LAS NACIONES DEL PERÚ

El Perú, aquel territorio delimitado por unas líneas que reconoceríamos en cualquier mapa de América, es habitado por grupos humanos diferenciados entre sí. Es una patria que contiene varias decenas de naciones, no vinculadas entre ellas, más bien, muestran posturas irreconciliables. Más aún, cuando quienes, desde un privilegio concedido por el que llamaremos “Perú mayoritario” o costeño, para asumir la administración de sus intereses, pretende aplicar decisiones como si las personas afectadas, fueran o pertenecieran a grupos humanos homogéneos, y pero aún, como si aquellos grupos humanos fueran seres no pensantes o seres no racionales, o por constituir grupos minoritarios, carecieran del derecho fundamental de expresarse libremente. Desde el gobierno, entonces, se pretende aprobar medidas y aplicarlas sin considerar o ignorando los intereses diferenciados de todos los grupos afectos a dichas medidas. Para ello se afanan en tomar a la democracia, como un elemento que justificaría tales acciones gubernamentales. Con el discurso que en democracia, es menester “imponer” la voluntad de las mayorías, ninguneando a las minorías, ignoran u obvian descaradamente —por no decir, criminalmente— los intereses y anhelos, en suma, la cultura, de todos aquellos que conforman las llamadas “minorías”. Se contamina a la democracia con esas actitudes que generan mayor fragmentación social, y fomentan posturas que comienzan cuestionándola hasta llegar quizá a rechazarla y buscar una alternativa que la suplante. Considerar a la democracia como un mecanismo o como un estilo de vida que busca invisibilizar a las minorías, y si ello se hace desde una postura de poder político, es otorgarle cualidades que pertenecen o que le son propias a regímenes dictatoriales y tiranos y, por ende, criminales. El desconocer las diferencias culturales —las naciones— que habitan esta área geográfica que llamamos Perú, e intentar, mediante el uso de la fuerza pública (bien llamadas “fuerzas del orden” porque responden a las necesidades y demandas de un “orden” que no necesariamente toma en cuenta los intereses de los gobernados, y quizá ni siquiera, de los gobernantes, sino —y cada día los percibimos más claramente—, obedece a intereses ajenos y foráneos), este uso de la fuerza mella y crea heridas incurables, fragmentando aun mas a la sociedad que podríamos llamar “peruana”. En los sucesos de Bagua, donde los muertos aún no se han determinado ni todos los cadáveres se han encontrado, se ha evidenciado con toda claridad, las actitudes racistas, propias de un racismo criminal que en la historia ya ha quedado registrado con sus genocidios y hecatombes que la mayoría de seres racionales, hemos aprendido a abominarlo con todas nuestras fuerzas y sentimientos. Cuando el Jefe de Estado y Presidente de la República, a quien, nuestra Constitución Política le concede el papel de representar políticamente a la nación (entiéndase, a las naciones del Perú), se permite la crueldad de aludir a la presencia de ciudadanos de segunda clase, porque precisamente, son ciudadanos que expresan una cultura diferentes y hasta contradictoria a la cultura de la mayoría de ciudadanos que habitamos las áreas urbanas y, básicamente, la costa del país, y además, porque asumen una postura que discrepa y se enfrenta a las decisiones unilaterales de quienes, presumimos, los representan políticamente, es un Jefe de Estado, que está totalmente equivocado. Es un vil desatino. Pero dada la envergadura de su cargo, que no dudamos, lo ha obtenido gracias a la voluntad soberana de la ciudadanía expresada en las urnas, es una equivocación que hasta ahora ha costado dolorosas e inútiles muertes de compatriotas, sean estos hispanohablantes o no, uniformados o no, o como dirían nuestros salvajes conquistadores de hace 500 años, cristianos o no. Si bien el Mea culpa se ha dado públicamente, y acompañado de una pose y unos gestos de humildad y arrepentimiento, es necesario que aquellos se traduzcan en la promulgación de ciertas normas que penalicen próximos sucesos similares, en prevención de que vuelvan a suceder. (Artículo que publiqué en el Diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día sábado 04 de julio de 2009)

DESPUÉS DE LA TORMENTA, EL DIÁLOGO

A dos semanas de iniciada la huelga indefinida en la localidad de Andahuaylas y varios días de protestas en otras localidades de la región Cuzco, el día martes 23 de junio y mediante Resolución Suprema N° 212-2009-DE, el gobierno autorizó el ingreso de las fuerzas armadas para que, en coordinación con la Policía Nacional, preserven el orden y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en las zonas que lo requieran, en los departamentos de Apurimac, Cuzco y Junín. Inmediatamente, el Ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, afirmó que las Fuerzas Armadas harán lo que dispongan las normas legales. “Si éstas determinan que las Fuerzas Armadas den apoyo a la PNP, así lo haremos”, sentenció. El preludio de los desórdenes en la sierra centro, fue la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, contra los cuales se declararon en insurgencia las poblaciones amazónicas y nativas del nororiente peruano, dejando un trágico y lamentable saldo de 34 cadáveres, entre civiles y policías. En apoyo a esta insurgencia, los andahuaylinos iniciaron un paro indefinido, bloqueando carreteras y marchando por las calles y plazas de la ciudad, liderados por Félix Lazo Alvarado. Ha quedado en la memoria colectiva que el día 31 de diciembre de 2004, fallecieron 04 miembros de la Policía Nacional, cuando la comisaría de Andahuaylas (Apurimac) fue tomada por 120 reservistas al mando de Antauro Humala, líder del Movimiento Etnocacerista, pidiendo la renuncia de Alejandro Toledo, en ese entonces, Presidente de la República, y en defensa de la honorabilidad de su hermano Ollanta. Porque años atrás, Ollanta Humala, el 29 de octubre del año 2001 —el mismo día que Montesinos huía del país hacia Panamá—, también dirigió un movimiento insurgente en la localidad de Locumba (Toquepala, Moquegua), como lo escribiría después, en “defensa del Estado de Derecho y de la Constitución”. Andahuaylas tiene esa aureola de ser una zona poblada por personas que rápidamente toman las calles, plazas y carreteras, para hacer escuchar sus demandas y exigir la modificatoria o derogatoria de las decisiones políticas gubernamentales que consideran nocivas a sus intereses. Tienen el orgullo de ser descendientes de reconocidas sociedades prehispánicas como Chavín, Wari y Chankas. A estos últimos se les otorga una fiereza en los combates y el adjetivo de sanguinarios. Cualidades que, en estos días de protestas y confrontaciones con el gobierno de turno, algunos analistas y los propios andahuaylinos, han recordado. Unos, para analizar el conflicto; y otros, para elevar el orgullo y la moral combativa de los involucrados en él. No obstante, quizá inducido o en respuesta a esas actitudes confrontacionales, el Premier Yehude Simon, después de su papel de mediador, presentándose a dialogar con los campesinos protestantes de la sierra sur del país, haya declarado que “tenemos que demostrar que el Estado no tiene miedo”, y tampoco él. Siendo el Estado, el único ente a quien se le concede el uso legítimo de la fuerza, puede resultar inútil y hasta salvaje, utilizar sus recursos sólo para demostrar que es un Estado no miedoso. Aún así, logró la firma de un acta de compromiso de 33 puntos y la tregua de un mes, durante el cual, los manifestantes cesarán sus medidas de lucha, y el gobierno, estudiará las posibles soluciones al conflicto. Pero la congresista Keiko Fujimori, ha referido que el país necesita un Premier que actúe como gerente, y no como filósofo. Félix Lazo, Secretario General del SUTE de Andahuaylas, e integrante de la Comisión Nacional de Reforma del SUTEP (fracción dirigida por Robert Huaynalaya), es quien lidera el Comité de Lucha Provincial de Andahuaylas. Entre otras cosas, están pidiendo la renuncia de Alan García y la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos (ley Nº 29338, vigente desde el 31 de marzo del presente año). Del mismo modo, el Comité de Lucha Provincial de Canchis (Cuzco), se ha plegado a la lucha, iniciando un paro indefinido el 11 de junio. Recordemos que en octubre del año pasado, en Canchis, se produjeron hechos de protesta que fueron coordinados por la Asamblea de los Pueblos de la Macro Region Sur, que también desencadenaron en actos de violencia. A pesar que el artículo 2 de la cuestionada Ley de Recursos Hídricos, señala que “No hay propiedad privada sobre el agua”, en la manifestación campesina se han podido leer carteles que dicen “El agua no se vende”, entre otras frases similares. Todos estos hechos de violencia que perturban la tranquilidad pública y el normal desarrollo de las actividades en las zonas afectadas, generan lecturas diversas por parte de nuestros gobernantes. Jorge Del Castillo es de la opinión que ciertos grupos extremistas son los que provocan los hechos de violencia y que no quieren la solución de los conflictos. Y el Premier refiere que hay gente que sólo busca golpear “a cualquiera que sea gobierno”. A su turno, el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzáles, sospecha que en la movilización de los centenares de campesinos que participan en las protestas, y que vienen de otras provincias a la capital cuzqueña, se están invirtiendo grandes sumas de dinero, las cuales deben ser investigadas para determinar sus orígenes e identificar a los financistas. Yehude Simon, después del diálogo con los dirigentes y campesinos andahuaylinos, ha concluido que Andahuaylas es una zona olvidada, tiene compromisos olvidados y que la solución a sus problemas pasa por comprender que una mesa tiene 4 patas, refiriéndose a los cuatro elementos que deben participar en la administración de los conflictos: gobierno local, gobierno regional, gobierno central y la comunidad. “Yo he aprendido hoy día mucho” confesó el Premier. Y luego de sus esfuerzos invertidos en lograr el diálogo y acuerdos con las poblaciones en conflicto, para restaurar la tranquilidad pública, y siendo él quien está dando la cara y personificando al gobierno central en estos difíciles días para el país, declaró que no le teme a la censura que un grupo de parlamentarios estaban solicitando y que salió airoso el día jueves del Congreso de la República. Pero también había expresado que sí era censurado, explicaría que “estamos en un mundo al revés”. Esta ha sido la primera interpelación referente a la intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión y la presentación del congresista Aurelio Pastor, en el canal del Estado. En su intervención, el Premier, ratificó “el profundo respeto del gobierno por las libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento”, y también manifestó que el canal del Estado “tiene plena autonomía para definir su línea informativa”. No obstante, el Congreso aprobó una segunda interpelación al Premier, para que responda sobre los sucesos acaecidos en Bagua. Por su parte, el pronunciamiento que ha emitido el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, señala claramente que la “Democracia implica voluntad de las mayorías con respeto a los derechos de las minorías”, por lo tanto, la consulta ciudadana es indispensable para afirmar la democracia, mucho más en un país como el nuestro, el cual es habitado por un sinnúmero de “expresiones culturales”. En consecuencia, es plausible el llamado del Premier que hace a los grupos políticos para “defender la democracia”. (Artículo que publiqué en el Suplemento DOMINICAL del diario La Industria de Chiclayo, el día domingo 28 de junio del 2009.)

EL PERÚ SE CORTA LAS VENAS

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”, dice el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General, el 13 de setiembre del año 2007. Y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su artículo 6 dispone que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Nuestra CPP, en el artículo 89, también contempla que las Comunidades Campesinas y Nativas “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras”, además que “el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”. No cabe duda que esta vez, una decisión política equivocada ha sido la génesis de la sanguinolencia en la selva peruana. Pero en la visión del Presidente Alan García y del Premier Yehude Simon, la “desinformación”, en complicidad con caudillos no democráticos y con intereses foráneos que no quieren el desarrollo del Perú, han sido los grandes responsables de la masacre fratricida que ahora lamentamos. “Tener el anhelo y una vocación de paz no puede significar debilidad” dijo el Ministro de Defensa, después de los hechos que ensangrentaron el nororiente peruano, por ello el Estado “tiene que recurrir a todos los instrumentos constitucionales y legales que le son permitidos” para obtener la tranquilidad que todos queremos, sentenció. Indudablemente, las muertes acaecidas han producido el mismo profundo dolor en las familias afectadas. Peruanos y peruanas, sin discriminar su color de piel o su idioma materno o su concepción del mundo, han sido igualmente golpeadas y experimentan un dolor que quiebra toda fortaleza. Con uniforme o sin él, toda muerte es lamentable y amerita una investigación seria que determine a los responsables y culpables, a quienes ineludiblemente les toca enfrentarse a la ley y a la justicia. Son muchos los factores que están en juego y muchas las lecturas que podemos construir sobre esta desgracia que ha enlutado, por qué no decirlo, a todo el país. Y toda lectura responderá al grado de participación del observador, a la información que posea sobre los hechos, al perfil ideológico partidario que sostenga o a los intereses que defienda, y cómo no, también intervienen la capacidad de análisis que se tenga o los instrumentos de observación que se utilicen. Las comunidades nativas, se declararon en insurgencia, exigiendo la derogatoria de una norma legislativa decretada inconsultamente. El bendito D.L. 1090 fue declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución de Congreso de la República (el día martes 19 de mayo), y sólo estaba a la espera de su derogatoria por el Pleno. Los congresistas se empecinaron en conflictos casi domésticos que obstaculizaron tomar la decisión final al respecto, mientras que las poblaciones amazónicas permanecían en huelga durante más de cuarenta días, exigiendo la celeridad del caso. (El DL Nº 1090, fue aprobado el 27 de junio del año 2008, y luego fue modificado por la ley 29317, publicada el 14 de enero del presente año). Fue necesario más de medio centenar de cadáveres, para suspenderlo temporalmente, junto al DL Nº 1064. Decretos que para Beatriz Merino, no respetaban la identidad cultural de los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo también se manifestó sobre el decreto legislativo —que en un principio era cuestionado, y ahora, es cuestionado, repudiado y sangriento—, y se inclinó por su naturaleza anticonstitucional. No obstante, días atrás, la Defensora expresó su desacuerdo con el llamado a la insurgencia de los pueblos amazónicos que hiciera Alberto Pizango, porque no hay razones para ello; asimismo, invocó a las fuerzas armadas a que usen su poder respetando los derechos humanos, y exhortó al gobierno a que atienda las demandas de las poblaciones nativas. Al parecer, no fue escuchada. Este es un país de múltiples rostros. Múltiples miradas, múltiples razones, sentimientos y anhelos. Una multiplicidad no integrada, más bien, desvinculada de toda alternativa de construir un todo unificado. Este país continúa siendo lo que siglos atrás era: un proyecto. Un proyecto inconcluso que ahora cuesta vidas humanas pretender concretizarlo. El Perú costeño asume que todo tiene un precio y que nada es posible establecer entre dos o más personas si de por medio no está eso que llamamos “propiedad”, que nos permite trasladar de una mano a otra el usufructúo de algo; por otro lado, un Perú amazónico que dota de mayor prioridad a eso que nuestros antepasados consideraban “espíritu colectivo”, que también podemos interpretarlo como “propiedad comunal”, que posee una legitimidad que radica en lo ancestral. Es una disparidad de cosmovisiones que deviene en un conflicto entre lo “moderno” y lo “no moderno”. Una parte de esa confrontación (el Estado) se ve obligada a usar la fuerza en nombre de una legitimidad que pende de un hilo; mientras que la otra parte (las comunidades nativas), recurre a sus prácticas ancestrales que a nuestros ojos aparecen “horrorosas”. La degollación de varios miembros de la Policía Nacional, capturados, por ejemplo. El gobierno ha usado un discurso que pretende eximir de responsabilidades a sus ministros y a sus jefes policiales. El Primer Ministro y la Ministra del Interior, se resisten a dejar sus cargos a pesar que sus gestiones han mostrado resultados dolorosos; igualmente, la Ministra de Justicia, prefirió dirigir su mirada acusadora al Poder Judicial, según ella, porque demoraba en la captura de Alberto Pizango. Pero el Presidente de la Corte Suprema, no se quedó callado, y declaró que todo ha seguido su trámite regular. Sólo la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso Chirinos, ha presentado su renuncia irrevocable; renuncia que para Jorge Del Castillo, discrepando con Alan García, es un acto desleal y cobarde. Mercedes Cabanillas, en cambio, dijo en el Congreso que ella no renuncia porque no ha sido quien ha disparado contra los nativos. Pero la ironía de Javier Velásquez, si nos produce cierta gracia: “Los políticos sí somos capaces de ponernos de acuerdo”, dijo. Alan García ha insistido que las poblaciones nativas han actuado así porque se han dejado manipular. Le cuesta asumir que estas poblaciones, pueden también actuar de acuerdo a sus razonamientos e intereses propios. Al parecer, el gobierno considera que todo peruano o peruana que se opone o discrepa con sus decisiones o acciones, es un ser “no pensante”. También ha manifestado que intereses ajenos pretenden detener el desarrollo del Perú. Podemos entender que las ganancias que están obteniendo algunos grupos económicos en las dos últimas décadas, favoreciendo la recaudación tributaria, es el indicador que el gobierno utiliza para afirmar que el Perú se está desarrollando. Además, “desarrollo” es un término que sugiere una infinidad de nociones y acepciones. “Para nosotros el desarrollo no es sinónimo de ingresos y cifras macroeconómicas; para nosotros el desarrollo es la solidaridad, la igualdad y el manejo equilibrado de los recursos” declaró el Presidente de AIDESEP, quien en su oportunidad dijo que las conversaciones que había tenido con el premier y con el Presidente del Congreso, “no han servido de nada y han sido más bien una maniobra dilatoria”, para después concluir que están cansados de “las mecidas del gobierno”. Daysi Zapata es ahora la presidenta de AIDESEP, luego que Pizango obtuviera asilo político en la embajada de Nicaragua, el día 08 de junio, después que fuera rechazado por 03 países, según declaraciones del Ministro José Antonio García Belaúnde. Aún cuando la situación no se ha solucionado, y amerita la intervención conjunta de las fuerzas pacíficas del país, nos queda aunarnos a la invocación de la Defensora del Pueblo, dirigida a las autoridades, al mundo académico, a los medios de comunicación, “a escucharnos a nosotros mismos“.

LOS ROSTROS DEL PERÚ

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, observamos un fenómeno migratorio sin precedentes del campo a la ciudad, que algunos estudiosos llamaron la “descampenización del campo” y otros la “cholificación” de Lima, y hasta podríamos referirnos a este proceso como la “serranización” de la costa peruana. Este hecho provocó una especie de trauma social en los estratos sociales superiores de la capital y transformó a la costa, y especialmente a Lima, en franjas costeñas pluriculturales y altamente heterogéneas, que devinieron en fuentes de conflictos sociales cada año más complejos e insolubles. Tanto así que nuestro filósofo Sebastián Salazar Bondy se refirió a Lima como “La horrible”, y Mattos Mar como el desborde popular que fue capaz de transformar la formalidad de una gran ciudad en expansión en una informalidad incendiaria que amenazó, en la década de los 80, despedazar al Estado de derecho, según Hernando De Soto, llamándolo “el otro sendero”, en alusión al primer Sendero –brutalmente sangriento y criminal, por supuesto– que perseguía lo mismo, pero por medio de la lucha armada. Ello nos permitió percibir la variedad de naciones, diversas y pluriformes, que habitaban esta área geográfica que por alguna simpática e histórica razón, empezó a llamarse Perú. Son decenas de rostros, por no decir cientos o miles, que configuran este complejísimo país que no cesa en su lucha por convertirse en una gran sociedad, saludable y próspera, sin apartarse de los principios democráticos. Sin embargo, el Estado, con sus medidas muchas veces inconsultas en nombre de una legitimidad que le es dada, genera situaciones beneficiosas no equitativas, lo que nos proporciona la oportunidad de recordar que este país está poblado y formado por sociedades diversas y heterogéneas. En los últimos días, las comunidades amazónicas, indígenas o nativas, han tomado por asalto las carreteras, puentes, plazas y calles, con el mismo ímpetu como lo han hecho con las primeras planas y titulares noticiosos de todo el país. El Ejecutivo, optó por aprobar decretos leyes que las comunidades indígenas consideraron nocivas para sus intereses. Decretos que respondían al proceso de implementación del acuerdo de promoción comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América (TLC). Pero como sabemos, este Tratado fue firmado en medio de olas de protestas –también callejeras y algunas veces desbordantes– que algunos grupos políticos, instituciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil organizada, no aprobaban en su totalidad. Los pueblos amazónicos, están constituidas por pequeñas naciones bien organizadas (con sus propias leyes y costumbres), que tienen por lengua materna a idiomas diferentes al castellano. Las culturas que ellos y ellas, crean y recrean, expresan percepciones que difieren con las nuestras. El agua es de Dios, por ejemplo, por lo tanto no se puede vender; los recursos de sus bosques, pantanos y ríos, no pueden convertirse en bienes comerciales porque es parte de la naturaleza, y la naturaleza es sagrada, por lo tanto, no debe ser destruida. La tierra nos da la vida, el alimento, la salud; no debe ser usufructuada. Estos esquemas culturales, aparentemente intrascendentes, se convierten en la raíz que sostiene y alienta sus luchas en contra de medidas como el DL Nº 1090, aprobado en el mes de junio del año 2008, que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. “De esa forma –sin participación ciudadana–, no queremos la inversión privada” declaró un dirigente de las comunidades en pie de lucha, durante más de 40 días. “Nos quieren quitar nuestras tierras” (aludiendo a los decretos legislativos Nº 1015 y 1073), dicen los nativos; y aunque eso sea más mito que realidad, los aglutina de tal forma que son capaces de jaquear al Estado de derecho, y hacerlo retroceder en sus intenciones y objetivos, elaborados unilateralmente. La protesta ha sido tan continua y tenaz, que la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ha declarado la inconstitucionalidad de los decretos cuestionados, lo que devendrá en la derogación de los mismos. Pero Antonio Brack, Ministro del Ambiente, ha manifestado su pesar y desacuerdo con ese devenir. Pero “Los pueblos indígenas amazónicos no entienden el desarrollo igual que los gobiernos” acotó Alberto Pizango, representante de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, conformada por 64 pueblos indígenas, que representan a más de 1,300 comunidades dispersas en toda la amazonía peruana); también dijo que estaban dispuestos a morir defiendo sus tierras. “Si el Gobierno viene a matarnos, pues, que nos mate”, declaró. Hasta la CGTP y la CPS (Coordinadora Política Social), realizaron una marcha por la ciudad de Lima hasta llegar a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en apoyo a la protesta de las comunidades amazónicas. Sin embargo, para Mayta Cápac Alatrista Herrera, titular del INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano), la protesta de las sociedades amazónicas, “es producto de una mala información” que les es proporcionada por personajes que no piensan en función del país, sino, de grupos organizados. Pero olvida que nuestro país es, precisamente, una compleja red de grupos sociales organizados, muy diferenciados y hasta irreconciliables. Es un país profundamente fragmentado. En sí, lo que exigen y por lo que protestan las comunidades amazónicas, es el hecho de haber aprobado leyes que afectan sus costumbres y modos de vida, sin su participación. Aunque el Premier Yehude Simon haya repetido que el gobierno tiene un “profundo respeto por las comunidades nativas”, así como un “profundo deseo de diálogo”, de escuchar sus problemas y de buscar juntos las soluciones más convenientes. Pero a la mesa de diálogo que se instaló, no asistieron los representantes de los pueblos amazónicos. Por otro lado, el Partido Nacionalista y la bancada nacionalista, responsabilizan al Presidente Alan García, a la bancada aprista y al Partido Aprista, de “no dar soluciones” a la problemática de los pueblos amazónicos. Por su parte, Javier Velásquez, Presidente del Congreso, ha manifestado que muchos han apoyado la derogatoria del DL Nº 1090, sin conocer su real contenido; pero consideró un error del gobierno no haber realizado una adecuada y oportuna difusión de las normas que originaron las protestas en contra de su vigencia. El Estado nuevamente es, en este caso, la fuente de las discordias al aferrarse a una sola visión unilateral de la realidad peruana, al aplicar una óptica inflexible y muchas veces intolerante ante las demandas y exigencias de sus grupos organizados. El conflicto generado por la vigencia o no de los decretos legislativos altamente cuestionados, no es sólo entre bancadas ideológico-partidarias en el Congreso, sino, entre éste poder y el Ejecutivo. Fue el día 14 de mayo, cuando los congresistas integrantes del Grupo Especial “Compromiso Democrático”, presentaron oficialmente el Proyecto de Ley Nº 3266/2008-CR que deroga 08 decretos legislativos, entre ellos el DL Nº 1090. (En su exposición de motivos, el Proyecto de Ley, señala que la protesta de los pueblos indígenas ha alcanzado niveles de lucha permanente, generando “una inestabilidad política que afecta la inversión y el desarrollo sostenible de la Amazonía”). Pero fue el martes 19 de mayo, cuando la Comisión de Constitución del Congreso, aprobó por mayoría la inconstitucionalidad del cuestionado DL, en respuesta a la propuesta de su derogatoria sustentada por el congresista Daniel Abugattás, amparándose en el artículo 66 de la CPP, el cual señala que sólo mediante ley orgánica puede regularse lo que pretendía hacerlo el DL Nº 1090. No obstante, hasta el cierre de esta edición, estaba en espera su debate en el Pleno del Congreso, para su respectiva aprobación y la definitiva derogación del indicado decreto legislativo. Con este hecho, queda garantizado el derecho de propiedad de las comunidades nativas sobre las tierras que ocupan y poseen, han declarado sus defensores, quienes también lo consideran un triunfo y un avance hacia la armonía y la paz en la amazonía. Mientras que el representante de AIDESEP, Alberto Pizango, declara que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma contra la cual se declararon en insurgencia, muestra que sus reclamos han sido “justos”. Una lógica disparidad de opiniones y pareceres –aunque poco deseable y seriamente preocupante–, en un país de múltiples rostros. (Artículo que publiqué en el suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día domingo 24 de mayo de 2009)