miércoles, 25 de marzo de 2009

PRINCIPIO DE AUTORIDAD EN CUESTIÓN



Las investigaciones sobre el “chuponeo” y los “petroaudios”, el retorno de Luis Carranza al MEF, el nombramiento de Ingrid Suárez como Contralora de la república, y hasta la apoteósica toma de mando en el país del norte por un hombre “de color”; han ocupado un lugar secundario después de la tragedia donde perdieron la vida dos agentes de la PNP el martes último.
Aun no hemos olvidado los sucesos de Moquegua (junio 2008), en los cuales quedó comprometida la eficiencia de la Policía y la seguridad de sus miembros al convertirse en rehenes de la población enardecida que peleaba por mantener los beneficios del canon minero que pronto serían modificados por un decreto supremo; cuando dos policías caían abatidos por disparos de fusiles AKM realizados por francotiradores en la operación de desalojo de los invasores del Santuario Histórico Bosque de Pómac, en la provincia de Ferreñafe de la región Lambayeque.
Las víctimas son los sub oficiales PNP Carlos Peralta Padilla (impacto en la cabeza) y Fernando Hidalgo Ibarra (baleado en el abdomen). Ciudadanos jóvenes que de la manera más vil y miserable han truncado sus futuros que, sabe Dios, pudieron haber sido muy beneficiosos para sus familias, para la Institución, y para el país. Hasta la cierre de esta edición, los heridos eran 06 agentes; uno de ellos (el suboficial Percy Tarija Guzmán), bastante grave con dos impactos de bala (calibre 7,62) uno en el ojo izquierdo y el otro en el brazo derecho.
Mil quinientos efectivos en cumplimiento del plan operativo —que fue preparado con anticipación y ordenado para ejecutarse a las 00:00 horas del día martes 20 de enero— fueron enviados, a excepción de los oficiales, sin armas de fuego (sólo lanzadores de bombas lacrimógenas, cachiporras y escudos), en previsión de cualquier desatino o exceso en el uso de ellas que pudiera causar víctimas en la población civil (que los esperaban con bombas caseras, habían obstaculizado las vías de acceso a los centros poblados Palerías I y Palerías II, constituidos por 40 y 60 viviendas respectivamente, colocando troncos, palos, y cavado zanjas), y en consecuencia, mellar la imagen de la institución policial adhiriéndole a sus miembros el adjetivo de abusivos, autoritarios, o en el peor de los casos “asesinos”.
Las críticas han iniciado su imprevisible y bochornoso recorrido, como inútil e improductivo, cuando ya los hechos han sido consumados. Se ha pretendido culpar a los responsables de ejecutar la operación como a los autores intelectuales de ella, señalando que no fue pertinente enviarlos desarmados (olvidando que quizás los resultados hubieran sido más trágicos y dolorosos) o que la inteligencia policial ha evidenciado una vez más, su ineptitud e ineficacia. Pero el General PNP José Ubaldo Aliaga, Jefe de la II Dirtepol de Chiclayo, asumiendo su responsabilidad por el desborde de la situación, ha puesto su cargo a disposición y se mostró dispuesto a una investigación para conocer lo que realmente ha sucedido.
Y aunque el Ministro Hernani haya sido tajante en señalar que imprevistos de esta naturaleza pueden suceder en cualquier momento y hasta en los países más poderosos y más seguros del mundo, para la fiscal de prevención del delito, Noemí Solís, se ha demostrado que hubo una “falta de conocimiento del terreno”, donde después de la operación se han detenido a más de 20 invasores y se esperaba la orden para la segunda parte del desalojo.
Lourdes Alcorta, congresista de la República, aprovechó de los lamentables sucesos para descargar baterías contra el movimiento nacionalista de Ollanta Humala que ha guardado silencio ante los hechos punibles porque las víctimas, en este caso, han sido efectivos policiales y no civiles. Para la congresista Alcorta, las víctimas han sido enviadas como carne de cañón. Por su parte, el congresista Gonzáles Posada, ha mostrado su interés en que se investiguen los hechos a profundidad hasta dar con los responsables de este asesinato que supone han sido terroristas infiltrados, y justificó que la Policía haya asistido sin armas de fuego porque se iban a desalojar ciudadanos y no delincuentes o criminales. En este sentido, “La Policía no va a la guerra, sino a tratar con ciudadanos” ha declarado el Ministro del sector.
El Ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha sostenido que los invasores han infiltrado a francotiradores para resistirse a la orden de desalojo; y el presidente del Concejo por la Paz, Francisco Diez Canseco, va un poco más allá y no duda que miembros del MRTA estén directamente involucrados en este crimen que ha conmocionado al país. Hasta el Premier Yehude sintoniza con estas declaraciones cuando dice que tiene la convicción que “esa gente ha pagado a criminales” para defender su terquedad de permanecer en esa zona prohibida, considerada patrimonio nacional.
No obstante, nos llama poderosamente la atención y nos invita a la reflexión, las manifestaciones de uno de los pobladores entrevistados por la prensa televisiva cuando señala que no los van a sacar de ese lugar, que pelearán hasta las últimas consecuencias y que están dispuestos ha morir por defender el espacio que ilegalmente vienen ocupando desde el año 2001. Es más, y grave aún, cuando afirman que el ahora Primer Ministro Yehude Simon, en calidad de Presidente Regional de Lambayeque y candidato a la reelección en el 2006, les prometió, señala el entrevistado, solucionar el problema de la ilegal posesión de las áreas del bosque de Pómac, y que ellos han entendido como una sugerencia de no abandonar el lugar. Sin embargo, la Presidenta Regional (e) Nelly Saldarriaga, ha señalado que en el año 2005 se las ha cedido un terreno en el distrito de Mórrope, al cual ellos no quieren ir.
La situación es harto compleja y profundamente complicada. Intervienen en ella multiplicidad de factores que invitan a una lectura desde diversos enfoques de tal manera que se contribuya a una solución donde los beneficios pesen más que los perjuicios para todos los actores involucrados en el hecho. Pueden señalarse como causas principales a diversos factores. Pobreza, tráfico de tierras y otros negocios ilegales, y hasta la corrupción.
Hombres y mujeres, ocupantes de 235 áreas protegidas, señalan que no tienen otro lugar a dónde ir, que son pobres y las actividades agrícolas que realizan en las áreas ocupadas, constituyen las únicas alternativas de subsistencia para ellos y para sus hijos. Al respecto, un funcionario ha señalado que ello es poco creíble porque se sabe de la existencia de pozos tubulares que tienen un costo mil quinientos dólares que ellos, los invasores, no podrían pagar. Cuentan además, según versiones de los propios invasores, para la defensa de la ocupación, con el apoyo de las rondas campesinas —muy bien “armadas”— no sólo de la zona, también de otras fuera de la región Lambayeque.
Es tan compleja la situación como que el Estado, principal garante del principio de autoridad en el país, se presenta en el área de los hechos por medio de la institución policial para hacer prevalecer el orden establecido dentro de sus fronteras y velar por el orden interno en defensa de los intereses de la nación. Contradictoriamente, o irónicamente, se ve en la necesidad de enfrentarse a ciudadanos y ciudadanas que son parte de la nación a la que representa. Entonces, el principio de autoridad se enfrenta a un cuestionamiento y a un problema que no sólo los gobernantes, sino los gobernados, tenemos que resolver. Y como bien lo dijo un agente policial participante en el fatal desalojo, “¡Basta de hacernos daño!”.
Chiclayo, jueves 22 de enero de 2009.
(ARTÍCULO QUE PUBLIQUÉ EN LA PÁGINA POLÍTICA DEL SUPLEMENTO DOMINICAL DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE CHICLAYO, EL DÍA DOMINGO 25 DE ENERO DE 2009.)
La fotografía que acompaña al artículo, ha sido tomada del diario La República del día martes 20 de enero de 2009. (http://www.larepublica.pe/regionales/20/01/2009/dos-policias-son-asesinados-en-desalojo-del-bosque-de-pomac-en-lambayeque)

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