ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y LAS FUERZAS ARMADAS

El 5 de abril de 1992, en horas de la noche y en todos los canales de señal abierta que cubrían el territorio nacional, vimos y oímos a un Alberto Fujimori, con el rostro adusto, gestos y ademanes propios de quien ostenta un gran poder —y que no le teme a nada—, justificar sus decisiones antidemocráticas que en ese momento anunciaba. Esta fecha se ha constituido en una línea que divide la historia del Perú (del siglo XX), no tanto por lo que se anunció en ese discurso, sino, por lo que devino después de él: La destrucción sistemática y criminal de la institucionalidad vigente en el país de aquel entonces.
Irónicamente, Fujimori, señaló a dos fenómenos como las razones que obligaron a tomar las inesperadas y maquiavélicas decisiones que en esa noche anunció: La inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial, sumándose a ellos lo que él denominó “politiquería tradicional”. La “actitud obstruccionista y conjura encubierta” por parte de las cúpulas partidarias con la intención de bloquear los esfuerzos del pueblo y del gobierno por construir una “democracia real”.
Fue “la descomposición de la institucionalidad vigente”, según Fujimori, lo que lo obligó a quebrar el Estado de Derecho en el país e instaurar un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional” que, sin darnos cuenta y poco a poco, se fue convirtiendo en uno de los gobiernos más indeseables de la historia republicana. En un gobierno que fue capaz, ante los ojos de todo mundo, tejer una red criminal que traficó con las esperanzas de todos los peruanos y peruanas que anhelaban la construcción de un nuevo país que marchara con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, puestas al servicio de una sociedad de bien, próspera y pacífica. (En su discurso del 5 de abril, Fujimori, también mencionó que su objetivo era lograr, “tras la reconstrucción, una sociedad próspera y democrática”).
22 años atrás, un 12 de julio de 1979, se promulgó una nueva Constitución Política, sustituyendo a la promulgada en el año 1933. Sobre aquella, jurando respetarla y hacerla respetar, asumió la jefatura del Estado, Alberto Fujimori, e inició un gobierno que desde sus primeros días (08 de agosto de 1990, en horas de la noche, también), puso en marcha un programa económico totalmente contrario al anunciado en su campaña proselitista. (Nada extraño, considerando la cultura proselitista en nuestro país, caracterizada por un abismo profundo entre la promesa y la acción). Sería el primer garrotazo a la sociedad peruana.
Apoyado por unas fuerzas armadas que, en ese entonces, no sospechaban que también iniciaría una fase de descalabro moral e institucional al descubrirse a varios de sus miembros de alto rango, comprometidos o convertidos en cómplices de las hechuras delincuenciales de una banda de criminales liderados por un ex miembro del Ejército Peruano. Las Fuerzas Armadas (el Ejército Peruano), paseaban sus tanques por las calles, cada vez que las circunstancias lo obligaban. (Léase, amenazaban obstaculizar o bloquear el avance de los planes de quienes, desde las sombras —literalmente, desde las sombras de la noche—, planificaban y daban forma al régimen, tratándolo como si fuera el baúl de unos bandidos), con el objetivo de atemorizar a la sociedad civil y la sociedad política, neutralizando cualquier intento de enfrentamiento contra la tiranía.
¿Qué otro objetivo podría tener, el sacar a los tanques de guerra a pasear por las principales calles de la ciudad? Ciudad transitada por los hombres y las mujeres que son la razón de ser de —y constituyen— la nación a la que, según el mandato constitucional, deben tutelar. (Este domingo 10 de abril, ya en la cámara secreta, segundos antes de emitir nuestro voto, ¿recordaremos este negro episodio que estampó su indeleble horror en la historia republicana del Perú?).