NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Cuando el gobernante empieza a mostrar temor a sus gobernados (situación que podría evidenciarse en la toma de decisiones favorables al uso de la fuerza armada), es un indicio que nos confirma la condición del gobernante frente al papel por el cual fue investido: Ha dejado de ser tal. Ha dejado de ser gobernante —en la acepción más saludable del término—, para convertirse en un tirano que no dudaría en emplear todo tipo de medidas tipificadas como “uso de la fuerza”, aunque ello anuncie el inicio de una tragedia con elevados costos humanos, para hacer prevalecer sus designios, mandatos o caprichos, unilateralmente.
Pero hoy en día sabemos, que el gobernante nunca es un solo hombre. A lo mucho, es la cabeza visible de un grupo o grupúsculo de individuos férreamente organizados con intereses muy particulares, y que nunca o casi nunca aparecen en la escena pública. Además, están decididos a defender sus intereses que difícilmente se articulan con los intereses de los otros grupos humanos que conforman el grueso del conjunto denominado “gobernados”.
El 5 de abril de 1992, representó el primer puntapié a la institucionalidad peruana que, aunque deficiente, lenta y engorrosa, mantenía nuestra esperanza de superar las dificultades del país sin necesidad de asirse de mecanismos e instrumentos delictuosos, o en el peor de los casos, criminales y patológicos, capaces de generar situaciones aberrantes, que han marcado por siempre, la memoria colectiva de todo el país.
Lo que hizo Fujimori, pisotear la Constitución de 1979, sin dejar el poder ni la representación que le fue otorgada por mandato popular a través de sufragio universal (fenómeno que muchos llamaron “dictadura cívico-militar), marca un precedente en la historia del país, y nos inocula multiplicidad de temores y miedos, frente a la posibilidad de volver a repetirse. Nada nos garantiza que no sea así.
“Toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra primera legislatura ordinaria consecutiva” decía el artículo 306 de la Constitución de 1979 que dejó de existir de un certero golpe de quien recibió el encargo supremo —y sagrado— de cumplirla y hacer cumplir.
Y para que no quepa duda de lo establecido en el artículo 306, el siguiente artículo mandaba que “Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. Sin embargo, ante la mirada de todos los peruanos y peruanas, Fujimori, el ciudadano que fue elegido para, ante todo “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” (artículo 211), fue quien la dejó de lado, e instauró un régimen a la medida de los intereses, pasiones y expectativas de un grupo de individuos decididos a todo para satisfacer sus necesidades e inescrupulosos apetitos de poder.
Al año siguiente del golpe de Estado, se promulgó una nueva Constitución que reemplazó a la de 1979. Si bien está claro que fue ratificada mediante referéndum nacional, después que un Congreso Constituyente Democrático (CCD) la redactara, fue antecedida por una maniobra anticonstitucional que se dio a conocer el 5 de abril de 1992.
Muchos personajes públicos, ciudadanos y ciudadanas, anhelaban retornar a la Constitución de 1979, incluidos un grupo de políticos y otras autoridades que fueron dejados en la calle, luego de la disolución del Congreso de la República, de la declaratoria de Reorganización total del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y de la Contraloría General de la República. Algunos gobernantes defenestrados, juraron una y otra vez, reestablecer la Constitución de 1979, violentada y sustituida por una nueva, luego de un corto periodo de tiranía con rostro civil. No obstante, casi dos décadas después, la Constitución de 1993, continúa vigente. Nuestra Constitución Política.

ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y LAS FUERZAS ARMADAS

El 5 de abril de 1992, en horas de la noche y en todos los canales de señal abierta que cubrían el territorio nacional, vimos y oímos a un Alberto Fujimori, con el rostro adusto, gestos y ademanes propios de quien ostenta un gran poder —y que no le teme a nada—, justificar sus decisiones antidemocráticas que en ese momento anunciaba. Esta fecha se ha constituido en una línea que divide la historia del Perú (del siglo XX), no tanto por lo que se anunció en ese discurso, sino, por lo que devino después de él: La destrucción sistemática y criminal de la institucionalidad vigente en el país de aquel entonces.
Irónicamente, Fujimori, señaló a dos fenómenos como las razones que obligaron a tomar las inesperadas y maquiavélicas decisiones que en esa noche anunció: La inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial, sumándose a ellos lo que él denominó “politiquería tradicional”. La “actitud obstruccionista y conjura encubierta” por parte de las cúpulas partidarias con la intención de bloquear los esfuerzos del pueblo y del gobierno por construir una “democracia real”.
Fue “la descomposición de la institucionalidad vigente”, según Fujimori, lo que lo obligó a quebrar el Estado de Derecho en el país e instaurar un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional” que, sin darnos cuenta y poco a poco, se fue convirtiendo en uno de los gobiernos más indeseables de la historia republicana. En un gobierno que fue capaz, ante los ojos de todo mundo, tejer una red criminal que traficó con las esperanzas de todos los peruanos y peruanas que anhelaban la construcción de un nuevo país que marchara con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, puestas al servicio de una sociedad de bien, próspera y pacífica. (En su discurso del 5 de abril, Fujimori, también mencionó que su objetivo era lograr, “tras la reconstrucción, una sociedad próspera y democrática”).
22 años atrás, un 12 de julio de 1979, se promulgó una nueva Constitución Política, sustituyendo a la promulgada en el año 1933. Sobre aquella, jurando respetarla y hacerla respetar, asumió la jefatura del Estado, Alberto Fujimori, e inició un gobierno que desde sus primeros días (08 de agosto de 1990, en horas de la noche, también), puso en marcha un programa económico totalmente contrario al anunciado en su campaña proselitista. (Nada extraño, considerando la cultura proselitista en nuestro país, caracterizada por un abismo profundo entre la promesa y la acción). Sería el primer garrotazo a la sociedad peruana.
Apoyado por unas fuerzas armadas que, en ese entonces, no sospechaban que también iniciaría una fase de descalabro moral e institucional al descubrirse a varios de sus miembros de alto rango, comprometidos o convertidos en cómplices de las hechuras delincuenciales de una banda de criminales liderados por un ex miembro del Ejército Peruano. Las Fuerzas Armadas (el Ejército Peruano), paseaban sus tanques por las calles, cada vez que las circunstancias lo obligaban. (Léase, amenazaban obstaculizar o bloquear el avance de los planes de quienes, desde las sombras —literalmente, desde las sombras de la noche—, planificaban y daban forma al régimen, tratándolo como si fuera el baúl de unos bandidos), con el objetivo de atemorizar a la sociedad civil y la sociedad política, neutralizando cualquier intento de enfrentamiento contra la tiranía.
¿Qué otro objetivo podría tener, el sacar a los tanques de guerra a pasear por las principales calles de la ciudad? Ciudad transitada por los hombres y las mujeres que son la razón de ser de —y constituyen— la nación a la que, según el mandato constitucional, deben tutelar. (Este domingo 10 de abril, ya en la cámara secreta, segundos antes de emitir nuestro voto, ¿recordaremos este negro episodio que estampó su indeleble horror en la historia republicana del Perú?).

DESDE EL INFIERNO… EL ÚNICO

“Me dolió en el alma…” aseveró Fujimori con una firmeza que a cualquiera es capaz de conmover hasta la meditación o el llanto, cuando se enteró de la matanza de los estudiantes y del profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Y le dolió, aclaró, porque esa política de guerra sucia no formaba parte de su política de respeto a la persona humana, era totalmente contrario a ella y además, porque era conciente de que ello, no iba a garantizar la derrota de la violencia política (terrorismo, lo llama él). Por ello se vio obligado a cambiar la estrategia antisubversiva de sus antecesores (Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez) que gobernaron en la década de los años 80 que, a propósito, fueron los años en los cuales, las estadísticas indican que se produjo la mayor cantidad de muertos y violaciones a los derechos humanos. Ambos, “mantuvieron la visión antigua de enfrenamiento de un enemigo convencional, lejos de implementar una estrategia eficaz”, puntualizó. Ahora resulta que en esos años, siendo nuestro país un “infierno” (dudo que alguien en su sano juicio, dude de ello), Alberto Fujimori (el mismo que ahora, después de 160 audiencias en el proceso penal que se le sigue, no se arrepiente de la política contra-subversiva que aplicó; es más, de la cual se siente sumamente orgulloso), es el único que lo habitaba. “Soy el único” enfatizó que gobernaba desde el mismísimo infierno, aludiendo que fue el único que dio la cara y expuso la vida suya y la de cada uno de los miembros de su familia. “Asumí la defensa del Estado y puse en peligro mi propia vida”, leyó en una parte de su extenso discurso. Aprovechó algunas oportunidades para leer su discurso, dirigiendo su mirada hacia el ambiente separado por un cristal, donde permanecieron los periodistas nacionales y extranjeros, olvidando que en su calidad de acusado, todas sus palabras deberían estar dirigidas al presidente de la Sala. Y adelantándose al devenir histórico recalcó que en los libros de las escuelas, nuestros estudiantes leerán su nombre cuando se hable de la pacificación del país, el cual constituye su “legado de paz y desarrollo, de justicia e inclusión”, legado que continuará su hija Keiko, y por el que seguirá luchando su hijo Kenyi. “Sus hijos nos sentimos orgullosos del trabajo extraordinario que mi padre realizó”, declararía luego, y muy emotiva, la congresista Keiko. No sabíamos hasta el día miércoles 01 de marzo, cuando ejerciendo su derecho a la autodefensa dirigió un mensaje a la nación, y no al tribunal que lo juzga como debió ser, aunque muchos ya pueden haberlo sospechado —o deseado ardorosamente— que era un superhombre. El Superman peruano que nos libró de un bendito “conflicto armado interno” (así lo ha denominado la CVR) que jaqueó a todo un país durante más de una década y que obligó a la mayoría de peruanos y peruanas a refugiarse entre el terror, la desolación, la esperanza y la utopía (la utopía de volver a un país pacificado). Un conflicto armado que ahora, desde la distancia, pero aun con ciertas reticencias y con cierto temor por cierto, podemos asumir que llegó al extremo de tomar víctimas sin considerar color de piel, género, condición socioeconómico, ideología, religión, lugar de residencia, etc. Un conflicto que atemorizó a todo un país, lo desangró por todos lados abriéndole las venas y cegándolo ante la perspectiva de retornar a la paz y a la convivencia digna de toda persona que anhela la concordia, practica el perdón y se entrega con alma y cuerpo al ejercicio de la equidad social. Luz Salgado ha defendido el discurso político que ha dado su líder ideológico porque se está juzgando la política que aplicó durante su gobierno. Pero olvida que no es exactamente la política que aplicó la que está siendo juzgada, sino, ciertos delitos (de lesa humanidad, claro está) que pretenden impunidad amparándose en ella. La matanza de los estudiantes y un profesor de La Cantuta, el crimen horroroso de Barrios Altos y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer (que son los delitos que se le imputan a Fujimori y por los cuales se le está juzgando en este kilométrico proceso judicial, y que su abogado Cesar Nakasaki lo sigue llamando “Presidente Fujimori”), no resumen la política aplicada en la década de los años 90, porque también somos testigos de otras actividades: organización de los Comités de Autodefensa, acciones cívicas, construcción de edificios escolares, etc. Se le está juzgando por determinados actos que constituyen delitos que Fujimori, en calidad de Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, estuvo facultado para detener esos y otros crímenes cometidos por agentes del Estado. Aunque, Keiko, diga que no se le puede culpar a su padre por crímenes cometidos por terceros. Ronald Gamarra abogado de la parte civil, ha señalado que el Tribunal, pecando por exceso, ha consentido que Fujimori utilice su banquillo de acusado para utilizarlo como tribuna política para que después no diga que se le ha obstruido su derecho a la autodefensa. En su percepción, debió utilizar el espacio para hacer los descargos respectivos, cosa que no ha hecho, y sólo se ha limitado a repetir y reafirmar lo que dijo en un inicio: “Soy inocente”. De igual manera, Gloria Cano, abogada de la parte civil, considera que el discurso ha sido político, además, “ha lanzado la campaña de su hija”. Concluido el discurso de su autodefensa, no sólo Fujimori, el país entero espera la lectura de la sentencia que posiblemente se dará entre ésta y la próxima semana. Aun cuando su abogado Cesar Nakasaki haya advertido, no siendo un juicio político, de una presión mediática que podría influir en la aplicación de la sentencia que dará la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia que preside el Vocal Supremo Dr. César San Martín Castro, hipótesis que también sostiene el congresista Rolando Sousa; el premier Yehude Simon, está convencido que "tenemos una Sala muy seria, muy profesional y será la propia Sala quien tomará su decisión”. Pero luego de la intervención de Fujimori, Cesar Nakasaki cambia su percepción de este juicio, señalándolo como un “juicio político”, en su afán de defender el discurso de su patrocinado y adhiriéndose a su alegato que tiene por eje central el postulado que se derrotó al terrorismo con una estrategia de respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero los crímenes que se cometieron, las investigaciones revelan que fueron cometidos por agentes del Estado, y nada más que Fujimori, como el Jefe Supremo, fue el llamado a investigar, sancionar y exigir el cumplimiento de la ley. Indudablemente, próximo a leerse la sentencia, histórica por cierto, la expectativa del país es que se confirme la culpabilidad o la inocencia del ciudadano peruano, ahora acusado, Alberto Kenya Fujimori Fujimori. (Artículo que publiqué en la página política del suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo del día 05 de abril del año 2009)

JUICIO A FUJIMORI

Después de un tiempo de espera, y en medio de posturas encontradas entre diversos sectores de la población, se reanudó el juzgamiento al ex presidente Alberto Fujimori, que muchos ya lo han catalogado como un juicio histórico, que marcará un precedente en la historia de nuestro país. Este juicio se lleva a cabo en la Sala de Audiencias acondicionada en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en el distrito de Ate Vitarte, Lima. En el primer caso, conocido como el de “Allanamiento ilegal” en la casa de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, recibió una condena de 6 años de prisión y el pago de una reparación civil de 400 mil nuevos soles. En el segundo caso, considerado el caso emblemático, que es por violación a los derechos humanos (matanza en Barrios Altos y la Cantuta, así como el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en el denominado caso Sótanos del SIE), el fiscal ha solicitado 30 años de prisión y el pago de una reparación civil de 34 millones de dólares. Recordemos que en su informe final, la CVR, señala que “durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori, y particularmente desde el 5 de abril de 1992, se encuentra una relación funcional entre poder político y conducta criminal”. Y en su conclusión general número 100, dice: “La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado «Colina»”. "Actuó por venganza, aplicó la ley de Talión, el ojo por ojo, la guerra sucia, ordenó la eliminación física de personas”, acusó el fiscal a Fujimori, Éste, en tono enérgico y realizando ademanes exaltados, rechazó la acusación fiscal, gritando: “Soy inocente y no acepto esta acusación”, obligando a que el presidente de la sala dijera más de una vez “yo soy el que mando aquí”, para que retorne el orden en la sala, solicitándole que respete las directivas del tribunal. Horas después, el juez decidió suspender el juicio hasta el día miércoles 12, porque Fujimori sufrió una crisis de hipertensión, debido a su acalorada reacción, aclamando su inocencia. “Le puedo dar una respuesta clara e indubitable: No, nunca, jamás”, respondió Fujimori tajantemente frente a la pregunta del fiscal supremo José Peláez, si conocía al grupo paramilitar Colina. Muchas de sus respuestas se limitaron a señalar su poca memoria sobre sucesos o decisiones concernientes a su periodo de gobierno. Incluso, dijo no recordar quien le presentó a Vladimiro Montesinos, a quien acudió no sólo por ser un experto en inteligencia, sino un abogado que le brindó sus servicios legales “con resultados exitosos”. Referente al caso de Barrios Altos, indicó que no le llamó mucho la atención, porque sus ojos estaban puestos en otros casos similares en diferentes localidades del país. Agregó que no es el indicado para ordenar investigar casos como esos. Luego señaló firmemente, que él no daba órdenes, sino, que tomaba decisiones políticas para aplicar directivas. “Yo daba directivas para hacer, en este caso, una inteligencia efectiva”, afirmó, indicando también que despachaba en horas de la madrugada. No han faltado quienes han celebrado esta reacción impetuosa de Fujimori en la sala de juzgamiento y han declarado públicamente su encanto y satisfacción, como es el caso de la congresista Keiko Fujimori (hija del acusado); Martha Hildebrant, parlamentaria fujimorista; el congresista Carlos Raffo (quien ha señalado que es una victoria pírrica del terrorismo, aludiendo a la sentencia de 6 años de prisión); entre otros. Y para el director ejecutivo de APRODEH, Miguel Jugo, esta reacción de Fujimori fue “violenta y desesperada” No todos están conformes y aprueban la realización del juicio a Fujimori. La parlamentaria Martha Moyano, coincidiendo con el Ministro Rafael Rey y con el congresista Rolando Souza, ha señalado que “los jueces se asustan por la presión mediática”; y Keiko Fujimori, después de oír la sentencia ha dicho que “antes era una persecución política, ahora es una persecución judicial”. Pero, Jo-Marie Burt, representante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y observadora internacional del juicio a Fujimori, discrepó con las declaraciones de la congresista Keiko, señalando que "el proceso se está llevando a cabo de manera imparcial y transparente”; además, señaló que no sorprende que Fujimori quiera politizar el juicio, porque su intención ha sido, desde un inicio, evadir la justicia. Las miradas están puestas no sólo en Fujimori y en su defensa (el abogado Cesar Nakasaki), sino, en el juez Cesar San Martín, presidente de la Sala. Para Julio Rodríguez, experto en derecho penal, el juez San Martín es el responsable de garantizar el debido proceso, y en su opinión, “debe ser el mejor magistrado en el Perú en cuanto a vocación, formación y conocimiento, lo cual dará a las partes una garantía de imparcialidad”. Algo relevante y que puede resumir la esperanza y expectativa de la ciudadanía, ante el desenlace de este juicio que es seguido por la comunidad internacional, es la petición del fiscal José Peláez, en un momento de su intervención: "Sólo le pido al tribunal que aplique la justicia, para que no se vuelvan a repetir los hechos que son materia de juzgamiento", aseveró. (Artículo que publiqué en la página política del suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo del día 16 de diciembre del año 2007)

EL OTRO RITMO DEL CHINO

“Para que haya una política, tiene que estar por escrito, sino ¿Cómo se aplicaría?”, dijo Alberto Fujimori en una de sus respuestas en la sétima audiencia del juicio que se le sigue por violación a los derechos humanos, en los casos específicos de Barrios Altos y la Cantuta, realizada el día miércoles 26 de diciembre, en la sede de la Diroes, en el distrito de Ate. Esta vez, el interrogador, fue su abogado Cesar Nakazaki. Negó rotundamente la existencia de una política paralela a la llevada a cabo abiertamente por el Estado y su gobierno, respetuosa de la vida y la persona humana. Negó haber conocido la existencia del llamado destacamento Colina y de sus acciones criminales y clandestinas. Y respecto del documento “Plan Sipango”, que considera apócrifo, también niega su carácter oficial que diversas investigaciones periodísticas y otras fuentes, le otorgan. Pero la CVR, en su informe final, señala que “dada la estructura de mando y de toma de decisiones en el régimen de facto, esos crímenes no pudieron ser cometidos sin el conocimiento y la aprobación del presidente Fujimori y de Vladimiro Montesinos”. “No hubo directivas para asesinar” expresó en otra parte de sus respuestas. También aclaró, no haber recibido informaciones sobre desapariciones de parte del Ministro de Defensa, y además, dijo, él no comandaba la lucha contra la subversión, porque no es militar. Negó la existencia de una política contrainsurgente, que durante la administración norteamericana del señor Ronald Reagan, se denominó “conflicto de baja intensidad”, lo que en el lenguaje no técnico, se denomina “guerra sucia”. Indicó que la política contrasubversiva durante su gobierno, respetaba el principio del “soldado amigo” y del “policía inteligente” con “pleno respeto a los derechos humanos”. Analizando las respuestas dadas desde que inició el juzgamiento, puede concluirse que nadie conocía lo que todo el mundo da por cierto, en base a informaciones e investigaciones periodísticas. Hasta podría argumentarse que los asesinatos perpetrados, que son materia del juzgamiento, han sido hechos por fantasmas o por extrañas manos que han inventado quienes lo persiguen política y judicialmente, quizás, por el solo hecho de ser un “chinito” diferente a nosotros. Aunque, desde un inicio, nos advirtió, que no era ningún “caído del palto”. Sabe aprovechar la menor oportunidad, para enfatizar sobre el triunfo logrado en la lucha contra la subversión armada. Y sabe también –lo que para algunos, otorga un matiz dramaturgo y circense, a este juicio—, eludir las respuestas como ya, en su momento y tajantemente, lo señaló el fiscal adjunto, Avelino Guillén, pidiéndole que no lo haga. El presidente del tribunal, Cesar San Martín, también le enrostró esta actitud, a él y a su defensa, el abogado Cesar Nakazaki, exigiendo que sean claros en sus respuestas. Dada su condición de exgobernante del país, este juicio, difícilmente puede desprenderse de esa aureola política que lo acompaña en todo momento y que pretende deslegitimar o subestimar la esencia jurídica que le pertenece. Las opiniones discrepantes al respecto, hacen lo suyo. Pero, indudablemente, aquí se está juzgando acciones u omisiones que contribuyeron a la ejecución de una política sistemática de violación a los derechos humanos que, difícil negarlo, se produjo en el país —en este caso concreto—, en la década 1990-2000. Y Alberto Fujimori, fue el Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, su primer deber y tarea, era “cumplir y hacer cumplir la ley”. El grupo Colina “no era un grupo de militares locos que actuaban por su cuenta y hacían lo que querían” reconoce Santiago Martín Rivas, en una entrevista concedida al periodista Humberto Jara (“Ojo por ojo”, 2003). Luego señala que “no se puede hacer una guerra si no hay decisión política”. Pero esta decisión política se plasma en un papel que, en este caso, son directivas, órdenes para ser cumplidas, aunque Fujimori le niegue este carácter. Él, da directivas; no, órdenes, enfatizó en una audiencia anterior. La Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo (ADDCOT), constituida por oficiales del Ejercito Peruano en situación de retiro, que tuvieron participación en la lucha contra el terrorismo en zonas declaradas en estado de emergencia, en su publicación del año 2003 (“Omisiones a la Verdad”), adjuntan como apéndice “E”, un pronunciamiento, en el que, en uno de sus acápites señala: “… Aunque la represión haya comportado reprobables abusos, ella fue en sí misma necesaria y legítima”. En suma, los miembros de esta asociación, no niegan la existencia de acciones que atentaron contra los llamados Derechos Humanos; no obstante, de una u otra manera, la explican, interpretan o justifican. Entonces, en su momento, asumió o asumieron esa responsabilidad, personas de carne y hueso; y el juicio que se le sigue a Fujimori, persigue ese objetivo. Descubrir quién o quiénes son, dónde están, y aplicarles la pena que la ley señala. Fujimori, también reconoció excesos condenables en la lucha contra la subversión —aunque niega haberlos ordenado—; por ello, en la audiencia anterior, pidió disculpas a los familiares de las víctimas. La sociedad en su conjunto —nacional e internacional—, anhela una explicación coherente y efectiva de los hechos que son materia de juzgamiento. El Poder Judicial, institución legítima del Estado de derecho, asume hoy, el gran reto de revelar su capacidad de administrar justicia, sea quien fuere, el que está sentado en el banquillo de los acusados. Sin olvidar, que la presunción de inocencia perdura, hasta que se pruebe lo contrario, evidentemente. (Artículo que publiqué en la página política del suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo del día 30 de diciembre del año 2007)

EL DISCURSO DE LA INOCENCIA

No recordar fechas, manifestar dudas, desconocer posibles actos del pasado, negar o no reafirmarse en declaraciones anteriores, y hasta guardar silencio o negarse a declarar, forman parte del discurso de la inocencia que sostienen hasta hoy, varios involucrados –en calidad de testigos– en el proceso que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori, después de extraditarlo de la hermana republica de Chile, el día 22 de setiembre del año 2007. El acusado, Alberto Fujimori, como observó todo el país, vociferó su inocencia desde el primer día de su juzgamiento. "No he conocido planes de una guerra de baja intensidad, no he conocido ni he tenido contacto con el plan Cipango" comentó Alberto Fujimori en la audiencia del día lunes 07 de abril, luego de obtener el permiso respectivo de la Sala Suprema, que lo juzga por delitos de violación a los derechos humanos. Esto se suma a su total desconocimiento del llamado destacamento Colina, y de sus operaciones clandestinas e ilegales que realizaba. Mucho menos, ha conocido planes referidos a una guerra de baja intensidad, ni recibió directivas del Estado norteamericano en ese sentido, refirió. Todo ello, fue en respuesta a las declaraciones que Martin Rivas ofreció en años anteriores al periodista Humberto Jara, y que la Sala pudo observar en un vídeo que éste entregó, en calidad de testigo, en el citado juicio. Este proceso que la población está siguiendo con atención y observando detenidamente las reacciones y comportamientos de las partes participantes, está otorgando diversas sorpresas. Martin Rivas, por ejemplo, negó todo lo expresado en sus entrevistas grabadas, señalando que todo era un ensayo. Jesús Sosa Saavedra, alias “Kerosene” y ex agente de inteligencia (recientemente capturado), en una declaración filmada, meses atrás, afirma que desconocía si Fujimori sabía o no de la existencia y operatividad del grupo Colina, y que el único que podía afirmar con certeza esa realidad, era el ex comandante general del Ejército, recluido en un penal de máxima seguridad, Nicolás De Bari Hermoza Ríos. Luego, después de su captura, y ante la insistencia de la prensa, pudo declarar que Fujimori no sabía nada del destacamento Colina, el que perpetró varias ejecuciones extrajudiciales en su lucha contra el terrorismo que en esos años –muchos especialistas sostienen–, mantenía en jaque al Estado peruano. Como lo manifestó el fiscal adjunto Avelino Guillén, en una entrevista periodística, si Sosa no puede ni tiene pruebas para sustentar la culpabilidad del acusado Fujimori, tampoco las tiene para sustentar su inocencia. Las contradicciones, van y vienen, de parte de los testigos que van desfilando por la Sala que juzga al ex presidente. Estos vaivenes contradictorios afectan directamente al abogado del acusado Fujimori. A veces muestra optimismo, otras veces, extrañeza. Después de conocer la sentencia que emitió la Primera Sala Penal Especial, presidida por la vocal superior Inés Villa Bonilla, el día martes 08 de abril, a los ex integrantes del grupo Colina por el caso de la Cantuta, Cesar Nakasaki, abogado de Fujimori, declaró que “es un trampolín que alguien ha creado para llegar a Alberto Fujimori”. De forma parecida comentó el congresista Rolando Souza, sobre dicha sentencia emitida al grupo Colina, y básicamente se refirió a los 35 años de prisión que se le ha dado al general EP (r) Julio Salazar Monroe, ex jefe del SIN. Según Souza, mediante esta sentencia se quiere incriminar a Fujimori en las actividades del grupo Colina, y así inclinar la sentencia en su contra. Por su parte, el fiscal supremo, José Peláez, declaró que esta sentencia marca un precedente en el proceso que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori, porque se trata de los mismos hechos. Algunos han considerado que lo importante de esta sentencia, es que reconoce la existencia del destacamento Colina, sus actividades ilícitas y clandestinas, y su pertenencia al Ejercito Peruano. En consecuencia, ya nadie podría sostener lo contrario, con tanta facilidad y ligereza como se ha venido sosteniendo hasta ahora. Se sabe que en esta lectura de sentencia, no están comprendidos Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás De Bari Hermoza Ríos, ni Enrique Santiago Martín Rivas. También se sabe de la absolución de otros ex miembros del Ejército, acusados por lo mismo: Manuel Hinojosa, Aquilino Portella, Carlos Miranda, y Julio Rodríguez. Se ha podido observar que la estrategia de la defensa de Fujimori, gira en torno a que no hay hasta ahora, un documento oficial firmado por el acusado, en el cual se ordene aplicar la denominada “guerra de baja intensidad”, también conocida como “guerra sucia”. En tanto ello no aparezca, la inocencia de su cliente, está intacta. Pero Humberto Jara, explicó que los documentos de inteligencia y todos aquellos que obedecen a políticas clandestinas, y por lo tanto, ilegales, utilizan siempre un lenguaje “metafórico”. Y Martin Rivas, se refiere así: “La inteligencia es una actividad clandestina. Es clandestina y definitivamente todas sus labores son clandestinas” enfatiza en una de las entrevistas filmadas por el periodista Humberto Jara. Aun falta la declaración de varios testigos y sólo se espera que cada uno de ellos, sea honesto a la verdad de los hechos de tal manera que se logre una sentencia de acuerdo a la ley, y que las partes involucradas, por el bien del país, admitan la equidad de la misma. Y que años después, no volvamos a escuchar declaraciones tan impactantes e indeseadas como la de Martin Rivas, quien en una entrevista filmada, señala que en una guerra "quienes sufren las mayores consecuencias son las mujeres, niños y ancianos que no tienen que ver con un enfrentamiento bélico”. (Artículo que publiqué en la página política del suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo del día 13 de abril del año 2008)