LA UTOPÍA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Desde el mes de febrero del año 2003, contamos con una noción de seguridad ciudadana, y con un sistema nacional encargado de alcanzar aquella utopía del tercer milenio, de vivir en paz con nuestros semejantes. La norma respectiva (Ley Nº 27933) señala que seguridad ciudadana es “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos”. Precisamente, esta ciudadanía acorralada por la delincuencia organizada, es la encargada, de acuerdo a la norma mencionada, en coordinación con el Estado, de construir una convivencia pacífica dentro y fuera de los hogares. Porque entendemos que el anhelo de vivir en armonía con mis semejantes, involucra los espacios público y privado. Necesitamos la seguridad que al caminar por las calles, solos o acompañados, no seremos víctimas de violencia, así como cuando estemos en nuestras casas, trabajo o en algún otro espacio privado. La pena de muerte para los agresores y desalmados que osan causar cuánto daño puedan, en forma individual o grupal, a hombres y mujeres, niños y adultos, es la alternativa que levantan muchos compatriotas, en su afán desesperado por terminar de una buena vez, con esta amenaza delincuencial que en cualquier momento toca nuestra puerta para manchar con sangre nuestras vidas, desgraciándolas. Una alternativa que hasta ahora lo que ha logrado es dividir las opiniones en dos bloques, a favor y en contra. A pesar que nuestra Constitución, en su artículo 140, contempla que la pena de muerte “sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo”, dependiendo de las leyes y de los tratados que el Perú ha firmado. Keiko Fujimori, congresista y voceada candidata para las presidenciales del 2011, es la primera en levantar la voz favorable a la pena de muerte para los criminales como los llamados “marcas” y otros hampones y bandidos que causen lesiones graves a sus víctimas. Posición nada sorprendentre si consideramos que la actual Constitución fue promulgada en el gobierno de su padre —actual recluso condenado a 25 años de cárcel—, la que retomó la aplicación de la pena de muerte para casos específicos. Luis Iberico, periodista y ex congresista, señaló que de aprobarse la pena de muerte, ésta tendría que ser aplicada también a los culpables de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en clara alusión al padre de la congresista Keiko. La niñita de 3 años de edad, una de las últimas víctimas de una banda criminal, de las tantas que tienen en zozobra al país entero, ha sido el caso que está rebasando el vaso de agua de la paciencia ciudadana que clama, con urgencia, la aplicación de una política que devuelva la tranquilidad y la seguridad a la ciudadanía. Lourdes Flores, ex candidata presidencial y actual candidata a la alcaldía provincial de Lima, acorde con la coyuntura, también ha exclamado indignada, la necesidad de un acuerdo interinstitucional para hacer frente a esa lacra mortal que día tras día, nos deja una nueva víctima. Carlos Raffo, es otro de los congresistas que se han pronunciado a favor de la aplicación de la pena de muerte para los delitos agravados, y ha enfatizado que su bancada sostendrán ese pedido, aunque nadie más los apoye. No obstante, el ministro de Justica, Víctor García, manifestó la inviabilidad de esa pena, dado que el Perú es parte firmante de tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica (firmada por Perú el año 1977, y ratificado el año siguiente), abolicionistas de esa pena; además, sostuvo, primero tendríamos que modificar nuestra Constitución. Esta postura, es coincidente con la asumida por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastor. Ha sido el abogado penalista Luis Lamas, quien ha puesto el dedo en la llaga, al afirmar que todas esas propuestas favorables a la restitución de la pena de muerte, no van más allá de la simple teoría y dada la coyuntura electoral, caracterizada por la alta competitividad de ofertas lectorales, sólo pueden representar el afán de figuración de los líderes y representantes de las agrupaciones en competencia. Asimismo, agregó el especialista en la materia, que el proceso de restitución de la pena de muerte en nuestro país, podría demandar un lapso de 5 a 6 años. Entonces, esa vehemencia que en los últimos días hemos escuchado, aludiendo e insinuando una rápida restitución de la pena de muerte en nuestro país, de parte de muchos candidatos y congresistas, no es más que una de las tantas maneras que la “creatividad” proselitista, ensaya. Grotescamente, risiblemente, irónicamente; pero, ensaya. Ello, sin tomar en cuenta que nada nos garantiza que con la sola aplicación de la pena de muerte, desaparecería ese indeseable fenómeno delincuencial, como muchos se atreven a insinuar. Desde otra óptica, incluso, esa habilidad para aprovecharse de la desgracia de una familia peruana, víctima del crimen organizado, para ensalzar la ausencia de la pena de muerte y enrumbar con todo a favor de su restitución, sin considerar los límites y dificultades que tenemos como país miembro de tratados internacionales que la proscriben; dando falsas esperanzas —porque quién, en calidad de víctima, no anhela ver decapitados a esos desgraciados—, es una actitud que se suma a otras, absolutamente rechazables, porque sólo pretenden cautivar la atención mediática a fin de “venderse” como la mejor oferta electoral, amén de las infinitas decepciones y frustraciones que luego representan para la mayoría de electores. Por otro lado, la solución de la inseguridad ciudadana —“que ha superado la estrategia y acción de las instituciones”, dijo Alan García en su mensaje a la nación el último 28 de julio—, en la voz del ex Ministro del Interior, Remigio Hernani, pasa por potenciar la inteligencia policial, antes que la prevención, que se caracteriza por atiborrar las calles y plazas de policías y patrulleros. Pero, por sobre todo, se trata de asumirla como una política de estado. Es necesario, voluntad política, dijo el ex ministro Hernani. Alan García, también señaló que el tema no pasa por aumentar los pertrechos, sino “más convicción en las instituciones, más trabajo de 24 horas al día en cada día y sobre todo más coordinación”. Si la delincuencia continua campeando a su antojo, es “por celos, emulaciones y envidias” entre las instituciones corresponsables de la seguridad ciudadana, dijo el jefe de estado, enérgicamente. Difícilmente, podríamos estar en desacuerdo con ello.