NUEVO GOBIERNO, ¿NUEVA CONSTITUCIÓN?

Cada 5 años, el 28 de julio, es una fecha que no sólo conmemoramos un aniversario más de nuestra independencia política del dominio español; sino también, realizamos el relevo de la jefatura del Estado y de los miembros del parlamento nacional. Es una fecha en la que despedimos a nuestros representantes políticos que ya cumplieron su periodo gubernamental, y damos la bienvenida a aquellos que han sido elegidos para gobernarnos durante un nuevo quinquenio.
En estos casos, nuestra idiosincrasia nos permite proveernos de nuevas esperanzas que fortalecen la fe en un porvenir grandioso donde todas nuestras necesidades son satisfechas. Satisfechas, porque creemos que el grupo de ciudadanos que han sido elegidos para gobernarnos por un nuevo periodo, sí son personas con la capacidad suficiente para cumplir todas aquellas promesas vertidas en la época electoral. Pero son nada más que nuestras creencias; el porvenir, continuará siendo impredecible, inelegible, ingobernable.
Un poco más del 50 por ciento del electorado que emitió un voto válido en la segunda vuelta de las últimas elecciones generales, decidió emitir un voto favorable a la opción política Gana Perú, eligiendo como Presidente de la República para el periodo 2011-2016, a Ollanta Humala Tasso. Quien, una vez electo, inició una gira por varios países del mundo, preparando el terreno de su gobierno; que si no hubiera sido por la accidentada gira paralela de su hermano Alexis, no sólo la gira terminaba como una decisión pertinente y loable, sino también, el inicio de su periodo gubernamental.
Podemos sostener que son tres los pilares del plan de gobierno que Gana Perú vendió en su campaña proselitista: 1) cambiar la Constitución Política de 1993, 2) Devolver al Estado el papel de empresario en los denominados “sectores estratégicos”, y 3) Dar prioridad a las políticas sociales de lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, que también puede ser leído como la subvención de programas de corte asistencialista, por parte del Estado.
Los puntos 2 y 3, han sido cuestionados y observados desde diferentes miradas y tribunas. Pero no tanto, como lo ha sido el punto 1. Desde entonces, los mensajes de advertencia que terminaron siendo mensajes de terror y desaliento para los inversionistas (tanto para aquellos que ya administraban sus finanzas en nuestro territorio, como para los que pensaban hacerlo en los próximos años), se transmitieron incesantemente por casi todos los medios de comunicación, incluidos los electrónicos. Pero Ollanta, después del pánico empresarial, se ha dedicado a precisar en todos los idiomas, que no cambiará la Constitución.
Si bien es cierto, la CPP de 1993, en su artículo 206º, señala que “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”; también contempla la implementación de reformas constitucionales, mediante la iniciativa de “un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral”. (60 mil ciudadanos, de acuerdo al padrón electoral 2011).
En otros términos, para sustituir a la actual Constitución, no hace falta que el gobierno meta la mano; ni ninguna otra institución estatal —que aparte de generar una situación estrambótica y tediosa, consumiría una parte del presupuesto en publicidad, proselitismo y mercadeo, no necesariamente, eficaces—. Basta con la voluntad y tenacidad de 60 mil peruanos.
“El Estado peruano ni pertenece ni está al servicio de todos los peruanos”. Con esta orientación, se inicia el contenido del extenso documento titulado “La Gran Transformación. Plan de Gobierno 2011-2016”, donde se detalla la filosofía de gobierno que Ollanta ha defendido y aplicará desde el día que asuma oficialmente la conducción del país.
La crítica al estado peruano es cruda, enfática. El estado peruano es excluyente, no es nacional, está en crisis, no soluciona los conflictos, es desintegrado, prioriza los mercados externos, expresa una profunda crisis de la institucionalidad política; entre otras características. Todas ellas, “hacen inviable el futuro del país como nación”, sostiene el documento. La alternativa: transformarlo radicalmente. “Transformaremos al Estado con una nueva Constitución”, se lee en otra parte (página 19).
Este parece ser el texto que se convirtió en el propulsor de todas las campañas opositoras y demoledoras del plan de gobierno de Ollanta. Cambiar la Constitución vigente.
La guerra es contra el neoliberalismo y su economía de mercado, establecido en el país desde inicios de los 90, ha sostenido Ollanta en cada localidad que visitaba como candidato presidencial. Y la Constitución de 1993, es la norma madre que otorga legitimidad a toda esa estructura que ha convertido al estado peruano en un ente deficiente, ineficaz, desintegrado y dependiente; por lo tanto, es necesario transformarla. Una “economía nacional de mercado”, aparece como la posible alternativa de solución.
(Hasta la fecha, lo que se ha modificado de la CPP de 1993, es varios artículos mediante la acción del Congreso; la mayoría de ellos, durante el quinquenio de Alejandro Toledo. Pero lo más destacado parece haber sido la supresión de la firma de Alberto Fujimori Fujimori, de conformidad con el artículo 1º de la Ley Nº 27600, publicada el 16 de diciembre de 2001).
Por los hechos en torno a la posibilidad de elaborar una nueva Constitución, aquellas reacciones, más en contra que a favor; parece que la CPP de 1993, ha logrado adquirir un respeto por parte de los inversionistas —nacionales y extranjeros—, porque les da seguridad jurídica que se traduce en protección sostenible a sus finanzas e intereses económicos. Por ello, resulta necesaria la consulta a los gremios empresariales cada vez que alguien se atreve a insinuar una nueva Constitución. Pero la polémica no queda ahí. Se traslada al nivel ideológico-político donde intervienen las organizaciones aspirantes a gobernar el país, revelando fracturas y bloques contendientes que ahondan aún más la fragmentación social.
En la próxima década cumpliremos dos siglos de nuestra independencia política. Los agasajos y preparativos festivos ya se dejan escuchar, y prometen una celebración fenomenal como nunca antes, en honor a nuestra separación del yugo español. Este año, festejamos nuestro 190 aniversario patrio. Pero la idea —o el fantasma— de reestructurar el estado peruano, implicando una nueva Constitución Política, empaña el regocijo en algunos sectores empresariales y políticos, satisfechos con la actual Constitución.
Según Domingo García Belaunde (2005), desde nuestra declaratoria de independencia, hemos sido regidos por 12 constituciones políticas. 08, promulgadas en el siglo XIX; y 04, en el siglo XX. Entre ellas, la de más larga vida ha sido la Constitución de 1867 (53 años, siendo sustituida por la Constitución de 1920); le siguió la de 1933 (con 46 años de vigencia; y sustituida por la Constitución de 1979); y en tercer lugar, está nuestra actual Constitución Política, promulgada en el año 1993 (sustituyó a la de 1979, que es la Constitución que algunos desean y hasta han prometido restablecer).
El terror a una nueva Constitución fue alimentado con intrigas y misterios en torno a la composición del primer gabinete ministerial del nuevo gobierno. Después de tanta aflicción y especulaciones de todo calibre, Ollanta decidió difundir algunos de sus miembros. Salomón Lerner será el primer Premier. Ello ha logrado, de algún modo, calmar los temores infundados y frenar los sobresaltos de algunos inversionistas y políticos de la oposición. No obstante, el primer mensaje presidencial, esperamos, estará destinado a proporcionar tranquilidad, y esta vez, no sólo a los inversionistas y opositores; sino, y básicamente, a la ciudadanía en general. Protegerla, es el fin supremo del Estado.