DESPUÉS DE LA TORMENTA, EL DIÁLOGO

A dos semanas de iniciada la huelga indefinida en la localidad de Andahuaylas y varios días de protestas en otras localidades de la región Cuzco, el día martes 23 de junio y mediante Resolución Suprema N° 212-2009-DE, el gobierno autorizó el ingreso de las fuerzas armadas para que, en coordinación con la Policía Nacional, preserven el orden y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en las zonas que lo requieran, en los departamentos de Apurimac, Cuzco y Junín. Inmediatamente, el Ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, afirmó que las Fuerzas Armadas harán lo que dispongan las normas legales. “Si éstas determinan que las Fuerzas Armadas den apoyo a la PNP, así lo haremos”, sentenció. El preludio de los desórdenes en la sierra centro, fue la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, contra los cuales se declararon en insurgencia las poblaciones amazónicas y nativas del nororiente peruano, dejando un trágico y lamentable saldo de 34 cadáveres, entre civiles y policías. En apoyo a esta insurgencia, los andahuaylinos iniciaron un paro indefinido, bloqueando carreteras y marchando por las calles y plazas de la ciudad, liderados por Félix Lazo Alvarado. Ha quedado en la memoria colectiva que el día 31 de diciembre de 2004, fallecieron 04 miembros de la Policía Nacional, cuando la comisaría de Andahuaylas (Apurimac) fue tomada por 120 reservistas al mando de Antauro Humala, líder del Movimiento Etnocacerista, pidiendo la renuncia de Alejandro Toledo, en ese entonces, Presidente de la República, y en defensa de la honorabilidad de su hermano Ollanta. Porque años atrás, Ollanta Humala, el 29 de octubre del año 2001 —el mismo día que Montesinos huía del país hacia Panamá—, también dirigió un movimiento insurgente en la localidad de Locumba (Toquepala, Moquegua), como lo escribiría después, en “defensa del Estado de Derecho y de la Constitución”. Andahuaylas tiene esa aureola de ser una zona poblada por personas que rápidamente toman las calles, plazas y carreteras, para hacer escuchar sus demandas y exigir la modificatoria o derogatoria de las decisiones políticas gubernamentales que consideran nocivas a sus intereses. Tienen el orgullo de ser descendientes de reconocidas sociedades prehispánicas como Chavín, Wari y Chankas. A estos últimos se les otorga una fiereza en los combates y el adjetivo de sanguinarios. Cualidades que, en estos días de protestas y confrontaciones con el gobierno de turno, algunos analistas y los propios andahuaylinos, han recordado. Unos, para analizar el conflicto; y otros, para elevar el orgullo y la moral combativa de los involucrados en él. No obstante, quizá inducido o en respuesta a esas actitudes confrontacionales, el Premier Yehude Simon, después de su papel de mediador, presentándose a dialogar con los campesinos protestantes de la sierra sur del país, haya declarado que “tenemos que demostrar que el Estado no tiene miedo”, y tampoco él. Siendo el Estado, el único ente a quien se le concede el uso legítimo de la fuerza, puede resultar inútil y hasta salvaje, utilizar sus recursos sólo para demostrar que es un Estado no miedoso. Aún así, logró la firma de un acta de compromiso de 33 puntos y la tregua de un mes, durante el cual, los manifestantes cesarán sus medidas de lucha, y el gobierno, estudiará las posibles soluciones al conflicto. Pero la congresista Keiko Fujimori, ha referido que el país necesita un Premier que actúe como gerente, y no como filósofo. Félix Lazo, Secretario General del SUTE de Andahuaylas, e integrante de la Comisión Nacional de Reforma del SUTEP (fracción dirigida por Robert Huaynalaya), es quien lidera el Comité de Lucha Provincial de Andahuaylas. Entre otras cosas, están pidiendo la renuncia de Alan García y la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos (ley Nº 29338, vigente desde el 31 de marzo del presente año). Del mismo modo, el Comité de Lucha Provincial de Canchis (Cuzco), se ha plegado a la lucha, iniciando un paro indefinido el 11 de junio. Recordemos que en octubre del año pasado, en Canchis, se produjeron hechos de protesta que fueron coordinados por la Asamblea de los Pueblos de la Macro Region Sur, que también desencadenaron en actos de violencia. A pesar que el artículo 2 de la cuestionada Ley de Recursos Hídricos, señala que “No hay propiedad privada sobre el agua”, en la manifestación campesina se han podido leer carteles que dicen “El agua no se vende”, entre otras frases similares. Todos estos hechos de violencia que perturban la tranquilidad pública y el normal desarrollo de las actividades en las zonas afectadas, generan lecturas diversas por parte de nuestros gobernantes. Jorge Del Castillo es de la opinión que ciertos grupos extremistas son los que provocan los hechos de violencia y que no quieren la solución de los conflictos. Y el Premier refiere que hay gente que sólo busca golpear “a cualquiera que sea gobierno”. A su turno, el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzáles, sospecha que en la movilización de los centenares de campesinos que participan en las protestas, y que vienen de otras provincias a la capital cuzqueña, se están invirtiendo grandes sumas de dinero, las cuales deben ser investigadas para determinar sus orígenes e identificar a los financistas. Yehude Simon, después del diálogo con los dirigentes y campesinos andahuaylinos, ha concluido que Andahuaylas es una zona olvidada, tiene compromisos olvidados y que la solución a sus problemas pasa por comprender que una mesa tiene 4 patas, refiriéndose a los cuatro elementos que deben participar en la administración de los conflictos: gobierno local, gobierno regional, gobierno central y la comunidad. “Yo he aprendido hoy día mucho” confesó el Premier. Y luego de sus esfuerzos invertidos en lograr el diálogo y acuerdos con las poblaciones en conflicto, para restaurar la tranquilidad pública, y siendo él quien está dando la cara y personificando al gobierno central en estos difíciles días para el país, declaró que no le teme a la censura que un grupo de parlamentarios estaban solicitando y que salió airoso el día jueves del Congreso de la República. Pero también había expresado que sí era censurado, explicaría que “estamos en un mundo al revés”. Esta ha sido la primera interpelación referente a la intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión y la presentación del congresista Aurelio Pastor, en el canal del Estado. En su intervención, el Premier, ratificó “el profundo respeto del gobierno por las libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento”, y también manifestó que el canal del Estado “tiene plena autonomía para definir su línea informativa”. No obstante, el Congreso aprobó una segunda interpelación al Premier, para que responda sobre los sucesos acaecidos en Bagua. Por su parte, el pronunciamiento que ha emitido el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, señala claramente que la “Democracia implica voluntad de las mayorías con respeto a los derechos de las minorías”, por lo tanto, la consulta ciudadana es indispensable para afirmar la democracia, mucho más en un país como el nuestro, el cual es habitado por un sinnúmero de “expresiones culturales”. En consecuencia, es plausible el llamado del Premier que hace a los grupos políticos para “defender la democracia”. (Artículo que publiqué en el Suplemento DOMINICAL del diario La Industria de Chiclayo, el día domingo 28 de junio del 2009.)