lunes, 30 de marzo de 2009

EL TEXTO DE LA DISCORDIA

“El gobierno aprista optó por combinar acciones de represión militar con programas de ayuda social” se lee en la página 206 del controvertido texto de ciencias sociales para secundaria publicado por el Grupo Editorial Norma; texto que para la congresista Mercedes Cabanillas, ex ministra de Educación, hace apología de terrorismo. En otra parte (página 20), se lee que “en un primer momento, una serie de errores políticos y militares condujo a la agudización del conflicto” haciendo referencia al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), periodo en el cual se autoriza a las fuerzas armadas a intervenir en la resolución del conflicto, Más adelante, en la página 28, alude a “los excesos de los miembros de las fuerzas armadas” como causantes de gran parte de la muerte y destrucción que padeció el país. Pero también habla que a pesar de ello, las fuerzas armadas lograron derrotar el terrorismo, fenómeno que estuvo vinculado al narcotráfico. A cinco años de la entrega al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las posturas mostradas en torno a él, permanecen intactas y hasta irreconciliables. Por un lado, quienes no aceptan y consideran una cosa increíble que nuestras fuerzas armadas hayan combatido a la subversión armada haciendo uso de una represión indiscriminada y feroz “casi tan violenta como aquella que enfrentaban”, como lo dice el texto de la discordia; y por otro lado, quienes optan por pensar y creer que sólo las fuerzas armadas constituyeron el grupo de los “malos”, por lo tanto, merecen todas las sanciones por lo crímenes sucedidos en aquel periodo de nuestra historia republicana que no sólo nos aterra y nos avergüenza, sino, ya quisiéramos aniquilarlo de nuestras memorias. Los unos anhelan que no se hable más de ese fatídico periodo ya que las heridas cerrarán con el paso del tiempo; los otros, anhelan e invierten mucho esfuerzo en difundir abiertamente y desde una óptica unilateral, los sucesos más sanguinarios de esa historia que a pesar de los años transcurridos, podemos sostener que no conocemos a cabalidad. Y nuevamente la escuela emerge y se ubica en el centro del debate. La CVR ha señalado que la escuela fue un instrumento de SL para irradiar su ideología de la violencia, y hoy en día, para algunos, por medio de ese texto polémico, la escuela vuelve a realizar esa perniciosa tarea: atizar las diferencias socio-culturales e ideológico-políticas, dañando y entorpeciendo la integración nacional que tanta falta nos hace. De tal denuncia, directamente afectado ha resultado el Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler, de quien han pedido su renuncia al cargo porque según la congresista Cabanillas –quien ha pedido que no se politice el tema–, es quien tiene la responsabilidad de revisar dicho texto que distorsiona la realidad peruana referente a las décadas de la violencia armada que vivió el país. El texto no condena los crímenes de SL y del MRTA, y a las FFAA las presenta como genocidas, entre otras cosas, ha señalado la congresista denunciante. Una fotografía en calidad “sello de agua” de medio cuerpo del Presidente de la República, mostrando una jovial y saludable sonrisa, en la contratapa de la carátula del texto en cuestión, no ha disuadido a su compañera de partido, la Dra. Mercedes Cabanillas, de presentar la denuncia ante la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial en la persona del fiscal Luis Javier Ramírez Cancho, quien dispuso que fuera la Dircote, la institución encargada de concluir si el texto hacía o no apología de terrorismo. Al respecto, el Dr. Andrés Cardó Franco, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), mostró su desacuerdo con la decisión del fiscal Ramírez Cancho porque un material escolar “debe verse en el ámbito pedagógico, porque es un material que está al servicio de los alumnos” manifestó. El profesor Juan Borea Odría, otro miembro del CNE, ha señalado que después de leer el mencionado texto, no han encontrado “en ningún lugar cosas que hagan apología al terrorismo”, además de ser un texto que se ajusta al diseño curricular nacional de la educación básica del Ministerio de Educación. La idea de la revisión del texto por parte de la Dircote, tampoco es compartida por Luis Jaime Cisneros, ex Presidente de la Academia Peruana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española –y también miembro del CNE–, y ha expresado su desconcierto porque la Dircote no es especialista en asuntos pedagógicos. Ha expresado que décadas atrás, un texto escolar sólo podía ofrecer oportunidades para memorizar información, pero ahora, “la duda y el debate son vías indispensables para conocer el conocimiento”, aludiendo al controversial texto. El Consejo Nacional de Educación nace en el año 2002 y aspira a consolidarse como “la instancia impulsora de los consensos y orientación de la educación nacional”; en tal sentido, “la reflexión sobre la educación del futuro y sus implicancias en las decisiones de corto plazo” es uno de sus ámbitos fundamentales de actuación. Por ello, se ha manifestado sobre el polémico texto, y ha concluido que “es adecuado para la enseñanza de las Ciencias Sociales”. En su Boletín Nº 13, señala que es importante “que los estudiantes conozcan la historia contemporánea del país y que fundamentalmente se formen un juicio propio como futuros ciudadanos”, porque el alumno que termina el quinto año de secundaria “debe estar en condiciones de pensar y razonar por su cuenta”. La fiscal Fanny Escajadillo Lock, que reemplaza al fiscal Ramírez Cancho, ya emitió una disposición que deja sin efecto la de su colega removido, porque considera que la Dircote no tiene competencia para esa labor. Ello merece un gesto de satisfacción para quienes apuestan por una educación que promueva y facilite el intercambio de opiniones divergentes, la tolerancia y el respeto por las diferencias en aras de una convivencia humana saludable y equilibrada. En ella está implícita, por supuesto, un permanente ejercicio de ciudadanía. El Consejo Nacional de Educación, que “ha realizado el análisis del texto de Ciencias Sociales, en el marco de la Constitución Política del Perú, de la Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional y en el ámbito estrictamente pedagógico”, ha concluido que “al Perú le interesa que la escuela cumpla con el deber de enseñar a razonar, a criticar y a ejercer (su) opinión personal” frente a los diversos acontecimientos políticos, sociales y culturales que observamos; porque –continúa el CNE–, uno de los irrecusables objetivos de la escuela es ayudar a que el estudiante se descubra como ‘persona’ y asuma una actitud crítica, como ‘ciudadano’. Por lo tanto, no olvidar que los estudiantes, también son seres pensantes; en efecto, no necesitan de ningún “iluminado” que les indique el “camino correcto”. (Artículo que publiqué en la página política del Suplemento Dominical del Diario La Industria de Chiclayo, el día domingo 05 de octubre de 2008.)

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