ESSALUD: INDEMNIZACIONES QUE MATAN

Definitivamente, no son los ciudadanos de “segunda clase” los que están fregando al país. Ni siquiera, ciudadanos ajenos al partido de gobierno; menos aún, hortelanos y sus perros. Son ciudadanos, personas académicas y con un perfil profesional altamente competitivo —de otra forma no se explica por qué ocupan los cargos públicos que ocupan— que muestran acciones, desde sus sillones de funcionarios públicos, plausibles y merecedores hasta de la admiración presidencial.
Podría discutirse eso de que “el Estado, somos todos” —pues, no todos gobernamos ni cobramos un sueldo pagado con el erario nacional—; pero lo que no podría discutirse desde ningún enfoque, es que lo que el Estado administra, pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Pues, la ciudadanía, en calidad de soberana, es la propietaria legítima del patrimonio nacional.
Lo que ya algunos medios han llamado el “segundo faenón” del actual gobierno, es una puerta que nos apertura un horizonte donde pululan situaciones con altos grados de corrupción y manejo delictivo de los recursos del Estado; escandalosas manifestaciones de “viveza criolla” como lo dijo el Presidente de la República, aún por descubrir.
Fernando Barrios Ipenza, ex presidente de EsSalud, ex ministro de Estado en la cartera de Interior, y ex funcionario ejemplar de honestidad, transparencia y abnegación, ha sido esta vez la punta del iceberg que ha emergido desde las profundidades más oscuras de la “viveza criolla peruana” para enrostrarnos una frescura impermeable que remueve toda mínima expresión de decencia, ética, civismo.
Para Fernando Barrios, haber cobrado una alta suma de dinero por liquidación de beneficios sociales (incluida una indemnización de S/. 89,937.00, amparado en la figura de “despido arbitrario”), un día antes del término de su periodo de funcionario en EsSalud, para pasar luego, un día después a ocupar el cargo de Ministro del Interior, es solamente “la apariencia de una falta grave de ética”; para después, ante la Comisión de Seguridad del Congreso, declarar en su defensa, con esa inocencia que lo caracteriza, “Yo no creo las leyes”.
En similar situación escandalosa está involucrada Edelmira del Carmen Barrantes Pérez, ex jefa de la Oficina General de Administración del Seguro Social; Julián Maximiliano Berrocal Flores, Gerente de Gestión de Personas; Marco Ravello Echevarría; y otros funcionarios más, todos ellos se fueron con exorbitantes sumas de dinero del Estado, bajo la figura de indemnización por despido arbitrario, para pasar a laborar en el Ministerio del Interior. Ministerio, concebido por la ciudadanía, como el encargado y principal responsable de velar por la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia en el país, en todas sus formas e “innovaciones”.
Ante el cruce de opiniones y pareceres discrepantes en torno a este caso que para muchos, ha ensombrecido la transparencia en los manejos de los recursos públicos, despertando la incertidumbre frente a todas las instituciones estatales; la Ministra de Trabajo Manuela García, ha disipado toda duda declarando que “Se le pagó un derecho que no le correspondía”.
Si un funcionario público del nivel de Barrios, después de conocerse su involucramiento, conscientemente o no, en un poco transparente hecho de “despido arbitrario” para justificar el cobro de indemnización, declara ante una Comisión congresal “yo estoy tranquilo con mi conciencia”; qué podríamos esperar de otros funcionarios de bajo nivel o de cualquier otro ciudadano que sin ser funcionario público, es descubierto en situaciones que rayan con lo delictivo, lo grotesco, lo indeseable. Situaciones que desde un patrón ético socialmente aceptable, se nos revelan nauseabundas.
Felizmente, el presidente Alan García fue tajante frente a este hecho que se ha convertido en un ícono de la ironía y sarcasmo peruanos, al declarar “que se vaya”. Sea quien fuera el funcionario, si ha participado en un acto de corrupción o que meramente se sospecha de ello, que se vaya, sentenció el Jefe del Estado.
Evidentemente, no se discute si en nuestra legislación corresponde o no una indemnización ante un despido arbitrario; está en discusión si un funcionario que ya está siendo requerido por otra institución pública, deja la anterior pero amparándose en la figura de “despido arbitrario”, para así poder cobrar sumas exorbitantes por indemnización.
Precisamente, ante esta innovadora e indignante figura que resulta una burla ante la austeridad en el manejo de los recursos del Estado y ante los esfuerzos de éste en la lucha frontal contra la pobreza, extrema pobreza y la corrupción, el Presidente del Congreso César Zumaeta, ha presentado un proyecto de ley que persigue combatir esta “viveza”. “La idea es que ya no se use ningún tipo de triquiñuela para aducir que hay un despido arbitrario", dijo Zumaeta. Días antes había declarado, en alusión a Barrios, “Ha sido un buen ministro”.
El tema en este asunto que probablemente nos haya robado una sonrisa irónica e involuntaria ante tamaña sinvergüencería y frescura olímpica, es el manto de impunidad con que ya se está cubriendo, más aún, cuando el famoso Barrios dice que ya pagó su falta, devolviendo la cuestionada suma cobrada y dando un paso al costado. “A fin de evitar que el gobierno exitoso que usted preside se vea cuestionado” expresa en su carta de renuncia al cargo de Ministro del Interior, dirigiéndose al Presidente Alan García. Frente a esta situación que ensancha la desfachatez e insolencia ante la ciudadanía que es la beneficiaria de los servicios públicos y de aquellos sujetos que son reconocidos como “funcionarios o servidores públicos”, Cecilia Blondet, Directora Ejecutiva de Proética, opina que es un caso que debiera judicializarse, a fin de servir como ejemplo de ejercicio de la justicia en nuestro país y frenar esta socarronería.
Difícilmente podría sostenerse que este caso ha sido el único factor que ha provocado una baja en los índices de aprobación a la gestión presidencial; sin embargo que Alan García justifique el aumento de la desaprobación de su gestión porque los peruanos “somos tristones y desconfiados”, es una perla más a los arranques verbales que últimamente caracteriza a García. (Ello, sin abrir una discusión en torno a si lo expresado constituye o no, un insulto). Es más, explicar nuestras tristezas y desconfianzas porque “hemos recibido invasiones brutales de los chavines, de los incas, de los españoles”, suma una novedad en la interpretación de nuestra historia, siempre y cuando aceptemos de antemano que la frase “nuestra historia”, tiene sentido desde el lente de la interculturalidad. Qué dirán nuestros arqueólogos, historiadores y sociólogos.