EL PERÚ SE CORTA LAS VENAS

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”, dice el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General, el 13 de setiembre del año 2007. Y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su artículo 6 dispone que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Nuestra CPP, en el artículo 89, también contempla que las Comunidades Campesinas y Nativas “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras”, además que “el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”. No cabe duda que esta vez, una decisión política equivocada ha sido la génesis de la sanguinolencia en la selva peruana. Pero en la visión del Presidente Alan García y del Premier Yehude Simon, la “desinformación”, en complicidad con caudillos no democráticos y con intereses foráneos que no quieren el desarrollo del Perú, han sido los grandes responsables de la masacre fratricida que ahora lamentamos. “Tener el anhelo y una vocación de paz no puede significar debilidad” dijo el Ministro de Defensa, después de los hechos que ensangrentaron el nororiente peruano, por ello el Estado “tiene que recurrir a todos los instrumentos constitucionales y legales que le son permitidos” para obtener la tranquilidad que todos queremos, sentenció. Indudablemente, las muertes acaecidas han producido el mismo profundo dolor en las familias afectadas. Peruanos y peruanas, sin discriminar su color de piel o su idioma materno o su concepción del mundo, han sido igualmente golpeadas y experimentan un dolor que quiebra toda fortaleza. Con uniforme o sin él, toda muerte es lamentable y amerita una investigación seria que determine a los responsables y culpables, a quienes ineludiblemente les toca enfrentarse a la ley y a la justicia. Son muchos los factores que están en juego y muchas las lecturas que podemos construir sobre esta desgracia que ha enlutado, por qué no decirlo, a todo el país. Y toda lectura responderá al grado de participación del observador, a la información que posea sobre los hechos, al perfil ideológico partidario que sostenga o a los intereses que defienda, y cómo no, también intervienen la capacidad de análisis que se tenga o los instrumentos de observación que se utilicen. Las comunidades nativas, se declararon en insurgencia, exigiendo la derogatoria de una norma legislativa decretada inconsultamente. El bendito D.L. 1090 fue declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución de Congreso de la República (el día martes 19 de mayo), y sólo estaba a la espera de su derogatoria por el Pleno. Los congresistas se empecinaron en conflictos casi domésticos que obstaculizaron tomar la decisión final al respecto, mientras que las poblaciones amazónicas permanecían en huelga durante más de cuarenta días, exigiendo la celeridad del caso. (El DL Nº 1090, fue aprobado el 27 de junio del año 2008, y luego fue modificado por la ley 29317, publicada el 14 de enero del presente año). Fue necesario más de medio centenar de cadáveres, para suspenderlo temporalmente, junto al DL Nº 1064. Decretos que para Beatriz Merino, no respetaban la identidad cultural de los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo también se manifestó sobre el decreto legislativo —que en un principio era cuestionado, y ahora, es cuestionado, repudiado y sangriento—, y se inclinó por su naturaleza anticonstitucional. No obstante, días atrás, la Defensora expresó su desacuerdo con el llamado a la insurgencia de los pueblos amazónicos que hiciera Alberto Pizango, porque no hay razones para ello; asimismo, invocó a las fuerzas armadas a que usen su poder respetando los derechos humanos, y exhortó al gobierno a que atienda las demandas de las poblaciones nativas. Al parecer, no fue escuchada. Este es un país de múltiples rostros. Múltiples miradas, múltiples razones, sentimientos y anhelos. Una multiplicidad no integrada, más bien, desvinculada de toda alternativa de construir un todo unificado. Este país continúa siendo lo que siglos atrás era: un proyecto. Un proyecto inconcluso que ahora cuesta vidas humanas pretender concretizarlo. El Perú costeño asume que todo tiene un precio y que nada es posible establecer entre dos o más personas si de por medio no está eso que llamamos “propiedad”, que nos permite trasladar de una mano a otra el usufructúo de algo; por otro lado, un Perú amazónico que dota de mayor prioridad a eso que nuestros antepasados consideraban “espíritu colectivo”, que también podemos interpretarlo como “propiedad comunal”, que posee una legitimidad que radica en lo ancestral. Es una disparidad de cosmovisiones que deviene en un conflicto entre lo “moderno” y lo “no moderno”. Una parte de esa confrontación (el Estado) se ve obligada a usar la fuerza en nombre de una legitimidad que pende de un hilo; mientras que la otra parte (las comunidades nativas), recurre a sus prácticas ancestrales que a nuestros ojos aparecen “horrorosas”. La degollación de varios miembros de la Policía Nacional, capturados, por ejemplo. El gobierno ha usado un discurso que pretende eximir de responsabilidades a sus ministros y a sus jefes policiales. El Primer Ministro y la Ministra del Interior, se resisten a dejar sus cargos a pesar que sus gestiones han mostrado resultados dolorosos; igualmente, la Ministra de Justicia, prefirió dirigir su mirada acusadora al Poder Judicial, según ella, porque demoraba en la captura de Alberto Pizango. Pero el Presidente de la Corte Suprema, no se quedó callado, y declaró que todo ha seguido su trámite regular. Sólo la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso Chirinos, ha presentado su renuncia irrevocable; renuncia que para Jorge Del Castillo, discrepando con Alan García, es un acto desleal y cobarde. Mercedes Cabanillas, en cambio, dijo en el Congreso que ella no renuncia porque no ha sido quien ha disparado contra los nativos. Pero la ironía de Javier Velásquez, si nos produce cierta gracia: “Los políticos sí somos capaces de ponernos de acuerdo”, dijo. Alan García ha insistido que las poblaciones nativas han actuado así porque se han dejado manipular. Le cuesta asumir que estas poblaciones, pueden también actuar de acuerdo a sus razonamientos e intereses propios. Al parecer, el gobierno considera que todo peruano o peruana que se opone o discrepa con sus decisiones o acciones, es un ser “no pensante”. También ha manifestado que intereses ajenos pretenden detener el desarrollo del Perú. Podemos entender que las ganancias que están obteniendo algunos grupos económicos en las dos últimas décadas, favoreciendo la recaudación tributaria, es el indicador que el gobierno utiliza para afirmar que el Perú se está desarrollando. Además, “desarrollo” es un término que sugiere una infinidad de nociones y acepciones. “Para nosotros el desarrollo no es sinónimo de ingresos y cifras macroeconómicas; para nosotros el desarrollo es la solidaridad, la igualdad y el manejo equilibrado de los recursos” declaró el Presidente de AIDESEP, quien en su oportunidad dijo que las conversaciones que había tenido con el premier y con el Presidente del Congreso, “no han servido de nada y han sido más bien una maniobra dilatoria”, para después concluir que están cansados de “las mecidas del gobierno”. Daysi Zapata es ahora la presidenta de AIDESEP, luego que Pizango obtuviera asilo político en la embajada de Nicaragua, el día 08 de junio, después que fuera rechazado por 03 países, según declaraciones del Ministro José Antonio García Belaúnde. Aún cuando la situación no se ha solucionado, y amerita la intervención conjunta de las fuerzas pacíficas del país, nos queda aunarnos a la invocación de la Defensora del Pueblo, dirigida a las autoridades, al mundo académico, a los medios de comunicación, “a escucharnos a nosotros mismos“.