoriales”. ¿Habrá algún padre de familia que no se sienta burlado por esta perversión del libre mercado?

CIENCIA Y CONOCIMIENTO

Ciencia y conocimiento jmo Este archivo en PPTx, forma parte del material educativo, empleado en el curso SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, en la Sesión de Aprendizaje N° 01 del primer semestre, del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP 2010), desarrollado en Lambayeque, en el marco del convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, durante el periodo junio 2010/diciembre 2011.

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¿Salvo MOVADEF, todo es ilusión?

En el periodo que duró lo que la CVR, en su informe final, denominó “conflicto armado interno”, donde los principales agentes participantes fueron el Estado peruano y el PCP-Sendero Luminoso, se difundió una frase que perfiló de cuerpo entero a la ideología fundamentalista del grupo levantado en armas: “Salvo el poder, todo es ilusión”.

Frase perversa si considera que los más de 60,000 muertos, los miles de millones de soles en pérdidas y las mil fracturas sanguinolentas ocasionadas o reveladas al país entero, como una mera “ilusión”. Tan sólo como un medio o un sendero hacia esa realidad ambicionada llamada “poder político”. No importan los muertos, sólo importa llegar al poder; sí es una frase o una ideología que amerita todo repudio y rechazo.

Más de tres décadas después del inicio de la violencia política, y dos décadas después de lo que significó el punto de inflexión o el inicio de su derrota y decadencia —con la captura de Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, condenado de por vida por la justicia peruana—, percibimos que las heridas no han cerrado, ni la memoria ha encontrado sosiego, ni la reconciliación siquiera asoma su reconfortante presencia.

En el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, en situación de proceso de inscripción, se encuentran 11 organizaciones políticas, entre ellas, aparece el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF). Agrupación que inició su gestión de inscripción, el 12 de enero del presente año.

En su blog, se autodefinen como “un grupo de dirigentes de organizaciones populares, intelectuales y artistas del pueblo, así como abogados defensores de presos políticos y perseguidos sociales”, y como toda agrupación política que pretende jugar con las reglas democráticas vigentes, agregan lo siguiente: “Estamos dispuestos a buscar convergencias con otras fuerzas y personalidades democráticas y establecer alianzas con otras organizaciones políticas”.

Además, presentan sus lineamientos programáticos, que se reducen a 6 puntos. El primero, una nueva constitución, y el último, “amnistía general y reconciliación nacional”. En otros términos, a partir de sus documentos escritos y sus gestiones ante el ROP, es una agrupación que cumple con los requisitos para insertarse en la vida política del país.

Sin embargo, la voz de alarma se activó cuando sus representantes y dirigentes, son personas vinculadas a la defensa de acusados por terrorismo, entre ellos, Abimael Guzmán, como es el abogado Alfredo Crespo. Quienes se oponen y condenan el proceso de inscripción del Movadef, aluden que son terroristas o están ligadas a esas actividades criminales, y una vez llegados al poder mediante la vía electoral, podrían nuevamente hacer resurgir la violencia política en el país.

Es decir, si antes buscaron llegar al poder, mediante la dinamita y el coche bomba; ahora, lo persiguen mediante el voto ciudadano y el ánfora electoral. En otros países hay ejemplos de personas que en el pasado tomaron las armas como una vía para conquistar el poder, pero luego resultaron elegidas electoralmente. No hay un solo caso el cual revele que una vez que fueron elegidas electoralmente, hayan utilizado la representatividad política para inducir o volver a tomar las armas para generar otro periodo de violencia política armada.

Entonces, ¿el temor dónde está, o dónde radica? El estado de derecho, es un estado que respeta el derecho. Y el derecho está tipificado en una infinidad de normas a la que todos y todas tenemos el deber de cumplir, respetar y defender, porque garantizan una convivencia interpersonal e interinstitucional, saludable.

En una oportunidad, el abogado y periodista Federico Salazar escribió lo siguiente: “El pensamiento de Guzmán es equivocado. Pero, ¿cómo demostrar su error si no podemos leerlo?”, haciendo referencia al cuestionamiento de la publicación del libro “De puño y letra”.

En una entrevista, Carlos Tapia, especializado en el tema de la violencia política en el país, y en concordancia con la visión de la CVR, resaltó que el arma principal de los senderistas, es la ideología. Entonces, lo que corresponde a la democracia y a los demócratas, es enfrentarnos ideológicamente a ellos. Tapia agregó después que “A los partidos políticos no se les nota leales con la democracia… porque no salen a defenderla”. Y si el movimiento en cuestión pretende liberar a los condenados por terrorismo, recordó: “No puede haber reconciliación liberando a criminales”.

Son muchas las voces que han alarmado al estado peruano, principalmente, al Jurado Nacional de Elecciones, para que rechace la inscripción del Movadef. Hasta el Presidente del Poder Judicial, César San Martín —el mismo que presidió el enjuiciamiento a Fujimori—, dijo que “no puede haber democracia boba”. De similar opinión ha sido la organización Transparencia, experta en temas electorales, “La democracia tiene sus herramientas. El Perú no puede ser una democracia boba que permita a esa clase de grupos que la minen por dentro”, expresó su secretario técnico Percy Medina.

El Ministro de Justicia, también se manifestó al respecto, declarando que “El Gobierno peruano no permitirá el ingreso a la política de grupos que representan a bandas terroristas”. Y el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, también se aunó a las voces de rechazo a la inscripción del movimiento ligado a Sendero Luminoso. "Si eventualmente se admite su inscripción, interpondremos demanda pidiendo su ilegalidad", declaró.

Rocío Silva Santisteban, ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tampoco es ajena a esta ola de rechazo rotundo a la inscripción del organismo de fachada de los senderistas, al sostener que “la democracia no puede ser imbécil”, y sería una “democracia estúpida” si permitiera que “un grupo de personas utilice los recursos de la democracia para fines antidemocráticos”.

Salomón Lerner, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, expresó que “mal puede la democracia admitir a un virus dentro de su seno”, porque “Movadef o Sendero Luminoso es, en política, la intolerancia encarnada, por lo que sería absolutamente incoherente, contradictorio y nocivo para el país que se legalizara un movimiento político con esas características”, declaró.

Una cosa es pedir que se rechace su inscripción, y otra, que una vez inscrita la organización, presentar los recursos de nulidad pertinentes, acorde a las normas establecidas. Esa fue la opinión más coherente, dada por el Fiscal de la Nación. Por ejemplo, la Ley de Partidos Políticos, Ley Nº 28094, en su artículo 10°, dispone que “Cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha contra la inscripción de un partido político. Dicha tacha sólo puede estar fundamentada en el incumplimiento de lo señalado en la presente ley.”

¿Y qué es un partido político en nuestro país? La respuesta la encontramos en la misma Ley N° 28094: “Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley”. En consecuencia, tendría que probarse que el Movadef, no se ajusta a esta definición.

En las últimas décadas estamos peleando porque en nuestro país no se quebrante la ley, a la que todos y todas que habitamos su territorio, tienen el deber de cumplirla y hacerla cumplir. Y si la Ley de Partidos, no permite el rechazo inmediato a la inscripción de organizaciones como el Movadef, entonces, corresponde sugerir de inmediato las modificaciones pertinentes. ¿Los ciudadanos y ciudadanas, conocemos la ideología de la democracia? ¿Nos aferramos a ella? ¿La defendemos?

“CHAVÍN DE HUÁNTAR” EN LA MEMORIA

Después de 14 años (22 de abril de 1997), el Operativo de Rescate Nipón 96 o “Chavín de Huántar” realizada por 140 comandos de las Fuerzas Armadas peruanas en la casa del embajador de Japón Morihisa Aoki para rescatar a los 70 rehenes tomados por el MRTA, nuevamente está haciendo noticia por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH contra el Estado peruano sobre la ejecución extrajudicial de tres emerretistas después de haberse rendido: Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Víctor Peceros Pedraza, y Herma Luz Meléndez Cueva. Otras versiones, incluyen al emerretista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, conocido como “Tito”.

(Se presume la existencia de una cadena de mando paralela a la del operativo “Chavín de Huántar”, al sospecharse que las ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por miembros del denominado “Escuadrón Júpiter”, al mando de Vladimiro Montesinos. Aunque la versión oficial de los hechos, refiere que los 14 emerretistas cayeron en combate).

En horas de la noche del 17 de diciembre de 1996, un grupo de 14 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tomó la Embajada de Japón, ubicada en el distrito de San Isidro, tomando rehenes a los asistentes a la celebración del onomástico número 63 del Emperador Japonés Akihito. A la hora del asalto había casi 600 personas en la casa tomada, después de varias negociaciones, los secuestradores se quedaron con 72 rehenes, quienes fueron liberados por la operación de rescate, después de 04 meses y 06 días de cautiverio.

(Entre los 72 rehenes figuraban Alejandro Toledo, ex Presidente de la Republica; Luis Giampetri, ex Primer Vice-Presidente de la República en el segundo gobierno de Alan García Pérez, y congresista en ese mismo quinquenio, además de ser el autor del libro: “Rehén por siempre. Operación Chavín de Huántar”; Francisco Tudela, ex canciller en el gobierno de Alberto Fujimori; Javier Diez Canseco; Alex Kouri; entre otros).

La operación de rescate se hizo utilizando túneles subterráneos construidos con ese fin, durante los meses de tensión que cautivó al país entero y al mundo (corresponsales de prensa de diversos países y de cadenas noticiosas internacionales, se apostaron en las cercanías de las casa del embajador, mientras perduraba la situación). Fue un túnel también, de 350 metros de largo, construido por el MRTA, para facilitar la fuga de 48 miembros de su organización —entre ellos, su líder Víctor Polay Campos— del penal Canto Grande en horas de la madrugada del 09 de julio de 1990.

La historia de la rememoración que involucra al éxito del operativo de rescate, se inicia el 02 de enero del 2001, cuando los familiares de los miembros del MRTA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), presentan una denuncia penal por homicidio calificado contra Fujimori, Montesinos, Hermoza, y otros; en base al testimonio escrito de uno de los rehenes, el ciudadano japonés Hidetaka Ogura.

El debate generado sobre la intervención de la CIDH, gira en torno a la revisión del caso; pero, sólo de las supuestas ejecuciones extrajudiciales. Y no, como algunas voces han expresado con alarma, el enjuiciamiento nuevamente de los integrantes del equipo de comandos que liberaron a los rehenes y recuperaron la casa del embajador japonés, comandados por el general EP José Williams.

Rocío Silva Santisteban, ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), especificó que no se está juzgando a la operación “Chavín de Huántar” ni a los comandos de las fuerzas armadas que participaron en ella; sino, se está cuestionado a un acto “post operación”, como es el ajusticiamiento extrajudicial de tres miembros del MRTA, rendidos. (La operación militar en sí, duró 36 minutos).

De similar opinión es Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal: “Una cosa fue la operación de rescate de los rehenes de la casa del embajador y otra fue el crimen y la ejecución extrajudicial de los emerretistas”. Igualmente, Cesar San Martín, Presidente del Poder Judicial, precisó que en su institución “los cargos que se formulan por homicidio calificado, son contra cuatro personas, y no por la operación en sí; sino, porque individuos o por disposiciones al margen del operativo exitoso, generaron hechos que vulneran los derechos humanos y están al margen de lo que es un operativo correcto de salvamento… creo que hay que separar”, especificó.

Esas cuatro personas que menciona el magistrado San Martín, son: Hermoza Ríos, Montesinos Torres, Huamán Escurra y Zamudio Aliaga, juzgados por el delito de Homicidio calificado; y en palabras de Carlos Rivera, se sumaría Alberto Fujimori, por haber dado la orden de eliminar a los emerretistas rendidos. Estas cinco personas, son juzgadas en la justicia ordinaria, y no, en la justicia militar como los comandos participantes en la operación “Chavín de Huántar”, aclaró Carlos Rivera.

Queda claro que el operativo de rescate no está siendo cuestionado, mucho menos la participación de algunos de los comandos de las fuerzas armadas. Al respecto, Francisco Eguiguren, ex Ministro de Justicia, y uno de los personajes directamente aludido en esta supuesto allanamiento del Estado ante las recomendaciones de la CIDH, puntualizó que “ningún comando será sometido a algún proceso por el operativo… el que está sometido es el Estado peruano”.

Sin embargo, en palabras de Roberto Chiabra, General EP en situación de retiro y ex Ministro de Defensa, “entre los peruanos, desmerecemos las cosas buenas que hacemos”. Chiabra, defiende una postura a favor de las decisiones del Estado peruano, y en contra de las recomendaciones de la CIDH, por considerar que la operación de rescate fue impecable, en defensa de la patria y de la vida de los peruanos y peruanas.

Cabe recordar que en la operación de rescate “Chavín de Huántar”, resultaron heridos 14 miembros de las fuerzas del orden y 8 rehenes, y fallecieron 17 personas. Los 14 miembros del MRTA; un rehén, el vocal supremo Carlos Ernesto Giusti Acuña; y dos miembros del comando de rescatistas, declarados Héroes Nacionales: el Coronel EP Juan Valer Sandoval y el Capitán EP Raúl Jiménez Chávez. (Éste último, miembro de seguridad de kenyi Fujimori, hijo del entonces Jefe de Estado, Alberto Fujimori, y actual Congresista de la República).

En su Informe Final, la CVR, concluye que la operación de rescate “fue una acción valerosa de las Fuerzas Armadas cuyos integrantes arriesgaron sus vidas y cumplieron con su deber al enfrentar exitosamente una situación compleja para el país”; sin embargo, no descarta hechos que “implican la comisión del delito de homicidio calificado”, porque fueron ejecuciones arbitrarias “en circunstancias ajenas al enfrentamiento”.

El debate es ácido, al extremo de polarizar nuevamente a peruanos y peruanas. A pesar que no se está condenando la operación de rescate. Sobre el tema, el ex canciller Francisco Tudela, dijo "Me produce repugnancia y repudio, porque es profundamente injusta la decisión. Es la prueba palmaria del carácter sesgado e ideológico de las doctrinas jurídicas caprichosas tanto de la Corte como de la CIDH".

Un Comando del operativo “Chavín de Huántar” y capitán en retiro, Alex Segura, manifestó su malestar frente a las informaciones imprecisas y equivocadas sobre la intervención de la CIDH: "Hubiese preferido quedarme en la residencia y no salir, morir con gloria a estar viviendo humillado y preso", declaró. En su momento, Luis Giampietri, ex congresista de la república, también manifestó su descuerdo al respecto: “Creo que esto no se condice con un Estado agradecido, no puede haber un Estado que sea capaz de juzgar de esa forma a quienes han permitido que la democracia hoy en día funcione”. Sin embargo, no está siendo cuestionado el operativo “Chavín de Huántar”. Están siendo cuestionadas, juzgadas, condenadas; las ejecuciones extrajudiciales, post operación de rescate.

EL ESTADO DE DERECHO EN LA HOGUERA

En el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial El Peruano, publicado el día 04 de diciembre, encontramos dos normas que sorprendieron a la ciudadanía en general y a los cajamarquinos en particular. El DECRETO SUPREMO N° 093-2011-PCM (que Declara Estado de Emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, del departamento de Cajamarca), y la RESOLUCION SUPREMA N° 591-2011-DE (en la que Autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú por el plazo de Estado de Emergencia declarado mediante D.S. N° 093-2011-PCM).


En la misma fecha, en horas de la noche y en simultáneo en los canales de la televisión peruana de señal abierta, el Presidente de la República, Ollanta Humala, dirigió un mensaje a la nación, justificando y confirmando las medidas tomadas, debido a “la intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales” que nuevamente están perturbando la paz y el orden interno en 04 provincias de la región Cajamarca.


En un primer momento pudo haberse pensado que la Ley de Consulta Previa no sólo facilitaría soluciones a los conflictos sociales relacionados con las actividades de extracción minera, sino, básicamente, para prevenirlos. Entiéndase que es una ley de consulta. El Estado se apersona para consultar a la población afectada antes de tomar decisiones que podrían cuestionarse y rechazarse. En este proceso de consulta, la respuesta de la población puede ser positiva (a favor) o negativa (en contra). No necesariamente, las respuestas de la población consultada, tiene que ser a favor o concordantes con la visión del Estado.


La ley de consulta previa no ha sido dada para legitimar la imposición del Estado. Porque si las decisiones del Estado se imponen a pesar o en contra de las conclusiones de la consulta previa, han sido en vano los esfuerzos invertidos en la creación y aprobación de la ley referida. Se percibe ello, cuando el Estado lamenta que la población afecta a la consulta previa decida no concordar con sus políticas. Por desgracia, sería un Estado que necesita de súbditos, no de ciudadanos.


Evidenciada la crisis, el punto de inflexión resultó ser la declaratoria del estado de emergencia. Una vez más queda demostrado que el Estado de Derecho no pertenece ni encaja en la lógica del libre mercado; al menos, en nuestro país. Cuando se pretende a toda costa imponer o defender la lógica del libre mercado, obviando la participación ciudadana o pretendiendo que ella encaje a la medida de su doctrina, el estado de derecho resulta innecesario, torpe y hasta insolente. ¿Acaso la ciudadanía, es sólo una ilusión? ¿Necesita la ciudadanía, la soberana, fuerzas tutelares de sus legítimos intereses?


Cuatro días después de la declaratoria del estado de emergencia por un periodo de 60 días, fue imposible preservar con bajo perfil a la crisis ministerial del gabinete Lerner. El Premier renunció irrevocablemente al cargo el 09 de diciembre, “con el único propósito que usted (Presidente de la República) quede en total libertad para realizar los ajustes de la conducción general del gobierno”, explicó en su carta de renuncia. La tormenta real llegó después. La supuesta “militarización” (derechización, para algunos) del gabinete, del gobierno y de sus políticas.


El analista Nelson Manrique sostiene que “una de las peores plagas que ha aquejado al Perú a lo largo de su historia republicana” es el militarismo, además que “quienes detentan el poder económico pierden las elecciones pero invariablemente terminan gobernando”. Una visión diferente es la de Augusto Álvarez Rodrich, cuando escribe que “No se puede concluir que el nuevo gabinete sea la militarización del gobierno, pero sería ingenuo descuidar algunos indicios”.


Lo que difícilmente puede negarse es la crisis que padece el Ejecutivo. Fernando Rospigliosi afirma que “Los conflictos sociales hicieron estallar la crisis en el gobierno”. La voz de alarma recorrió todo el país y muchos personajes públicos no pudieron quedarse callados. Alejandro Toledo arremetió con dureza sobre la situación crítica, declarando lo siguiente: “Me preocupa mucho que el presidente Humala le haga más caso a sus asesores militares retirados que a sus ministros”.

Pero el defensor de la democracia y de la libertad en el mundo, nuestro compatriota Mario Vargas Llosa, en su discurso de agradecimiento por la distinción otorgada por el Tribunal Constitucional (con la medalla José Faustino Sánchez Carrión), afirmó que “La democracia no está en peligro en el Perú, lo que puede ponerla en peligro es esa truculencia, y esa exageración, y esa demagogia a la que por desgracia nosotros sucumbimos con facilidad”. Un periodista se preguntaría, luego: “¿Y cómo sabe Mario Vargas Llosa, eso?”.


MVLL, se mostró a favor de las decisiones de Ollanta Humala sobre la conformación del nuevo gabinete ministerial, que para otros, evidenciaba una de las primeras y graves crisis del Ejecutivo. “Tenemos ahora una democracia… la imagen que tiene el Perú en el extranjero… es extraordinariamente buena”, afirmó MVLL. Luego expresaría lo que resume su pensamiento y su ideología acorde al proceso de la mundialización de la economía, tan atroz en algunas partes del mundo: “El empresario es el motor del progreso y la creación de riqueza en todas las sociedades”.


Sobre el tema, Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía del 2002), afirma que “La globalización actual no funciona. Para muchos de los pobres de la Tierra no está funcionando. Para buena parte del medio ambiente no funciona. Para la estabilidad de la economía global no funciona… la pobreza ha crecido y los ingresos se han hundido”.

Definitivamente, ha sido una semana de mucha tensión, temores, sospechas y especulaciones. Así como estrenó nuevo gabinete presidido por Óscar Valdés, Ollanta Humala, estrenó también su nueva filosofía militar, en su discurso por el día del Ejército Peruano, leído en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho: “Porque la tarea del soldado es superior, porque está por encima de las discusiones de coyuntura política…El soldado es como un sacerdote que esta mas allá del bien y del mal y que su único objetivo es mantener la tierra, nuestra tierra por la que muchos han muerto, la tierra que nos une, esa es la república, esa es la tarea, el único objetivo que debe tener visualizado el soldado del ejército peruano de las fuerza armadas”.

No es extraño que los sacerdotes y pastores evangélicos se consideren soldados de Cristo y del cristianismo en todos los confines del mundo, cumpliendo el mandato de su Señor de “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”, en una guerra cruenta contra toda herejía. Pero que un soldado se considere sacerdote o predicador de los evangelios, sí causa extrañeza. Decir que un soldado está “más allá del bien y del mal”, se oye raro. ¿Significa acaso, que los actos de un soldado son supremos, por lo tanto, no son ni buenos ni malos? (Si no son ni buenos ni malos, entonces, no ameritan sanción alguna).

Y en la clausura del Año Académico 2011 de la Escuela Naval, el martes 13 de diciembre, complementó su nueva filosofía del soldado: “Acá no han venido a hacerse millonarios… acá han venido a esforzarse por contribuir por el desarrollo de su patria, de nuestra patria, de nuestra tierra”, les dijo a los cadetes de la Armada Peruana. (Faltó precisar que si un soldado se hace millonario, termina preso; hasta pudo haber citado algunos ejemplos).


Una vez quebrado el estado de derecho en 04 provincias de Cajamarca (decorando la situación con discursos sorprendentes y una que otra insinuación inesperada como quitar el derecho al voto otorgado a los militares y policías, o retornar el servicio militar obligatorio e implementar el servicio policial voluntario, Ollanta Humala, más firme que nunca, se adelantó a promover la calma y la serenidad a la ciudadanía: “Invocamos al pueblo cajamarquino a mantener la calma”, leyó en su discurso del día 04 de diciembre, a pesar que las localidades ya estaban ocupadas por la Policía y las FF.AA., en cumplimiento de su papel constitucional.