LA UNPRG EN SUS TRECE (III)

(Cortesía: Boletín Virtual de la UNPRG, Año I - N° 4).

Elegidos los dos rectores, se procedió a las respectivas juramentaciones. Julio Tello, quien despachaba en los ambientes del Centro Pre-Universitario ubicado en la ciudad de Chiclayo junto a sus vicerrectores: Jaime Collantes Santisteban, como Vicerrector Académico; y Leopoldo Vásquez Núñez, como Vicerretor Administrativo; fue reconocido por el rector saliente Francis Villena Rodríguez, para el periodo comprendido entre el 12 de octubre de 2011 hasta el 11 de octubre de 2016. 

Ezequiel Chávarry, el segundo rector, fue reconocido por el Presidente de la Comisión Escrutadora; y desde ya, empezó a despachar en la oficina rectoral ubicada en la ciudad universitaria, conjuntamente a sus dos vicerrectoras: Enma Noblecilla Montealegre (vicerrectora académica) y Gloria Cam Carranza (vicerrectora administrativa).

No cabe pensar otra cosa que, el rectorado, ha dejado de ser un ente representativo de la universidad abocado a defender y promover el cumplimiento de sus fines y objetivos como institución educativa de nivel superior, para convertirse en un elemento capaz de proveer satisfacciones sin fin a  quien ose alcanzarlo, conjuntamente a sus aliados, menoscabando las normas establecidas que regulan su funcionamiento. No puede explicarse de otra manera que imaginando triquiñuelas y negociados apetitosos en su alrededor para que haya tanta guerra por alcanzarlo.

Que de pronto aparezcan dos rectores elegidos cuando la norma establece la elección de uno solo, en salvaguarda del cogobierno y la democracia interna en la universidad, resulta insólito. Desde una tribuna externa, se ve altamente vergonzoso, ruin, mezquino, troglodita, vil. Que por alcanzar un cargo (si es que sólo imaginamos que se trata de un cargo representativo), retornemos a nuestro antepasado cavernícola, es un hecho que nos obliga a husmear en la búsqueda de los factores causantes. Desde ya, imaginamos que son factores que ameritan un repudio total y abierto, un enfrentamiento tenaz a fin de salvaguardar la integridad institucional, y compensar los esfuerzos invertidos en promover la vida democrática, la salud social, la equidad, los valores socialmente aceptables.

La universidad, a quien compete la mayor responsabilidad en la búsqueda de alternativas que ofrezcan una convivencia humana propia de seres inteligibles y racionales, auxiliándose de la ciencia, la investigación y la técnica,; que precisamente ella, muestre incapacidad e ineptitud para regular su propia institucionalidad, indica que hemos llegado, como dirían algunos psicólogos,  a nuestro “máximo nivel de inoperancia”. Desde ya, la universidad ha dejado de ser tal. Se percibe entonces, que necesita, con suma urgencia, la intervención externa, antes que emita su último suspiro de vida; aunque aquella intervención externa —no ya la simple intervención del Comité de Orden y Gestión—, no garantice el saneamiento institucional que ha sido infestado en su totalidad, por el afán de poder y la competencia política incivilizada.

Lo sucedido en la primera semana de octubre de 2011, fue catastrófico. Un caso extremo. La máxima expresión de anti academicismo. A no ser que la politiquería, no la política, sea considerada una estrategia de aprendizaje, como algunos docentes así lo insinúan, lo dejan entrever, hasta lo predican… lamentablemente.

Una de las conclusiones de la referida Comisión Informante, sostiene que las elecciones paralelas “deslegitima todo acto electoral y que la existencia de dos rectores genera una situación de conflicto de autoridades y hostilidad entre los miembros de la Comunidad Universitaria”. Además de la participación irregular de representantes graduados[1], de la representación estudiantil[2], la convocatoria a elecciones por parte del vicerrector académico[3], la toma del claustro universitario, la suspensión de las actividades académicas; la convivencia universitaria en la UNPRG se había convertido en una convivencia insana, anómica e irrespetuosa de las normas democráticas y de toda norma reguladora de la Universidad Peruana.

En suma, la Comisión Informante, concluye que es imposible “una solución interna en la UNPRG”. Por lo tanto, recomienda a la ANR, “tomar una decisión que posibilite el retorno a la normalidad de las actividades académicas y administrativas” en dicha universidad. Obviamente, la situación había adquirido características insostenibles, y repudiables, por cierto; quedando una sola alternativa: La intervención.

La gravedad de los hechos estaba declarada, además de ser evidente no sólo por la comunidad universitaria, sino, por la comunidad en general[4]. La ANR, emitiendo la Resolución N° 1176-2011-ANR (de fecha 14 de octubre de 2011), declara en “situación de ingobernabilidad y graves irregularidades administrativas a la UNPRG”. En consecuencia, suspende al rector y vicerrectores, conformando en su lugar, una  Comisión de Orden y Gestión[5] por el plazo de 90 días, la que hará las veces de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria; asimismo, su Presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, harán las veces de Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo, respectivamente.

Desde entonces, la Comisión de Orden y Gestión (COG), asumió sus funciones y está gobernando a la UNPRG, en aras de recuperar la estabilidad institucional, necesaria para su normal funcionamiento. Ha modificado el Estatuto de la Universidad, el Reglamento General de la UNPRG, ha nombrado personal administrativo, ratificó el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 y aprobó el POI 2012, legitimó nombramientos y contratos docentes, aprobó el Reglamento General de Elecciones, entre otras acciones de su competencia.

---

[1] Quedó sin efecto legal la resolución que los proclamó como representantes ante la Asamblea Universitaria, mediante Resolución N° 044-2009-CEU (de fecha 15 de mayo de 2009), emitida por el Comité Electoral Universitario.

[2] La vacancia de uno de ellos fue declarada por el rectorado, debiendo ser declarada por la Asamblea Universitaria.

[3] La convocatoria a elecciones no es competencia del vicerrector académico.

[4] Los hechos fueron informados oportunamente por todos los diarios y semanarios de circulación local, así como por la prensa televisada y radial, de la localidad. La UNPRG, se convirtió en un tema cotidiano de la colectividad lambayecana, de suma preocupación.

[5] Conformada de la siguiente manera: Presidente: Dr. Milthon Honorio Muñoz Berrocal (Ex Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva); Vicepresidente Académico: Dr. Manuel Enemecio Castillo Venegas (Ex Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura); Vicepresidente Administrativo: Dr. Segundo Arístides Távara Aponte (Ex Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo).

LA UNPRG EN SUS TRECE (II)

Puede verse, a estas alturas, que el conflicto interno en la UNPRG, sale de sus muros para insertarse en las relaciones interinstitucionales entre la UNPRG y la ANR, copando y evidenciándose en una maraña de trámites administrativos, con la emisión de documentos de pedidos y respuestas, en un círculo vicioso sin fin, observándose la continuidad del conflicto también en la esfera burocrática. La más complicada de todas las esferas, en un estado de derecho donde los conflictos entre gobernantes y gobernados se anquilosan, transforman, adulteran y hasta se deslegitiman a un ritmo serpenteando y sinuoso, con resultados espeluznantes, donde el tiempo no participa, y donde la responsabilidad individual desaparece para ser asumida por ese ente abstracto y fantasmagórico llamado “sistema”. Es el poder perverso de la burocracia, capaz de manejarlo todo a su antojo.

(“Así es el sistema” repiten muy a menudo aquellos que se permiten el lujo de pecar de ingenuos, en un mundo donde la criollada[1] es una institución que cada día, gana más terreno en todos los ámbitos de este país que a pesar de tanto esfuerzo, no hemos terminado de construir).

Hasta entonces, la problemática estaba centrada en la elección de los miembros de los órganos de gobierno faltantes, más no en la elección del rector y vicerrectores. Porque en la misma resolución que designó al Comité Electoral Externo (CEE)[2], se reconoce la vigencia del mandato del rector hasta el 11 de octubre de 2011. Sin embargo, el conflicto era de difícil gestión al punto de no dar esperanzas de solución; sólo así puede explicarse que días antes de concluir su mandato (ampliado hasta el 11 de mayo de 2011), el Presidente del CEE,  el Mg. Jesús David Sánchez Marín, presentara su renuncia al cargo, la misma que fue aceptada por la ANR.

De inmediato, el 04 de mayo de 2011, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) emite la Resolución N° 0499-2011-ANR[3] designando a un nuevo miembro para completar el CEE y así poder continuar con sus funciones. Ése privilegio, si cabe el término, recayó en el Ing. Estalisnao Bellodas Arboleda (profesor principal de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao). Pero la presidencia del Comité quedó en la persona de la Dra. Margarita Ysabel Pajares Flores.

Después de realizados los procesos electorales organizados, ejecutados y administrados por el CEE, pareció que la calma volvía a la UNPRG, después de una larga tormenta. El resultado de las actividades realizadas por el CEE, fue informado por éste a la ANR, mediante carta de fecha 21 de julio de 2011. La legitimidad de las elecciones realizadas estaban garantizadas con las resoluciones N° 012-2011-CEE (de fecha 24 de marzo de 2011) y la resolución N° 014-2011-CEE (de fecha 06 de abril de 2011). En cuanto a la elección pendiente de 11 decanatos, sólo fueron elegidos y proclamados 09 de ellos; debido a que la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y la Facultad de Ingeniería Agrícola, estaban involucradas en procesos judiciales, informó el CEE[4].

Pero la tormenta no había pasado, contradiciendo toda percepción desde lejos. Faltaba lo más importante y definitivo en esta guerra de grupos de poder al interior de la UNPRG. Grupos de poder que habían sido capaces de ultrajar su espíritu académico, haciéndolo añicos, priorizando y defendiéndolo a capa y espada (“a piedras, anforazos, trompadas y coprolalia”, sería más acertado describirlo). Intereses de grupo y comidillas de unos pocos antiacadémicos que habían hecho de la “vida universitaria” una forma de ganarse la vida y de proteger intereses particulares. “Las papas aún queman” dirían los actores involucrados en la contienda política, o como lo vociferó un estudiante[5] en una de las turbas ensoberbecidas y agitadas por el clima proselitista y violento: “¡La guerra no ha terminado, c…!”.

A pocos días de concluir su mandato[6], el rector de la UNPRG, publica en un diario local la convocatoria a la Asamblea Universitaria para elegir al Rector, Vicerrector Administrativo y Vicerrector Académico. La elección se realizaría el día 05 de octubre de 2011.

Pero en la misma fecha (05 de octubre) y al día siguiente (06 de octubre), se difunden convocatorias para elegir a decanos de algunas facultades. La ironía de dichas convocatorias reside en que eran realizadas por dos comités electorales. Uno de ellos presidido por el Dr. Guillermo Enrique Cabrejos Sampén; y el otro, por el Mg. Carlos Abramonte Ato.

Una denominada Comisión Informante[7], encargada de elaborar y emitir un informe para conocer los hechos con mayor exactitud, certificó la existencia de dos comités electorales[8]. Uno, elegido por el rector (Ing. Francis Villena Rodríguez); y el otro, elegido por el vicerrector académico (M.V. José Faustino Montenegro). Cada uno de ellos, apoyado por una facción de la Asamblea Universitaria. El resquebrajamiento estaba dado. La fisura mortal que lastimaría toda la estructura institucional, alcanzado todas sus esferas y dimensiones, empezaría a extender su virulencia hasta romper todo los límites de lo insólito. La UNPRG, inmersa en un lento e irreversible proceso de extinción, por su propia mano.

Definitivamente, ese día, además de tragicómico, resultó un pandemonio, un desordenado juego donde cada bando participante pretendió imponer sus reglas a como dé lugar, y así lo hicieron. Se realizó el proceso electoral con dos mesas de sufragio, dos ánforas, dos comités electorales, dos comisiones escrutadoras, dos expectativas de triunfo, dos esperanzas y dos asambleas universitarias. Resultado: 02 rectores elegidos: Julio Tello Lazo y Ezequiel Chávarry Correa[9]. Situación caricaturesca que nos induce a parafrasear a nuestros abuelos: “a falta de un rector, buenos son dos”.

---

[1] Otro término menos decente y más sonoro y peruanísimo utiliza Gonzalo Portocarrero para referirse a la cultura de la trasgresión que caracteriza al Perú de nuestros días. Empieza con “p” y termina con “a”… Por supuesto, es ese.

[2] Resolución N° 1118-2010-ANR, de fecha 15 de noviembre de 2010.

[3] Si bien, esta Resolución fue emitida por la ANR, el 04 de mayo; fue publicada en El Peruano, el 07 de mayo. A pocos días de concluir la vigencia del CEE: el 11 de mayo.

[4] Ha resultado ser algo común, ya que es parte de la vida institucional de la UNPRG, que en las facultades también se generen conflictos que agotan la vía administrativa y llegan hasta la vía judicial para buscar alguna solución. Básicamente, son conflictos que se generan o se desprenden de esa interminable lucha por el poder. El decanato, como el rectorado y vicerrectorados, se convierten en atractivos que enloquecen a muchos de los docentes y otros aspirantes a esos cargos; tanto así, que en el caso de los docentes, olvidan, ignoran o deciden dar la espalda a esa actividad por la que el Estado les paga una mensualidad, religiosamente: La docencia.

[5] Podría no serlo. Después de las denuncias de infiltrados en las jornadas de proselitismo exacerbado, así como después de observar los desmanes propios de turbas delincuenciales y pandillistas, las mismas que fueron transmitidas por la televisión local y nacional. Cualquiera podría ser un estudiante, o cualquiera podría ser un delincuente o infiltrado. 

[6] El mandato concluía el 11 de octubre de 2011. La publicación de la convocatoria, se realizó 41 días antes: el 30 de setiembre de 2011.

[7] Designada mediante Resolución N° 1167-2011-ANR, de fecha 10 de octubre de 2011. (En virtud al acuerdo de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria de fecha 06 de octubre de 2011).

[8] El informe fue emitido mediante Oficio N° 001-CI-UNPRG, de fecha 12 de octubre de 2011.

[9] Las elecciones se realizaron en el local del centro de idiomas, ubicado en la esquina de la Av. Bolognesi y la Av. Balta en la ciudad de Chiclayo. En el mismo local funcionó también el Instituto Superior Tecnológico Pedro Ruiz Gallo, pero que fue cuestionado duramente poniendo en duda su legitimidad, hasta que disminuyó su población estudiantil al punto de volverse insostenible como institución de formación superior. (Anteriormente, en ese mismo local, funcionaba el Banco Agrario del Perú, creado en el año 1975, en los últimos días de la primera fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas).

LA UNPRG EN SUS TRECE (I)

El 19 de noviembre de 2010, en el diario oficial El Peruano, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) publica la Resolución N° 1118-2010-ANR, designando un Comité Electoral Externo (CEE)[1] en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) para que asuma las funciones electorales respectivas a fin que pueda garantizar un relevo gubernamental bajo respeto irrestricto a las normas establecidas para el caso.


A dicho Comité se le encargó la función de “organizar y conducir el proceso electoral para conformar la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad" de la UNPRG[2]. Ello en acato al artículo 90° de la Ley Universitaria (Ley N° 23733) el cual señala que una de las finalidades de la ANR es “velar por la gobernabilidad institucional y la autonomía universitaria”; asimismo, la ANR, entre sus atribuciones —señala la Ley—, puede “intervenir de oficio ante graves irregularidades a las universidades públicas y privadas” (Ley N° 27602).


Es evidente que la designación de dicho Comité, constituye un indicador también, que las cosas andaban nada bien en la UNPRG. Después se confirmaría que las cosas estaban sumamente graves, críticas, al extremo de ameritar la intervención externa, ya que la UNPRG revelaría incapacidad para solucionar sus propios problemas internos.


Los asuntos administrativos, académicos y políticos, habían desbordado la capacidad de gestión de las propias autoridades ruizgalinas, incluidos los tres estamentos de su cogobierno: docentes, estudiantes y graduados. Que se haga necesario la intervención de agentes ajenos —aunque no tan ajenos porque pertenecen a la institución o al sistema universitario— a la UNPRG, sí constituye una situación sumamente grave, la misma que invita a la reflexión y a pensar seriamente en los factores que podrían estar generando el desorden, el caos y el pandemonio que ha osado carcomer e infectar a la UNPRG, intoxicando la salud institucional y alterando su régimen académico, malográndolo; el cual es su razón de ser. Porque una universidad que deja de formar profesionales con los estándares de calidad que la sociedad y el Estado demandan y exigen, simplemente deja de ser universidad[3].


Pero la intervención de la ANR, en la designación del Comité Electoral Externo (CEE), si bien es cierto, ha sido en cumplimiento de sus funciones y atribuciones, no ha sido de oficio. La ANR ha intervenido en respuesta a una petición de un grupo de docentes, estudiantes, administrativos, autoridades de la alta dirección y otros entes universitarios[4], dado que “la falta de implementación de procesos electorales” había condicionado la operatividad de los órganos de gobierno, con miembros incompletos, convirtiendo al cogobierno universitario en un guión melodramático como estéril, sino, insulso como resultan algunas parodias de nuestra política nacional.


Precisamente, esa falta de implementación de procesos electorales se evidenció, y se tomó como un hecho que ameritaba un tratamiento serio y urgente, en los sucesos del día 21 de setiembre de 2010, cuando se frustraron las elecciones programadas para esa fecha, por un grupo de estudiantes, amparados en un mandato judicial. Fue tan grave la situación, que obligó a que tres miembros del Comité Electoral Universitario presentaran sus cartas de renuncia al cargo, con carácter de irrevocable[5], así como la suspensión de las actividades académicas durante los días 22, 23 y 24 del mismo mes, por parte del Rectorado. (Resolución N° 1052-2010-R, de fecha 22 de setiembre de 2010), en respuesta a la inviabilidad y continuidad de la vida institucional. Ello, constituiría los primeros indicios de la gravedad de la situación al interior de la UNPRG, que la comunidad lambayecana y la comunidad nacional, atestiguarían después.


Para nadie que haya experimentado la vida universitaria, es un secreto que en la elección de los representantes a los órganos de gobiernos (Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad), se tejen y entretejen relaciones, acuerdos, consensos, compromisos y promesas entre docentes, estudiantes y graduados, que no necesariamente se ubican en el ámbito de la decencia, la ética, la academia y el respeto por la institucionalidad y las normas de la convivencia democrática.


Es más, las aulas se convierten en espacios para sembrar discordias y esparcir las esquirlas de conflictos insanos que parecen ser inherentes al estamento docente. La cátedra y el atril se convierten en púlpitos para predicar doctrinas personalistas o de grupúsculos entregados a tareas perniciosas que intoxican el quehacer académico de la institución universitaria, esparramando odios y rencores, ambiciones y sueños que terminan en pesadillas, en la mayoría de los casos.


Todo este embrollo incurable, más la petición de un grupo de personal universitario, condicionó la designación de un Comité Electoral Externo (CEE) por parte de la ANR, en salvaguarda de la salud institucional de la UNPRG.


Días posteriores de concluido el plazo (10 de abril de 2011) para que el CEE cumpla con sus objetivos, la ANR, a solicitud de aquel, le amplía el mismo por 30 días más, contados a partir del 11 de abril[6]. Ésta ampliación del plazo otorgada al CEE, fue cuestionada por el rectorado de la UNPRG, mediante recurso de reconsideración[7], amparada en un pedido del Consejo Universitario. Recurso de reconsideración declarado improcedente por la ANR, mediante Resolución N° 0413-2011-ANR[8].


Las autoridades, de ese entonces, se arrogarían la facultad para insinuar que la situación institucional de la UNPRG, si bien no se parecía para nada a un paraíso terrenal, ya no necesitaba de la intervención externa para sanear sus desequilibrios, y más bien, estaba preparada para sesiones de auto curación. Percepciones nada creíbles para la ANR, lo que se evidencia en su declaratoria de improcedencia al recurso de reconsideración.


Fue el mismo CEE quien informó a la ANR, que había cumplido con la mayoría de sus funciones encomendadas: elección de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad; pero faltaba la elección de los Decanos de Facultad. Así, el CEE, justificada la petición de ampliación del plazo de la vigencia de sus funciones electorales.


[1] La conformación de este CEE, era la siguiente: Mg. Jesús David Sánchez Marín (ex rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú), Dra. Margarita Ysabel Pajares Flores (profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), y la Dra. Ela Leila del Socorro Estrada Oré (ex decana de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina).


[2] La designación del Comité Electoral Externo, se formalizó el día 19 de noviembre de 2010, con la publicación de la Resolución de ANR respectiva, pero se instaló en la UNPRG el día 10 de enero de 2011. Y considerando el plazo de 90 días, otorgado para cumplir con sus funciones, éste finaliza el 10 de abril de 2011.


[3] El inciso “c” del artículo 2° Son fines de las Universidades, de la Ley N° 23733, dice: “Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país”

[4] El 30 de setiembre de 2010, ingresa el documento (con fecha 28 de setiembre de 2010) a la ANR, con registro de Mesa de Partes N° 130508.

[5] El Comité Electoral Universitario, luego informaría que “durante el acto de sufragio del proceso electoral se suscitaron disturbios y agresiones hacia estudiantes y docentes miembros de mesa, promovidos por una agrupación estudiantil, así como por algunos egresados, quienes ocasionaron daños materiales en la infraestructura de la ciudad universitaria”.

[6] La descripción de la situación y las justificaciones pertinentes de la ampliación del plazo, son explicadas en la Resolución N° 0340-2011-ANR, de fecha 29 de marzo de 2011, pero publicada en el El Peruano, el 16 de abril de 2011. La ampliación del plazo terminaría el 11 de mayo de 2011.

[7] Presentada mediante Oficio N° 353-2011-R, de fecha 12 de abril de 2011. Durante este tiempo, la alta dirección lo conformaban, el Ing. Francis Villena Rodríguez (Rector), el M.V. José Faustino Montenegro (Vicerrector Académico), y el Dr. Manuel Tafur Morán (Vicerrector Administrativo).

[8] La Resolución N° 0413-2011-ANR, fue emitida el 15 de abril de 2011 (al tercer día de ser presentado el recurso de reconsideración por la UNPRG), pero publicada en el Diario Oficial El Peruano, el día 22 de abril de 2011.

LA URGENTE TAREA DE PROMOVER LOS VALORES DESDE LA UNIVERSIDAD

El artículo 13° de la Constitución Política del Perú (CPP), nos recuerda que “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”; si bien es cierto, no especifica el nivel ni la modalidad, asumimos que alude a la educación, o a todo proceso educativo en general, aquel proceso educativo impartido formalmente o dado en un centro de formación o institución educativa específicos.

Más adelante, en el artículo 18°, la CPP, referido específicamente a la educación universitaria, señala que “… tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica”.

En ambos casos, los preceptos constitucionales señalan, en el primer caso, al “desarrollo integral”, y en el segundo, la “difusión cultural”. Tanto en el primero como en el segundo, tácitamente están incluidos los valores, entendidos como fundamentos inherentes a todo grupo humano, tendientes a regular (entiéndase: estandarizar) el comportamiento de cada uno de sus miembros.

Del mismo modo, en la Ley Universitaria (Ley N° 23733), inciso a, artículo 2°, fines de la universidad, leemos lo siguiente: “Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales;…”. Observamos que cultura universal y valores nacionales, se conjugan en la finalidad de la universidad peruana.

Más adelante, la misma Ley, en el inciso “a” del artículo 3°, indica que “La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad”, son asumidos como uno de sus principios que rigen las actividades universitarias.

No cabe duda que las bases jurídicas para que la universidad, como una de las instituciones partícipes en el proceso educativo del país, están dadas para que la búsqueda de la verdad y la afirmación y promoción de otros valores socialmente aceptables, sean parte de todo ese quehacer académico y científico, en aras de consolidar la construcción de una nación y de un país próspero y fraterno. Ojo, que hablamos de “valores socialmente aceptables”, es decir, los valores individuales se tornan secundarios.

La Ley General de Educación (Ley N° 28044), también contribuye a definir los objetivos del quehacer educativo (en todas sus modalidades y niveles), o si se quiere, del proceso enseñanza-aprendizaje, en su artículo 6° leemos lo siguiente: “La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo”. Tener presente que alude a “todo proceso educativo”[1]. Es decir, el papel de la universidad no está fuera de este mandato de cumplimiento obligatorio.

Tenemos claro que la llamada tarea “formación en valores”, es una urgencia que la sociedad de hoy día demanda y encarga a las instituciones educativas de formación básica y superior, para que la realicen. Valores como la verdad, honestidad, responsabilidad, solidaridad, fraternidad, servicio comunal, puntualidad, respeto, y otros, son exigidos por la sociedad en su conjunto a fin de estrechar lazos de cohesión y pertenencia, concomitantes con los objetivos de buen gobierno, democracia e inclusión social. En suma, la convivencia pacífica, donde la tolerancia se erige como uno de sus fundamentales valores a fin de construir y realizar ese sueño denominado “interculturalidad”, necesita de la universidad como aliado estratégico en esa difícil y urgente tarea.

Es la universidad, entonces, ahora más que nunca, la llamada a construir país. Es la universidad como un ente que rige sus actividades bajo los dictados de la ciencia y la técnica, a quien compete el liderazgo en esa ardua e inacabable tarea de construir humanidad. El país, la región, la provincia, el distrito, la comunidad; exigen y esperan que la universidad se haga presente, involucrándose en la búsqueda de soluciones a sus diversos y más apremiantes problemas.

Pero la pregunta que viene de inmediato, es la siguiente: ¿Cómo formar en valores? Es evidente que el aula, ese pequeño pero gigante espacio donde el proceso enseñanza-aprendizaje se presenta como una compleja relación intersubjetiva, en la que docente y estudiantes, son los protagonistas indiscutibles, es el espacio en el cual se concretizan todas las actividades curriculares. Todo el currículo se visibiliza en el aula. La ciencia, la técnica y el arte, constituyen actividades que se entrelazan e interrelacionan en el aula de clases a merced de los dictados de la pedagogía, con el único objetivo de “formar personas” que coadyuven a la consolidación de la “convivencia humana”. Es a la “convivencia humana” a la que se busca preservar, fortalecer y reproducir.

Si bien es cierto, los valores son entes abstractos; estos se visibilizan a través de nuestras acciones y actitudes. En consecuencia, corresponde al docente y al estudiante, convertir al aula o al “salón de clases”, en un espacio de permanente entrenamiento de los valores, de aquellos que la sociedad demanda y encarga. Aquella nómina que conocemos como “Normas de Convivencia”, no es sino, valores que concertadamente se construyen para ser puestos en práctica constante por quienes interactúan en el aula: Docente y estudiantes.

Faltaría que cada docente emita un informe semestral sobre el cumplimiento o no de las normas de convivencia en su aula. Así podría determinarse cuáles valores se cumplen y cuáles no. Luego, monitoreando las particularidades de cada aula o de cada Escuela profesional o de cada ciclo de estudios, detectar las causas o factores intervinientes en el cumplimiento o no de determinados valores o normas de convivencia. Sólo así, puede definirse y actualizarse las estrategias de vigilancia y de preservación del cumplimiento de los valores, en aras de proteger la salud social e institucional.

Quizá ameritaría la conformación de un equipo de vigilancia y promoción permanentes del cumplimiento de los calores. Tendría las funciones de una comisión especial con la participación de los estamentos universitarios: docentes, administrativos, estudiantes y egresados; por qué no, padres y madres de familia o tutores de los estudiantes. Es necesario vigilar y monitorear el cumplimiento o no de los valores que la institución universitaria, la Facultad, la Escuela Profesional, o el aula han concertado con anticipación.

No está demás señalar la necesidad de estandarizar aquellas normas en toda la institución universitaria. Es preciso entender que el fin último de toda norma de convivencia es garantizar el cumplimiento de objetivos comunes. La salud social se constituye como un fin en sí. La institución, sea universidad, familia, comunidad, región, país, etc., se nutre de las actividades de cada uno de sus miembros; en consecuencia, es preciso que cada uno de los miembros de una institución, en este caso, la universidad, tenga presente cuáles son los objetivos institucionales, esto es, el para qué de la institución.

No obstante la tarea se vuelve difícil, en tanto la época actual ha convertido a la competitividad, institucional e individual, en un imperativo sin precedentes. Donde valores que tenían como referente al grupo, dan paso a la emergencia de valores que sólo tienen como referente al individuo. Entonces, podemos hablar de rescate de valores que prioricen la salud del cuerpo social antes que la salud del cuerpo individual. Porque si nos desentendemos de la salud del cuerpo social, si nos desentendemos de los fines, principios y objetivos institucionales; la convivencia social no sólo pierde sentido, sino, se resquebraja, debilita y facilita la emergencia de una fase de crisis que podría amenazar su existencia.

Es lo que sucede con las instituciones educativas que imparten la educación básica: inicial, primaria y secundaria. El Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular y otros instrumentos de gestión, son desconocidos por los padres de familia y por otros agentes de la comunidad. Se desconoce incluso, quiénes han participado en su elaboración. Ni siquiera participa todo el cuerpo docente, sólo un pequeño grupo que por afinidad tiene mayor acercamiento o “confianza” con quien ejerce la máxima autoridad de la institución educativa: el Director o Directora.

Ni qué hablar de los estudiantes. A ellos se continúa considerándolos sólo como agentes receptores; esa pérfida creencia germinada en las concepciones conductistas del desarrollo humano. Y al padre de familia sólo se le ve como una alcancía a la que se le puede extraer las monedas que uno desea y cuando lo desea. En consecuencia, y vistas las cosas así, la institución educativa no existe, desaparece, ha sido aniquilada. Cuando el director o directora cree que sólo sus apreciaciones, creencias o visiones de la actualidad y del porvenir, relacionadas con la formación de los niños, niñas y adolescentes, son las que ameritan consideración y valoración, la institución educativa ha dejado de existir.

Corresponde a la universidad, entonces, curar esos males que la educación básica ha generado en su población estudiantil, para que no se repita y se reproduzca en el nivel superior. La clave es la participación. Involucrar a los estudiantes en las tareas diversas vinculadas a su formación profesional y desarrollo personal, como vigilantes del cumplimiento de los valores institucionales, por ejemplo, se convierte en una tarea urgente que la universidad en su conjunto, no puede soslayar. No más. Además, es una exigencia de nuestra democracia.

[1] Es prioritario considerar que el proceso educativo, en nuestro país, es uno solo. Implica todos los niveles y modalidades. ¿Por qué? Porque el objetivo es único: Formar peruanos y peruanas.

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EDUCATIVA

Fcc ie-sesion05-caracteristicasinvaccioneduc

View more presentations from JUAN .

Archivo empleado en el desarrollo de la SESIÓN N° 05 del curso Investigación Educativa, en el PRONAFCAP, en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y la UNPRG de Lambayeque (Perú).

PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

View more PowerPoint from JUAN

Archivo en PPTx, utilizado en la Sesión N° 04, del curso SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, en el PRONAFCAP 2010, en el marco del convenio entre la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y el Ministerio de Educación.

PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

PARADIGMAS DE LA CIENCIA

View more presentations from JUAN .

Archivo en PPTx, utilizado en la Sesión N° 03, del curso SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, en el PRONAFCAP 2010, en el marco del convenio entre la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y el Ministerio de Educación.

EL PRESIDENTE EN SU LABERINTO

Publicado en el Suplemento DOMINICAL del 08 de abril del 2012

Oficialmente, desde el 28 de julio de 2011, Humala Tasso, son los apellidos que ningún peruano ignora, y en gran parte del mundo, son muy reconocidos. Por supuesto, son los apellidos del Presidente de la República, que al mismo tiempo es el Jefe del Estado, el representante de la nación y el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

No es para menos. En los últimos días, Ulises (uno de los hermanos), Isaac (el padre), Elena (madre del Presidente), hasta Antauro (el hermano prisionero y condenado a 19 años de prisión por los delitos de rebelión y homicidio simple), han ocupado los titulares y primeras planas de los medios escritos, radiales y audiovisuales, en todo el país.

Al respecto, ante la diversidad de enfoques en la transmisión del comportamiento mostrado por Antauro en prisión, su madre Elena Taso, en una entrevista televisada afirmó lo siguiente: “La prensa es mala, se ha ensañado con mi hijo”, para después recomendar que “la prensa tiene también que hacer justicia”, pero también aprovechó la tribuna para decir que Keiko Fujimori “no tiene ninguna autoridad moral para hablar de Antauro”, porque ella fue una mala hija, le quitó el puesto a su madre, por ejemplo, al asumir el cargo de Primera Dama, es una señora que “no mira la paja en su ojo”, dijo. “Denuncio y también pido que el ingeniero Fujimori que tiene peor delito que son derechos humanos esté en el penal de la Marina que le corresponde”, declaró.

Más o menos, el laberinto se inició cuando se difundieron fotografías de Antauro, que lo mostraban haciendo una vida holgada y placentera en prisión, es decir, lo pintaban como un reo gozando de privilegios por el sólo hecho de llevar el apellido Humala. Un iPhone y una laptop, contaban entre sus pertenencias que utilizaba en su celda, y entre sus artículos de consumo, la internacional marihuana. Que parece ser, ésta última, fue la gota que rebasó el vaso de agua de la paciencia presidencial y de la curiosidad de la opinión pública.

Del penal de Piedras Gordas, pasó al centro de reclusión Virgen de las Mercedes de la Escuela Militar de Chorrillos, a causa de un informe de inteligencia que advertía de un intento de secuestro de su padre Isaac. Ante el alboroto mediático generado por este traslado que revelaba e invitaba a sospechar de las gollerías debido a su consanguineidad, fue trasladado al penal de la Base Naval del Callao.

Tanto Isaac Humala como Elena Taso, progenitores de Antauro, han sostenido en más de una oportunidad que su hijo Antauro no merecería estar en el penal de Piedras Gordas. Es más, Isaac Humala justificó los supuestos privilegios o excepcionalidades de Antauro en prisión, por ser hermano del Presidente, y hasta habló de un derecho natural. En otros términos, es justificable que el Presidente Ollanta ordene o permita privilegios para Antauro, por ser su hermano. Elena Taso, también declaró que se sentiría más tranquila si Ollanta va a visitar a su hermano Antauro.

Pero no sólo los apellidos Humala Tasso, se han convertido en elementos mediáticos muy difundidos en los últimos días. Conjuntamente a ellos, no pudo quedar desapercibido el nombre Nadine Heredia. La Primera Dama y esposa del Presidente Ollanta. Para Ulises Humala ella es la Presidenta de facto, e incluso percibe una relación de subordinación hacia ella de parte de algunos ministros de estado.

El carga montón mediático llevó a que la llamada opinión pública pida a una sola voz que el Presidente hable. Y habló. “Yo no he dado ni daré jamás una orden para beneficiar a alguien”, dijo tajantemente, porque tiene 30 millones de hermanos y porque esas decisiones fueron tomadas por el INPE y por el Ministerio de Justica en base a unos informes de inteligencia. Pero el Presidente, no habla de privilegios, sino de aquello que tanta daño ha hecho, hace y continuará haciéndolo si es que no se toman las medidas urgentes y pertinentes para su combate frontal. El Presidente habla de esa peste que parece tener raíces milenarias porque está tan arraigada en nuestra cultura; el Presidente habla de corrupción.

Entonces, si el Presidente habla de corrupción, y a la vez señala que las funciones referentes a la administración de las prisiones del país, competen al INPE y al Ministerio de Justicia, tácitamente está señalando casos de corrupción en esas dos instituciones. Porque “el tema de Antauro está circunscrito a lo que es el Ministerio de Justicia y el INPE, y ahí se va a quedar, al margen de lo que digan mis padres”, ratificó Ollanta Humala. Palabras que obligaron a que su hermano Ulises declarara que faltó que Ollanta deseara ser el hijo de cualquier vecino.

“Yo no comparto nada ni de lo que dice ni de lo que hace ni de lo que piensa (mi hermano Antauro)”, aseveró. Además aclaró que ha dado órdenes expresas a sus ministros para que no hagan caso a ninguno de sus familiares cuando van a tocar las puertas para pedir puestos de trabajo, favores, negocios o cualquier otra cosa. “Cada familiar del presidente tiene que continuar viviendo como vivieron”, concluyó.

El Premier Óscar Valdés, confirmó que la decisión de traslado de Antauro de un penal a otro, ha sido tomada por el INPE, además de haberse realizado con toda normalidad, negando así los supuestos maltratos que Antauro denunció haber recibido por parte de encapuchados durante su traslado. Sin embargo, el Presidente de la Corte Superior de Lima, Héctor Lama, pidió más transparencia en esas decisiones porque no están del todo claras. Para Vargas Llosa, ha sido una medida muy acertada porque ya eran “intolerables” los excesos de Antauro. “Esa vida de exhibicionismo, de provocación sistemáticas que han estado haciendo mucho daño al gobierno y a las instituciones democráticas”, era necesario cortarla de raíz, enfatizó el Nobel de Literatura.

En medio de todo ese embrollo aparentemente fraternal, se difundieron las últimas encuestas de medición de la popularidad del Presidente y sobre la aprobación de su gestión gubernamental, aplicadas por la empresa CPI. Bajó en varios puntos (52.6% lo aprueban), mientras que su esposa Nadine Heredia, subió (cuenta con la aprobación del 66,1% de la población encuestada). Sólo Mario Vargas Llosa, parece ser el peruano que experimenta una gran satisfacción por el papel cumplido por la Primera Dama, y además piensa que los peruanos debemos estar agradecidos por ello. “Ella apoya notable y eficazmente la labor del Presidente”, opinó el escritor.

No sólo sorprende e invita a la polémica la medición de la aprobación de Ollanta y de Nadine, y la metodología comparativa empleada entre ambos. También resulta poco más que polémico, la percepción de la influencia que la Primera Dama logra sobre las decisiones del gobierno. El 61,4% de los encuestados considera que Nadie influye mucho en el gobierno. En total, el 83% considera que Nadine sí influye en el gobierno. Cifras que podrían justificar que Ulises Humala la considere la Presidenta de facto del Perú, y que el periodista Álvarez Rodrich se refiera al “sacolarguismo” como una de las modas más seguidas en el Perú. Ollanta, fue más técnico para explicarlo: “Ella (Nadine) lo que hace es colaborar conmigo, ella lo que hace es apoyarme en las actividades que hago, como hace la familia peruana”.

Pero más allá o antes de discrepar sobre si la competencia de género ronda o no por el gobierno, o que si los lazos consanguíneos (“escándalos familiares” los llama Mario Vargas Llosa) empañan o no la labor gubernamental de Ollanta Humala, o si Alberto Fujimori tiene más privilegios que Antauro Humala, está la presencia virulenta de la corrupción en las instituciones públicas del país. A pesar de los esfuerzos por combatirla y de las normas dadas a favor de ese objetivo, de lograr una administración pública transparente y regular su funcionamiento bajo marcos éticos socialmente aceptables, la corrupción es un bicho raro y mortal, parasitario, que continua carcomiendo lo poco que aún queda de la esperanza de construir al fin, un país próspero y humano, cohabitado por ciudadanos y ciudadanas identificados y comprometidos con objetivos y metas comunes. Ollanta Humala no sólo reconoce que “El trabajo de hacer gobierno es muy difícil”, sino, está seguro que la aprobación que tiene (52,6%) no es poca, además aseguró que “es una aprobación que da confianza, que estamos haciendo las cosas bien”, sin embargo, “mi preocupación no son las encuestas, dijo,… mi preocupación es que el salario mínimo vital tenga que aumentarse antes del 28 de julio”... Palabra de Presidente.