LA DANZA PRE-ELECTORAL

Los ojos de la comunidad política peruana, están puestos en los próximos y cercanos procesos electorales nacionales. En el mes de abril del próximo año se realizarán las elecciones generales para elegir al nuevo presidente y vicepresidentes de la república, y a los nuevos congresistas; pero 6 meses antes, el domingo 3 de octubre del presente año, se realizarán las elecciones regionales y municipales, elecciones que se convierten en algo así como un termómetro para medir la temperatura del electorado y poder pronosticar la tendencia más favorable a una de las opciones participantes por la banda presidencial. (Este año también debe realizarse el Referéndum Nacional para la aprobación o desaprobación del “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los Trabajadores que Contribuyeron al Mismo”, tardíamente postergado para el presente año. En un primer momento fue convocado para el día domingo 3 de mayo del 2009, mediante Resolución Nº 331-2008-JNE, publicada el 18 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano). La euforia proselitista ya está en escena y está marcando de mil maneras e intensidades, el paso a paso de todos y cada uno de los interesados en conquistar la jefatura del estado. Desde artículos o crónicas periodísticas que parecen dardos con blanco fijo, pasando por megaproyectos metropolitanos próximos a inaugurarse, o disforzados intentos gubernamentales de engrilletamiento electrónico a medio mundo de procesados y sentenciados (a excepción de los procesados por corrupción, ha dicho por ahora, “curándose en salud”, el Premier Velásquez Quesquén), y hasta megaencuestas asombrosas de dudosas conclusiones, matizan este periodo donde el pasado y el futuro repentinamente adquieren importancia y acaparan la atención de todo el país, excepto el presente. La novela de interminables capítulos que tiene por protagonista al ex ministro Rómulo León, por ejemplo (que para su abogado Eduardo Roy Gates, no hay motivo alguno para que continúe en la cárcel), es una producción, antes que jurídica, política y periodística, que distrae, entretiene y hasta emociona. Si el juez Jorge Barreto es quien debe continuar o no en el caso, es el quid del asunto, ahora, antes que si los llamados “petroaudios” pueden o no considerarse legítimas pruebas para culpar o exculpar a los pintorescos personajes involucrados en el caso y esclarecer de una vez la extensa red de tráfico de influencias y corrupción de funcionarios que sabrá Dios, desde cuando han estando lesionando la todavía frágil institucionalidad del país. El Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, se permitió solicitar en nombre del Ejecutivo, al presidente del Poder Judicial, cambiar al Juez Anticorrupción Jorge Barreto que está viendo el caso de los “petroaudios”, para garantizar así, una administración de justicia libre de toda parcialidad. Si bien nuestro estado es un ente que marca una distancia de años luz para considerarse un organismo eficiente, al menos es necesario un poco de decoro diplomático antes que uno de sus poderes pretenda entrometerse en las funciones y prerrogativas del otro. “Los jueces son totalmente autónomos” ha respondido Javier Villa Stein, además que el juez Jorge Barreto, tienen todo su respaldo. (Pero para José Ugaz, ex procurador de la república, es pertinente que al juez Barreto se le separe del proceso; y Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior, la propuesta del Ejecutivo de cambiar al juez, no es más que un “lavado de cara del gobierno”; pues, como ha señalado el congresista Daniel Abugattás, Jorge Del Castillo, fue “cómplice y socio” de Rómulo León.). Lo irónico del asunto, se deja entrever, es que el Ejecutivo, con Alan García a la cabeza —un poco más alta que la de Javier Velásquez Quesquén, evidentemente—, presumen que son los únicos en este país que tienen la capacidad de hacer bien las cosas, o son los únicos que pueden decidir y discernir entre lo beneficioso o nocivo para el desarrollo del país. No obstante, la última encuesta realizada por la PUCP, revela que sólo un tercio del electorado aprueba la gestión del actual gobierno. El Congreso es otro actor que siempre aparece en el podio del espectáculo nacional, que es en lo que ha devenido en estos tiempos el quehacer gubernamental y político en la sociedad peruana. Obviamente, que sus dígitos de aprobación estén por debajo de los del enfriamiento global, ya no sorprende a nadie; la salsa congresal gira en los últimos días en la tentativa manifiesta de reducir su mandato al 50 por ciento del actual: dos años y medio. Si es realmente una intención sincera y honesta, o sólo es una forma más de las tantas para fastidiarse entre grupos políticos contrincantes y opositores, está por saberse. Henry Pease, ex presidente del Congreso, ha manifestado su malestar en torno a este tema, porque está rodeado de un colorante impositivo, y no, consensuado. Es de imaginar que pocos son los peruanos y peruanas (léanse: electores, que son los que realmente participan en su elección) que guardan la esperanza de una mejora en su eficiencia y efectividad como en su imagen institucional. Haga lo que se haga, intuimos, nuestro Congreso se ha convertido en un mal incurable del país. Aunque puede discutirse su representatividad. Para algunos, es más representativo que los anteriores (ello explicaría que “come pollo”, “lava pies”, “acuchillado”, “mata perro”, “roba luz”, “roba agua”, “plánchame la camisa” y otros, sean apelativos que algunos de sus miembros se han ganado); para otros, no es más representativo del país, sino, de la sociedad política o simplemente de los políticos, o de la nueva generación de políticos que emergió en la década de los 90, para empeorar las cosas, no cabe duda. Los porcentajes del electorado consultado que no confía en las principales instituciones públicas, son altos. 86%, no confía en el Congreso; el 81 por ciento, en los partidos políticos; el 77% en el gobierno; el 65 en la Policía. Ni los medios periodísticos ni la iglesia católica, se libran de la alta desconfianza de la población hacia ellos: 54 y 41 por ciento, respectivamente. Al parecer, ni los grilletes electrónicos, ni el cambio de jueces, ni encuestas fantasmas, prometen una mejora en el servicio que los administradores públicos prestan a la ciudadanía. Ni eliminando a los perros del hortelano, ni “peruanizando” a los “chunchos” de segunda clase, el gobierno alcanzaría el sueño de superar el 50% de aprobación… ¿O, sí?