CONTRALORIA BAJO CONTROL

De los petroaudios hemos pasado a Petro Tech, dejando en el camino un sinnúmero de intrigas sin resolver, sospechas en ebullición y chuponeadores que han resultado chuponeados en un país donde parece que el delito se enfrenta al delito en nombre de voluntades que sugieren perseguir como objetivo final “respetar” la ley. En medio de este “faenón” de anécdotas como resultado de una comunidad de políticos y afines, que por ahora, no tienen otro norte que llegar al 2011 —o algunos meses antes, si la elección de autoridades municipales y regionales, se lo permiten y ameritan— con un buen porcentaje del electorado, sino seducido, por lo menos, encandilados con sus propuestas, discursos y fotografías de primeras planas que prometan ser los posibles protagonistas del próximo quinquenio gubernamental. Aun no resuelto el incidente balístico que no sólo atemorizó —y que bien pudo haber afectado grave o fatalmente— a la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, sino a todos los peruanos que añoramos un país democrático y libre, mas aun cuando el suboficial Manuel Silva, testigo clave en la investigación policial todavía en curso, es víctima de amenazas contra su vida; permanece en escena el nombramiento, después del primer intento vergonzosamente frustrado, del ciudadano o ciudadana que asumirá el cargo de Contralor de la República. Después de la documentación apócrifa que presentara Ingrid Soraya Suárez Velarde en su currículo documentado, que fue motivo de la suspensión de su nombramiento y anulación de todo el proceso de elección, ahora resulta que son una docena los potenciales candidatos al cargo, que Alan García ya se ha manifestado a favor de una “transformación sustantiva” de la institución. Beatriz Merino, defensora del Pueblo, fue de la misma opinión, pero agregó que debería hacerse cuando ya esté nombrado el nuevo Contralor. Siendo la Contraloría una institución pública, su Ley Orgánica señala que tiene por misión “dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control, gubernamental”, y el control gubernamental consiste en “supervisar, vigilar y supervisar los actos y resultados de la gestión pública”. Pero además y lo más importante, es también su misión, contribuir “con la ciudadanía para su adecuada participación en el control, social”. Lo que la aleja del absurdo si en algún momento la hemos considerado una institución del Estado para controlar al propio Estado. La ciudadanía, juega un papel, quizás el más importante, en su misión que le toca desempeñar. Por ello, una de sus atribuciones es “Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía”, y mientras éstas estén en curso, tanto el contenido de la denuncia como la identidad del o de los denunciantes, se protegen por el principio de reserva. En este sentido, y aunque Alan García haya tildado de “paquidérmica” a la máxima institución de control del país, porque “pone restricciones a todo”, el nombramiento del nuevo Contralor, además de contar con la probación del equipo de funcionarios responsables de su nombramiento, necesita contar con el aval de la ciudadanía, porque a fin de cuentas, es a ella a quien se debe y a quien debería responder. De lo contrario, todo quedaría compactado en el reducido círculo de los “cerebros” que dirigen el país y que siempre toman decisiones que, de una u otra manera, nos afectan todos. Pero resulta que ahora, cada agrupación política esta esforzándose en imponer su candidato al puesto de nuevo Contralor de la República; no hay otra manera de explicar el número postulantes al cargo que han sido oficializados en medio de protestas y descontentos, sazonando el medio gubernamental más allá de los limites que nos acercan al escándalo, o al ridículo. El congresista Yonhy Lescano, por ejemplo, ha manifestado que la docena de postulantes, es discriminatoria y poco democrática porque no representan a todas las fuerzas políticas que conviven en el Congreso, y ha dejado entrever que Alan García sólo ha convocado a sus aliados. Todo ello nos provoca una sola sensación. Que en este país, la función de control gubernamental no es realmente imparcial, y a razón de los denodados esfuerzos invertidos por cada uno de los grupos con representación parlamentaria en presentar su candidato y en anhelar su nombramiento, es de suponer que la institución contralora asume un papel que obedece a intereses particulares y no a los intereses de la nación como la ley manda. Una raya más al tigre, no lo convierte en cebra, diría algún anónimo sabio. (Este artículo lo publiqué en la página política del Suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo, el día 15 de febrero de 2009)