viernes, 3 de abril de 2009

EL OTRO RITMO DEL CHINO

“Para que haya una política, tiene que estar por escrito, sino ¿Cómo se aplicaría?”, dijo Alberto Fujimori en una de sus respuestas en la sétima audiencia del juicio que se le sigue por violación a los derechos humanos, en los casos específicos de Barrios Altos y la Cantuta, realizada el día miércoles 26 de diciembre, en la sede de la Diroes, en el distrito de Ate. Esta vez, el interrogador, fue su abogado Cesar Nakazaki. Negó rotundamente la existencia de una política paralela a la llevada a cabo abiertamente por el Estado y su gobierno, respetuosa de la vida y la persona humana. Negó haber conocido la existencia del llamado destacamento Colina y de sus acciones criminales y clandestinas. Y respecto del documento “Plan Sipango”, que considera apócrifo, también niega su carácter oficial que diversas investigaciones periodísticas y otras fuentes, le otorgan. Pero la CVR, en su informe final, señala que “dada la estructura de mando y de toma de decisiones en el régimen de facto, esos crímenes no pudieron ser cometidos sin el conocimiento y la aprobación del presidente Fujimori y de Vladimiro Montesinos”. “No hubo directivas para asesinar” expresó en otra parte de sus respuestas. También aclaró, no haber recibido informaciones sobre desapariciones de parte del Ministro de Defensa, y además, dijo, él no comandaba la lucha contra la subversión, porque no es militar. Negó la existencia de una política contrainsurgente, que durante la administración norteamericana del señor Ronald Reagan, se denominó “conflicto de baja intensidad”, lo que en el lenguaje no técnico, se denomina “guerra sucia”. Indicó que la política contrasubversiva durante su gobierno, respetaba el principio del “soldado amigo” y del “policía inteligente” con “pleno respeto a los derechos humanos”. Analizando las respuestas dadas desde que inició el juzgamiento, puede concluirse que nadie conocía lo que todo el mundo da por cierto, en base a informaciones e investigaciones periodísticas. Hasta podría argumentarse que los asesinatos perpetrados, que son materia del juzgamiento, han sido hechos por fantasmas o por extrañas manos que han inventado quienes lo persiguen política y judicialmente, quizás, por el solo hecho de ser un “chinito” diferente a nosotros. Aunque, desde un inicio, nos advirtió, que no era ningún “caído del palto”. Sabe aprovechar la menor oportunidad, para enfatizar sobre el triunfo logrado en la lucha contra la subversión armada. Y sabe también –lo que para algunos, otorga un matiz dramaturgo y circense, a este juicio—, eludir las respuestas como ya, en su momento y tajantemente, lo señaló el fiscal adjunto, Avelino Guillén, pidiéndole que no lo haga. El presidente del tribunal, Cesar San Martín, también le enrostró esta actitud, a él y a su defensa, el abogado Cesar Nakazaki, exigiendo que sean claros en sus respuestas. Dada su condición de exgobernante del país, este juicio, difícilmente puede desprenderse de esa aureola política que lo acompaña en todo momento y que pretende deslegitimar o subestimar la esencia jurídica que le pertenece. Las opiniones discrepantes al respecto, hacen lo suyo. Pero, indudablemente, aquí se está juzgando acciones u omisiones que contribuyeron a la ejecución de una política sistemática de violación a los derechos humanos que, difícil negarlo, se produjo en el país —en este caso concreto—, en la década 1990-2000. Y Alberto Fujimori, fue el Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, su primer deber y tarea, era “cumplir y hacer cumplir la ley”. El grupo Colina “no era un grupo de militares locos que actuaban por su cuenta y hacían lo que querían” reconoce Santiago Martín Rivas, en una entrevista concedida al periodista Humberto Jara (“Ojo por ojo”, 2003). Luego señala que “no se puede hacer una guerra si no hay decisión política”. Pero esta decisión política se plasma en un papel que, en este caso, son directivas, órdenes para ser cumplidas, aunque Fujimori le niegue este carácter. Él, da directivas; no, órdenes, enfatizó en una audiencia anterior. La Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo (ADDCOT), constituida por oficiales del Ejercito Peruano en situación de retiro, que tuvieron participación en la lucha contra el terrorismo en zonas declaradas en estado de emergencia, en su publicación del año 2003 (“Omisiones a la Verdad”), adjuntan como apéndice “E”, un pronunciamiento, en el que, en uno de sus acápites señala: “… Aunque la represión haya comportado reprobables abusos, ella fue en sí misma necesaria y legítima”. En suma, los miembros de esta asociación, no niegan la existencia de acciones que atentaron contra los llamados Derechos Humanos; no obstante, de una u otra manera, la explican, interpretan o justifican. Entonces, en su momento, asumió o asumieron esa responsabilidad, personas de carne y hueso; y el juicio que se le sigue a Fujimori, persigue ese objetivo. Descubrir quién o quiénes son, dónde están, y aplicarles la pena que la ley señala. Fujimori, también reconoció excesos condenables en la lucha contra la subversión —aunque niega haberlos ordenado—; por ello, en la audiencia anterior, pidió disculpas a los familiares de las víctimas. La sociedad en su conjunto —nacional e internacional—, anhela una explicación coherente y efectiva de los hechos que son materia de juzgamiento. El Poder Judicial, institución legítima del Estado de derecho, asume hoy, el gran reto de revelar su capacidad de administrar justicia, sea quien fuere, el que está sentado en el banquillo de los acusados. Sin olvidar, que la presunción de inocencia perdura, hasta que se pruebe lo contrario, evidentemente. (Artículo que publiqué en la página política del suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo del día 30 de diciembre del año 2007)

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