VIOLENCIA DE CADA DÍA

El miércoles de la semana que ha pasado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de su Oficina de Relaciones Públicas, emitió un comunicado oficial, dando cuenta del saldo de un combate entablado entre patrullas de las fuerzas armadas y narcoterroristas en una localidad de Huancayo, donde resultaron heridos 03 efectivos militares. Al siguiente día, emite otro comunicado (Nº 035-2009-CCFFAA), donde da cuenta que el “helicóptero FAP MI-17 Nº 640, fue impactado por proyectiles de armas de fuego de los delincuentes narcoterroristas”, en la operación de rescate del personal herido, el día anterior, con el trágico saldo de 3 efectivos fallecidos y 5 heridos. Es de conocimiento que estos patrullajes se realizan en el marco de un operativo conjunto de reconocimiento y búsqueda de delincuentes narcoterroristas en esa zona declarada en estado de emergencia, que se viene realizando desde el pasado 27 de Agosto, aunque el helicóptero utilizado, haya sido de transporte y no de combate. No obstante, estos hechos lamentables han sucedido en días en los cuales el Ministro de Defensa, ha expresado que sería muy positiva la colaboración de los norteamericanos para la lucha contra el narcotráfico. “Lamentablemente no contamos con la ayuda norteamericana para la lucha antisubversiva, que ahora se encuentran mezclada con el narcotráfico en la zona del VRAE”, manifestó. Tales expresiones, en un comunicado oficial del Ministerio de Defensa, se considera que han sido tergiversadas al interpretarlas como una solicitud o insinuación, de parte del Ministro Rey, a que Estados Unidos tenga una base militar en el Perú. En tanto, por cuestiones de seguridad, el ingeniero Fernán Valer Carpio, recientemente nombrado nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE, ha suspendido su reunión de coordinación que tenía programada con los alcaldes y otros representantes de la sociedad civil organizada en la localidad de Pichari. Pero para Luis Giampietri, Fernán Valer, no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer este señor ahí, porque no comanda a nadie, a ningún instituto armado del país. Mientras que en el Congreso de la República, ante el pedido de un minuto de silencio por los efectivos militares abatidos en el enfrentamientos, se armó un debate confrontacional porque la bancada fujimorista se retiró del hemiciclo, al considerar que esa actitud es “hipócrita y cómplice”, y lo que debiera hacerse es que el Presidente de la República se ponga “los pantalones” aunque eso le cueste la cárcel como a su antecesor condenado a 25 años de prisión, en palabras de la congresista Martha Moyano. “Yo soy una víctima del terrorismo”, dijo la congresista, y que no sólo se trata de aumentar el presupuesto, como así lo sostuvo el ex Premier, Yehude Simon. “El tema es exclusivamente económico”, dijo el ex Premier. A su vez, el Primer Vice-Presidente de la República, Luis Giampietri, sostiene que la alternativa es declarar a la zona, como una “zona de combate”, lo que implicaría desalojar a todos los civiles que viven en ella porque dificultan el trabajo y dan pie a que después las ONGs denuncien a los oficiales ante los organismos de derechos humanos. “Así no se pueden pelear”, sostuvo Giampietri, porque lo que se necesita es un comando unificado. Una vez reanudada la Sesión del Pleno, Carlos Raffo, declaró que en Junta de Portavoces del Parlamento, se había acordado invitar al Ministro de Defensa, pero no para interpelarlo, ni para sacarlo ni para “fregarlo”, sino, para que informe de la situación y para que solicite al Congreso lo que necesita en aras de mejorar el trabajo de su portafolio en la lucha contra ese flagelo que parece difícil de combatir, porque ellos (los fujimoristas), creen en la “capacidad y buena voluntad” del Ministro Rafael Rey. Hasta el cierre de esta edición, el Ministro Rafael Rey, informaba al Congreso, los sucesos en los cuales tres militares perdieron la vida, y otros habían resultado heridos. Para Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, el Rafael Rey debería dejar el Ministerio porque ha fracasado la estrategia aplicada en el VRAE, también señaló que esto significa “un fracaso del gobierno en su conjunto”. Otra percepción de tiene el Director de APRODEH, Miguel Jugo Viera, señala que a partir de un paquete de decretos dados en este gobierno hace un par de años atrás, es “obligar a la Policía Nacional a hacer uso de sus armas en cualquier situación”, y esto se corrobora con un proyecto que la congresista Mercedes Cabanillas ha presentado en la que se faculta a los miembros de la Policía Nacional a hacer uso indiscriminado de sus armas ante una determinada situación hostil. “Ese es un tema muy peligroso”, concluyó Miguel Jugo. “A través de los antagonismos no vamos a solucionar nada” dijo Luis Giampietri en su intervención en el Pleno del Congreso, y también reconoció que “no es solamente en la parte militar y en la parte económica en la que estamos mal”, sino, afirmó, es en el concepto que tiene la población de las fuerzas armadas, “El estado que no se defiende es un estado débil”, puntualizó. Sin embargo, esta última frase, puede ser utilizado por quienes pretenden reducir el problema de la violencia armada y de la delincuencia narcoterrorista, a un punto en el que la única alternativa de solución, sugiere un tratamiento exclusivamente militar. La experiencia de las últimas décadas, le restan valor y racionabilidad a este tipo de pensamiento, aún así, el gobierno extendió por 60 días más, el estado de emergencia en la zona del VRAE.

NECESARIO VIRAJE DEL VRAE

La muerte de varios miembros de nuestras fuerzas armadas y policiales, en los últimos enfrentamientos con grupos armados que aun operan en algunas zonas del país, y con mayor envergadura en la zona del VRAE, se ha convertido en una preocupación fundamental para el Estado peruano y ha obligado a realizar algunas reestructuraciones a la denominada “Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurimac y Ene – Plan VRAE”, declarado como necesidad pública y de “preferente interés nacional”, mediante D.S. Nº 003-2007-DE, el 23 de febrero del año 2007. Este Plan, desde sus inicios, se planteó promover el desarrollo y la paz social en el valle. La violencia política armada que desangró al país en las últimas décadas del siglo pasado, aparece como un indeseable fantasma que nos atormenta y nos obliga a desviar nuestras atenciones en la búsqueda de nuevas estrategias que nos garanticen, de una vez por todas, cada vez que ocurren nuevos enfrentamientos de este tipo, a repensar el papel del Estado y la priorización de sus políticas de gobierno. “Vuelve la idea de que a pesar del avance estamos condenados al desorden”, dijo Alan García en su mensaje a la nación. Seis años atrás, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final sobre esos años terroríficos, nos confirmaba no solamente las “graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad”, sino también, “la incapacidad del Estado y de las elites del país para responder a las demandas educativas de una juventud frustrada en sus esfuerzos de movilidad social y de aspiración de progreso”. El Estado también reconoce que en el Valle del Río Apurimac y Ene, las poblaciones soportan elevados niveles de pobreza y que se encuentran en un “estado de postración y olvido”; existiendo un alto nivel de desnutrición infantil crónica, un alto índice de mortalidad infantil, baja tasa de escolarización, bajo ingreso mensual familiar, entre otros problemas muy serios que configuran a la población que habita esa zona, como una población que necesita urgentemente mejorar su calidad de vida, a fin de que la alternativa de tomar las armas y vivir al margen de la ley, se convierta en una opción no deseable. Javier Velásquez Quesquén, en su condición de Premier y en su primera exposición ante el congreso de la república, señaló que los rezagos terroristas en la zona del VRAE, constituyen “un desafío para el Estado frente al que nadie puede ponerse de costado”, en tal sentido, “no es un problema del Gobierno sino del Perú”. El Plan VRAE, ha contemplado medidas tendientes a dar solución a ese conjunto de problemas, pero con presencia e intervención del Estado. Pero en la percepción de algunos analistas y especialistas en el tema, como en la de algunos políticos, el Estado ha fracasado en la aplicación de este Plan. Ello explicaría los últimos enfrentamientos armados, en los cuales, quienes más han perdido, son nuestras instituciones armadas y policiales. En consecuencia, las últimas medidas han sido, sacarlo del Ministerio de Defensa e incorporar el Plan VRAE a la Presidencia del Consejo de Ministros, y nombrar a un nuevo responsable político. Esta gran responsabilidad, ha caído en manos del ingeniero Fernán Valer Carpio (el nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE), quien tiene como mejor carta de presentación, ser un especialista en ingeniería agrícola y desarrollo rural. El primer anuncio del Premier, fue que Valer permanecerá en la localidad de Pichari, y que en Lima, sólo tendrá una oficina de coordinación. Paralelo a ello, se ha puesto en alerta la excarcelación de varios condenados por terrorismo, lo que podría agravar y desmerecer los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, en palabras de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino. A su vez, el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ha declarado que son personas que ya cumplieron su condena, por lo tanto, ya pagaron su deuda con la sociedad. El Plan VRAE, que opera en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Cuzco y Junín, tiene como ejes de acción, los siguientes objetivos: Desarrollo social (Mejorar los niveles de nutrición, salud, educación y saneamiento de la población), Infraestructura básica (Rehabilitar e incrementar la infraestructura vial, de comunicaciones y electrificación en beneficio del desarrollo social y productivo), y afirmar la presencia institucional del Estado en beneficio de la paz y el desarrollo con seguridad. Y su presupuesto para el año 2009, asciende a la suma de 250 millones de nuevos soles. (Su presupuesto del año pasado fue de 174 millones de nuevos soles, pero sólo se ha ejecutado el 88.59%). La población del VRAE, depende básicamente de los cultivos de hoja de coca y otras actividades comerciales e ilegales que de ella se derivan. La alianza entre narcotraficantes y grupos armados, rezagos de sendero luminoso, ha fortalecido la operatividad de ambos. Esta es una teoría que los especialistas en el tema, sostienen y validan con los hechos recientes, sucedidos en la zona de conflicto. En este marco hipotético, el Estado tiene el desafío de encarar este problema, dentro de los márgenes de las leyes y tratados, evitando los errores que se cometieron en años pasados. El Plan VRAE, precisamente, responde a esta lógica. “El proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país”, fue otra de las conclusiones a las que arribó la CVR. Los últimos sucesos de Bagua, podrían considerarse hechos que confirman esta conclusión que describe una situación muy seria que dificulta aun más la integración del país que hoy en día, más que antes, anhelamos tanto. No olvidemos que en el valle del río Apurimac y Ene, encontramos poblaciones que manifiestan una cultura que difiere de la mayoría de la población que ocupa la franja costeña del país. “Fortalezcamos la confianza, la autoestima y el optimismo”, solicitó el Jefe de Estado, en su mensaje a la nación el 28 de julio pasado. No obstante, la apertura de una larga época electoral, nos avisa de una etapa de conflictos proselitistas altamente cargados de pasiones y ambiciones que podrían, sino colapsar, tornar deficiente e ineficaz todo esfuerzo por mantener saludable el orden democrático que rige nuestra vida social, de cara a una crisis económica mundial que no cesa en su accionar perturbador y perverso.