LA CAPACITACIÓN ELECTORAL

“Velar por el respeto y el cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales” es el fin supremo del JNE, señala el art. 2° de su ley orgánica (Ley N° 26486). Y “velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular manifestada a través de los procesos electorales” es la función esencial de la ONPE dice el art. 2° de su ley orgánica (ley N° 26487). Estas funciones necesitan ser complementas con la de “Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la ONPE”, función que corresponde al RENIEC (Art. 7 inciso “d” de su respectiva ley orgánica). Estas tres instituciones que conforman el sistema electoral, entonces, en permanente coordinación, garantizarán imparcialidad y transparencia en los procesos electorales para hacer prevalecer la voluntad popular que ellos manifiestan. Pero ello pasa por un sistemático proceso de capacitación electoral dirigido a la ciudadanía en cualquiera de los papeles que asuma el día de las elecciones (miembros de mesa, electores, personeros, periodistas, observadores, fiscalizadores, FFAA y PNP, etc.). El JNE y la ONPE, de acuerdo a sus leyes orgánicas, son las instituciones responsables de planificar, organizar y ejecutar actividades de capacitación electoral. Dirigirse a todas los lugares donde hayan grupos de electores, tanto en la zona urbana como rural, es el objetivo de la capacitación dirigida por la ONPE, a fin de que ellos emitan el denominado “voto informado”. Incluso, dentro de las estrategias empleadas está la “capacitación personalizada” que en algunos casos se realiza casa por casa. Sin embargo, en no muy pocos casos, la población confunde la función de la ONPE y la considera como un ente que trabaja a favor de algunas de las opciones políticas participantes en la contienda electoral. Esta confusión, —alimentada por la desconfianza en los procesos electorales en sí, debido a los pocos cambios que han experimentado a través de los periódicos relevos de gobernantes, legitimados por este tipo de procesos que la ONPE planifica, organiza y ejecuta— fomenta en los electores, básicamente de poblaciones urbano marginales y rurales, una actitud reacia a participar en actividades de capacitación. La desidia y la desconfianza en la veracidad y validez de los procesos electorales, se apodera de inmensos grupos poblacionales y provoca ausentismo o poquísima asistencia y participación en las capitaciones electorales en marcha. Ya sea porque los temas tratados son repetitivos; o porque la televisión, la radio y otros medios de difusión los atosigan con propaganda electoral, o porque la pobreza, el desempleo y la ignorancia los empuja a espacios marginados de la sociedad formal; o en el peor de los casos, porque las estrategias didácticas empleadas por los capacitadotes, son obsoletas y no adecuadas para ese tipo de aprendices. Electores y electoras entienden, que no necesariamente el respeto a la “fiel y libre expresión de la voluntad popular” garantiza gobernantes respetuosos de sus demandas y fieles a sus promesas proselitistas. Y los medios para revocar a los malos gobernantes —normados por la ley N° 26300—, tampoco permiten rectificar el error a tiempo, y si lo hace, el poco tiempo que le queda al nuevo gobernante, es insuficiente para atender las principales necesidades que quizás sí hubiera sido posible sumándole el tiempo que el gobernante revocado, con engaños y artilugios propios de un delincuente, “gastó”. La capacitación electoral, pues, para alcanzar sus objetivos a favor de la emisión de un “voto informado”, necesita complementarse con los papeles de los otros actores electorales, y básicamente, con las actitudes y papeles de los candidatos —que una vez elegidos nuevos gobernantes—, asuman con responsabilidad, honestidad y lealtad a la voluntad ciudadana. El continuo desengaño al que está expuesta la ciudadanía por parte de gobernantes irresponsables e ineptos, desleales y traidores de la soberana voluntad ciudadana, le resta eficiencia y convierte en actividades poco eficientes y merecedoras de poco respeto a las capacitaciones electorales que llevan a cabo las instituciones responsables. En suma, la elección de gobernantes mediante el sufragio secreto y universal, va perdiendo validez y legitimidad, y junto a ella, la democracia representativa.