¿EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA?

Después de pasadas las fiestas de fin de año, y con mucha alegría recibir al 2010, esperando que todos los desatinos, torpezas y arbitrariedades cometidos por nuestros servidores públicos en el año calcinado, no vuelvan a repetirse en el nuevo, y que todo sea paz, felicidad y prosperidad –a pesar que nuestros gobernantes continúan siendo los mismos–, despertamos y de pronto nos vemos enfrentados a la misma realidad que, por unos segundos de algarabía –nítidamente comercial y consumista¬– imaginamos parte del pasado. Enero, febrero y marzo son los meses que simbolizan el estrés más infernal para los padres y madres de familia que buscan una vacante para la matrícula de sus hijos e hijas en la educación básica regular, administrada por el estado. La educación pública (básica regular), constituida en servicio esencial (Ley Nro. 28988, decretada en marzo del 2007) por el gobierno de turno, y convertida en un factor que estimula y justifica discursos verborragícos por personajes que todavía creen que los peruanos y peruanas somos “salvajes pre-agrícolas” ¬¬–como lo dijo un columnista de un diario de circulación nacional, refiriéndose a los nativos del nororiente peruano–, es un fenómeno tan hondamente complejo que hasta la fecha, nadie tiene la capacidad de explicar la lógica de su problemática, mucho menos, presentar una alternativa que prometa sacarla del hoyo donde se encuentra. Cada institución educativa pública, se ha convertido en un islote donde sus autoridades representativas toman decisiones y las ejecutan a espaldas de las normas dadas por el gobierno central, muchas de ellas, convertidas en martirios para las familias pobres porque golpean sus economías sin ninguna consideración ni respeto. La oración “la educación pública es gratuita”, cuando sale de la boca de las autoridades del ministerio de educación, se convierte en una frase hueca y vacía, ácida y sarcástica, porque quedan mal paradas frente a la necedad de muchas –por no decir, casi todas las– instituciones públicas que condicionan –léase. “cobran”– las matriculas de los niños y niñas a pagos de cuotas que aparte de ser ilegales, son exorbitantes, arbitrarias e injustificadas. Ni siquiera, estos cobros ilegales, son furtivos o discretos. Se realizan abiertamente, y hasta con pompa y soberbia (“si en otros colegios están cobrando más”, responden algunos directores ante la sorpresa, indignación y desacuerdo de los “potenciales clientes”). Acaso hace falta denunciar formalmente estos cobros ilegales a las autoridades educativas, para que cesen o se tomen medidas severas para frenar esta barbaridad. Acaso están prohibidas a las autoridades educativas, realizar operativos de prevención para detectar estas acciones delictivas en las instituciones educativas públicas y combatirlas de una vez por todas. Entre 200 y 400 nuevos soles son los cobros por matrícula que en varias instituciones educativas públicas de la región Lambayeque se vienen realizando; principalmente, en las de nivel inicial y primaria. ¿Y dónde está el Estado? El artículo 17 de la Constitución señala que “En las instituciones del Estado, la educación es gratuita”; y en el artículo 4 de la Ley General de Educación (Ley Nro. 28044), leemos que “La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades”. La precisión e inteligibilidad de estos artículos no dejan lugar a dudas ni ambigüedades. Por lo tanto, que existan instituciones educativas públicas que estén vendiendo las matriculas –y a precios exorbitantes–, obstaculizando e impidiendo el acceso universal a la educación ¬–en una época donde la información fluye por sí sola; esto es, ya no es desconocida para nadie–, es una situación que merece el más abierto repudio de la comunidad toda. Porque es una burda manera de meter la mano en la pobreza de las familias peruanas; es una vergonzosa manera de burlarse de las normas vigentes, al amparo de la autonomía de la que gozan algunas instituciones públicas. Se percibe, entonces, que el desacato de parte de las instituciones educativas públicas a las normas dadas para ser cumplidas a nivel nacional, referente a la gratuidad de la enseñanza, hacen que el Estado se vuelva un ente no sólo deficiente y lerdo, sino, ficticio. Estas y otras arbitrariedades hacen que los esfuerzos del gobierno destinados a lograr que nuestra educación pública alcance estándares de calidad, se conviertan en nada.