CIENCIA Y RELIGIÓN: ¿DOGMAS ENCONTRADOS?

La milenaria convivencia de la iglesia (¿poder religioso?) y el Estado (¿poder político?), evidencia una relación altamente conflictiva cada vez que la anticoncepción emerge en la escena pública decidida a dar la última batalla en contra de posturas y posiciones, tercas y obstinadas, que predican la “defensa de la vida”. Como si la vida humana pueda concebirse o definirse sólo y exclusivamente a partir de la unión de los gametos masculino y femenino; se estructuran encendidos debates que se aproximan al capricho y a la necedad. Revelan también la flaqueza racional de la parte que enarbola la “cerrada defensa de la vida humana”, cuando sólo destina sus esfuerzos, ciegos y obtusos argumentos, de preservar la evolución del cigoto desde el momento mismo de su aparición, y descuidan, ignoran o eluden demoniacamente todas las situaciones salvajes que condenan a millares de nuestros semejantes a una vida —si puede llamarse “vida”— degradante e infernal, ominosa y cruel, ante lo cual, todo rito y fetichismo de carácter místico, sea moderado o espectacular, se vuelve simplemente inútil, y hasta ridículo. Muchos —con altivez y petulancia que repugna— se rasgan las vestiduras cuando hombres y mujeres, en nombre de su “libre albedrío”, deciden por qué, cómo, cuándo, y cuántos hijos tener al amparo de sus lógicas —aunque equivocadas— y cálculos particulares, frente a una situación social, económica y política totalmente contraproducente y desfavorable para construir un porvenir mínimamente satisfactorio que legítimamente les corresponde por ser hechuras semejantes a su Creador. Un Creador que lo menos que desea, por ser el amor la base de toda su obra, es que sus seres creados se agarren a trompadas y puntapiés en su nombre y en nombre de su voluntad, que se presume, definitivamente interpretada. Y cuál o cuáles serían los intereses de las iglesias, así, en plural, en promover la procreación y reproducción indiscriminada de la humanidad, sabiendo que la economía, ahora, se muestra como un fenómeno que ha escapado de nuestras manos. En otros términos, que puede mover a una institución que asume y se presume representante de la voluntad de Dios en la tierra —algunos más sofisticados y refinados, por decir lo menos, humanos de carne y hueso, se presumen ridículamente, representantes del Dios vivo— para defender y promover la reproducción de la pobreza y la miseria aquí en todos los confines de la tierra. Qué malignos intereses están detrás de tales esfuerzos sobrehumanos que hasta pretenden —o quizás lo hagan— rebasar la autoridad emanada del sufragio universal, al sugerir el relevo o el nombramiento de ciudadanos que tienen por función tomar decisiones que nos afectan a todos y a todas. Si hoy es así, mañana quizá también sugieran o impongan congresistas, jueces, fiscales y hasta al mismo jefe de Estado. En el 2005, la ONU revelaba en su informe “La Encrucijada de la Desigualdad” que en el mundo, 1,390 millones de personas —creaturas de Dios— vivían con menos de 2 dólares diarios, y de estos, cerca de 400 millones, con menos de 1 dólar por día. (Niños y niñas, adultos y ancianos, con miradas inertes, recorren diariamente letrinas y basurales para poder mantenerse “vivos”; a estas criaturas, raramente puede espantarlos la imagen del inferno por más terrorífica que ésta sea). Ante estas cifras, los supuestos representante del Dios vivo en la tierra, no se les eriza ni un bendito pelo. Se ofuscan, se enervan y gritan en el púlpito como animales heridos y enfurecidos, atacando a diestra y siniestra con una autoridad que sabrá Dios, como la han obtenido. Y lo peor, construyen y logran vender por doquier la imagen de un Dios casi maldito, porque si no obedecen su “voluntad” interpretada, simplemente, te condenará al fuego eterno. Qué más infierno que este mundo, donde individuos e instituciones con poder no cumplen otra función que la de reproducir las inequidades, desigualdades e injusticias al ritmo de sus discursos con doble sentido. Si bien es cierto, difícilmente podemos ver el futuro o anticiparnos a él; sí podemos, en base a nuestras experiencias o a las ajenas, o en base a nuestra formación académica, proyectarnos a él e imaginarlo, lo que nos permite tomar decisiones ahora, con la idea de construir, preservar o mejorar nuestro actual bienestar. En esta lógica, ¿Quién puede negar o condenar la decisión de un hombre o una mujer o de ambos, de planificar el número de hijos, ahora, con la idea de no perjudicar el bienestar de toda la familia, mañana? En nuestro país, al año 2007, según el INEI, éramos 28’220,764 de compatriotas. El 39,3% se encontraba en situación de pobreza; y de este grupo, el 13,7%, en condiciones de extrema pobreza. Aunque con bombos y platillos celebremos que hayamos logrado reducir la pobreza en 5,2 por ciento; es alarmante que más de 11 millones de peruanos vivan con S/. 7,65 diarios, y un millón y medio de ellos y ellas, puedan subsistir con menos de 4 soles diarios. (Evidentemente, la economía, una ciencia, se ha equivocado en todo el mundo). Hasta el sentido común de los desposeídos y condenados a una vida infernal, sería incapaz de sostener que esta situación podría revertirse, promoviendo el no uso de métodos anticonceptivos. Haciendo apología de la reproducción humana en nombre de un paraíso después de la muerte o al amparo de un Dios feroz dispuesto a rajarnos las espaldas con mil latigazos si planificamos nuestras familias, no se contribuye a combatir esa maldita miseria que, aunque no lo parezca, termina por afectar a toda la humanidad. Además, la creación fue una obra planificada, ¿o, no?

EL ANTI-INDULTO DEL DÍA SIGUIENTE

Así como nuestras compatriotas pueden acceder a la “píldora del día siguiente” (anticonceptivo oral de emergencia) cuando consideran que pueden haber “metido la pata”, entre otros móviles; nuestro gobierno, con más sofisticadas pero no muy discretas maneras, pudo acceder a una resolución ministerial “de emergencia” ante la metida de pata del ex ministro de justicia, y abortar el escandaloso indulto al ciudadano José Enrique Crousillat López Torres, quien mientras cumplía condena y a la vez elaboraba su maquiavélico plan de liberación y captura de la administración de una empresa televisiva, solía jugar al “enfermito grave”. Si bien es cierto, el acceso a la “píldora del día siguiente” (R.M. Nº 167-2010/MINSA del 09 de marzo del año en curso), se ha hecho en base al desacato de una Sentencia del Tribunal Constitucional (EXP. N.º 02005-2009-PA/TC del 16 de octubre de 2009); “golpe de estado” lo llamó Carlos Mesía, su vicepresidente, y por decisión unilateral del Ministro de Salud, Oscar Ugarte; muchas mujeres o parejas conyugales, en nuestro país, tienen a la mano una rápida y posible alternativa de solución ante la necesidad de interrumpir un potencial embarazo no deseado: Consumir levonorgestrel. Algo parecido ha sucedido con el binomio “indulto/anti-indulto” que tuvo al país en jaque por varios días, mientras que el ministro de justicia de esos calurosos y fraternales días, convertido en blanco de los dardos lanzados desde todas las tribunas, empezó a desconfiar de la venda que cubre los ojos del ícono de su portafolio, obstinándose en el puesto hasta que la presidencial “patadita literal de emergencia”, lo samaqueó dejándolo sin piso, sin ministerio y con muy pocos compañeros. “Lo han tenido que botar porque no quería irse, con una patada en los glúteos”, dijo el congresista Victor A. García Belaunde. Obviamente, es poco creíble que al Presidente de la República lo hayan sorprendido con este circo donde el cómico principal resultó siendo José Crousillat y no Aurelio Pastor; éste, defenestrado, y aquel, jugando a las escondidas. “Es inverosímil que el presidente García no tuviera toda la información”, señaló Carlos Bruce. Pero la situación se volvió insoportable para un país que está lidiando entre el imperio de la legalidad y el imperio de la corrupción. Que a un condenado por crímenes de lesa humanidad se le conceda permiso especial para asistir al matrimonio de una de sus hijas; y que a otro ligado a una red de corrupción que en la última década del siglo pasado, hirió de muerte a nuestra democracia, se le conceda indulto por razones humanitarias; es ya demasiado. De acuerdo a informes médicos que refieren las infinitas enfermedades que sufre Crousillat (cardiopatía hipertensiva moderada, enfermedad vascular cerebral, fibrilación auricular crónica con respuesta ventricular controlada con antiarítmicos, obesidad y hasta síndrome ansioso depresivo, entre otras), sumado el hecho de ser un adulto mayor de 77 años de edad, fueron los dos casos —de los cuatro que señala el Reglamento de la Comisión de Indulto— que aceleraron una respuesta favorable a la concesión de su indulto. Pero debido a que “existirían indicios de inexactitud en la información relativa al estado de salud” del indultado, de acuerdo con la lógica del juez del Segundo Juzgado Penal Especial de Lima, quien también ha ordenado su ubicación y detención, el día domingo 14 de marzo, se publica la R.S. Nº 056-2010-JUS refrendada por el Jefe de Estado, el Premier y el todavía Ministro de Justica Aurelio Pastor, dejando sin efecto la R.S. Nº 285-2009-JUS que concedió el indulto. “Ha sido un indulto hecho en base a un engaño”, refirió Mauricio Mulder, después que las aguas y los ánimos volvieron a su cauce, incluso, en el local principal del partido de gobierno. Anulado el indulto, perseguido el ex indultado y fuera de cartera Aurelio Pastor, ha quedado en el aire y vibrando aquella declaración que dio después de su relevo. Todo este embrollo se reduce al hecho de imponer sus intereses un grupo económico vinculado a uno de los principales diarios de circulación nacional, obstinado en promocionar su candidato presidencial para la batalla electoral del 2011. Aurelio Pastor, fue claro y preciso: “Yo no me arrodillo ante El Comercio”, dijo; declaración que para Carlos Bruce obedece a su inestabilidad emocional, porque “no todos los días lo botan a patadas a uno de un Ministerio”. Mientras que Víctor García Toma, nuevo Ministro de Justicia desde el día jueves 18, hasta que quizá una nueva “bravuconada” le mueva el piso, simplemente declaró que el tema del indulto “es un tema resuelto”, pero que haría todo lo posible para que esta gracia presidencial “reciba el trato que corresponde”. Y en medio de tan apasionada batalla verbal, donde los enredos y desenredos nos sugieren no sólo que las lides proselitistas han ingresado a una etapa de zigzagueo temperamental, sino que “poder” podría escribirse con “J”; resulta saludable que el congresista José Vargas dijera que “ni el Apra, ni el gobierno, menos el presidente, tiene la intención de atentar contra la liberta de prensa”. Mucho más saludable que cualquier gesto humanitario realizado en los últimos meses, por supuesto.

EL ABORTO DE LA RAZÓN

El ejercicio de la razón y el poder de la fe, se han declarado en guerra en torno a un tema que parecía, después de tanta revolución tecnológica y transformaciones sociales, haber sido satisfactoriamente atendido en respuesta a una necesidad de salud pública (planificación demográfica), de salud familiar (determinar el número de hijos e hijas que realmente pueda criarse) y de salud individual (la faculta de la mujer, como sujeto de derecho, para decidir cuándo, cómo, dónde y por qué procrear). El punto máximo de la discrepancia radica en la noción de “ser humano” o de “vida” que sostengamos y defendamos. Desde qué momento la unión y reproducción de unas células puede concebirse como una vida o como persona humana. Pero más allá de nuestras creencias o supuestos lógico-científicos, reconocer a nuestro Estado como un estado de derecho, es un punto de partida pertinente, en tanto admitamos que son las leyes vigentes —equivocadas o no—, las que deben determinar y regular nuestras acciones que afectan al grupo en el cual interactuamos. Y nuestra Constitución Política considera que “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”; y “concepción” —acción y efecto de concebir— cuando se refriere a una hembra es “quedar preñada” dice el diccionario de la Real Academia Española. Una mujer lo está, desde el momento mismo de la concepción. Eso, que para algunos es una simple célula que no puede diferenciar la vida de la muerte, es ya un “sujeto de derecho” al que le son propios los mismos derechos constitucionales del que gozamos, peruanos y peruanas, “realmente vivos y vivas”. En consecuencia, que nuestra cosmovisión milenaria o mística pretenda señorear sobre la faz de la tierra, arrasando todas aquellas que discrepen o se diferencien de sus esquemas sagrados —por el sólo hecho de considerarse sagrados—, o que el método científico se ufane de ser el exclusivo propietario de la “verdad”; en ambos casos, se genera un conflicto bizantino tan perjudicial para la vida social, como lo es el martirio psicosocial que padece toda mujer embarazada sin ánimo ni voluntad para engendrar. No obstante, laico nuestro estado, y democrática nuestra estructura sociopolítica, aparece indeseable todo conflicto en el cual, una de las partes involucradas, posiciona sus elementos de juicio desde las tribunas del dogma, mientras que la otra lo hace desde las de la razón; hoy en día cuando podemos hablar de la “provisionalidad científica” y del método científico como uno de los últimos dogmas que ha construido la civilización. El debate, entonces, en primer lugar debe dar paso al ejercicio constitucional de la consulta popular para modificar el inciso 1 del artículo 2º de nuestra Constitucional Política; en segundo lugar, será bienvenida toda propuesta legislativa en pro o en contra del aborto, sometidas de igual modo, al legítimo derecho de la consulta popular. Antes de ello, toda práctica abortiva, amerita una sanción en tanto es un delito para nuestra legislación. Antes que a los especialistas en el tema —abogados, médicos, sociólogos, psicólogos, teólogos, entre muchos otros—, le corresponde a la ciudadanía con derecho a voto, dar su veredicto final e inapelable en torno al dilema de legalizar o no, las prácticas abortivas en nuestro país. Si después de esta vía, el aborto continuara siendo considerado un hecho inmoral e ilegítimo, para unos, o una demanda social necesitada de legalización, para otros; el mecanismo democrático ya cumplió su papel de priorizar y legitimar la voluntad ciudadana, elevándola a la categoría de ley. A no ser que la democracia se nos revele como una alternativa no favorable para este tipo de dilemas, lo que devendría en una cuestión que opacaría todas las demás. Fuera de esta alternativa de respetar la voluntad ciudadana, todo debate o discrepancias en torno a la despenalización o no de las prácticas abortivas, adquieren matices propios de un acto antidemocrático, por lo tanto, repudiable. Ni la fe ni la razón, ni la ciencia ni el dogma, son aquí, entes exclusivos para dar su última palabra ni para obstinarse en hacer prevalecer sus puntos de vista. Porque en esta época donde la tolerancia emerge como un valor de alta prioridad en aras de construir una sociedad humana saludable, hasta las conclusiones de la práctica científica, no son más que “puntos de vista”. Por tanto, susceptibles de ser observados, cuestionados, combatidos, destruidos y superados. Tan igual, como las conclusiones emanadas de toda práctica de fe.