Un poco más de treinta días, han sido suficientes para concluir que el actual Congreso de la República, elegido en el último proceso electoral general, muestre pocas características que lo diferencian de los anteriores.
El cobro de los llamados gastos de instalación, es una de las perlas del actual Congreso. 15,600 nuevos soles es la suma que “legalmente” le corresponde a cada congresista elegido o reelegido para facilitarle su “instalación” en calidad de Congresista de la República. Ya ha sido cobrado, en dos partes (el 27 de julio y el 02 de agosto) por la mayoría de ellos y ellas, sin distinción de credo, raza, edad, género, apellidos, ideología o religión.
El debate arrancó inmediatamente. En los diversos medios empezaron a propalarse críticas y cuestionamientos a medida tan controvertida, que resulta un insulto y hasta una inmoralidad frente a la amenaza de la crisis financiera internacional y la necesidad de austeridad en el gasto fiscal declarado desde el gobierno anterior.
Las decisiones y actitudes de los propios congresistas, son variadas y para todos los gustos, por decir lo menos. Algunos de ellos y ellas, decidieron renunciar a este cobro (es el caso de la congresista Cenaida Uribe, Humberto Lay, Carlos Bruce, Mauricio Mulder, Alberto Beingolea, entre otros). Otros y otras, simplemente, consideran un derecho irrenunciable y totalmente justo. Aunque algunos, en el colmo del desparpajo, utilizarán ese dinero “para el mantenimiento mayor de mi automóvil que está despedazándose” y no quedarse parado en la vía pública. Es el caso del congresista por Lima, Martín Belaunde Moreyra, actualmente presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y ex “zar anticorrupción”.
A este ritmo, fácilmente podría aprobarse un bono a cada congresista para que repare su casa, cocina, computadora y hasta su cama. A fin de cuentas, como nos recordara el ex presidente Alan García, a la representación política se llega con la billetera abierta, porque “la plata llega sola”. (Mariátegui, describía que “en el plano económico se percibe con más claridad que en el político, el sentido y el contorno de la política, de sus hombres y de sus hechos”).
Otros, con el rostro más sobrio y casi angelical, cobrarán los 15,600 nuevos soles para donarlo a instituciones benéficas y así poder declarar que “ayudan a los pobres de este país”; otros, para destinarlo a favor de una campaña turística, como es ”Tajo abierto Maravilla Universal”, en la región de Pasco. Es el caso de los congresistas William Tito Valle Ramírez y Néstor Antonio Valqui Matos, elegidos por esa región.
Para el Monseñor Luis Bambarén, es una broma de muy mal gusto este cobro por gastos de instalación. “Ellos (los congresistas) ya tienen un muy buen sueldo mensual”, declaró muy consternado. Por su parte, Cecilia Blondet, de pro-ética, esta decisión parlamentaria “es indignante y además es inmoral”, aunque no deja de ser legal. “No todo lo que es jurídicamente legal, moralmente es bueno”, reza un adagio que describe con certeza este hecho que resuena como una risa sarcástica proveniente del recinto parlamentario.
Sin embargo, “El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política”, nos recuerda el artículo 3º de su Reglamento, que por supuesto, “tiene fuerza de ley” (artículo 1º, del mismo documento).
Frente a esto, nos viene a la memoria las palabras del médico Ciro Castillo Rojo —aunque podrían sonar severas y poco exageradas—: “En este país, las leyes parecen haber sido hechas por delincuentes, para proteger a delincuentes”. (El médico Ciro, que literalmente ha movido y está moviendo aire, mar y tierra, continúa buscando a su hijo que lleva su nombre, de 26 años de edad, estudiante de la Universidad Agraria La Molina, desaparecido en las altas montañas aledañas al cañón del Colca, en la región Arequipa, en una aventura con Rosario Ponce, que sí tuvo la dicha de sobrevivir a ese amargo episodio).
Otra de las perlas del actual Congreso, conformado por 130 legisladores a partir de este quinquenio gubernamental, es la decisión de trasladarse a la región Ica, para descentralizar sus sesiones, los días 7 y 8 de setiembre. Los 130 parlamentarios, incluidos sus asesores y servidores parlamentarios, se trasladarán a esa ciudad —afectada por el sismo del 15 de agosto del año 2007, de 8 grados en la escala de Mercalli, causando cerca de 600 muertes, más de 1.800 de heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de damnificados—, para que, en palabras de su Presidente, el parlamentario Daniel Abugattas, esté en contacto con su pueblo. “El político debe tener contacto directo con lo que está ocurriendo”, dijo.
Uno de los visibles críticos a la decisión de descentralizar la sesión del Congreso, ha sido el congresista Alejandro Aguinaga, de las filas del fujimorismo, al catalogarlo de “un acto demagógico”, puesto que, el congreso no tiene esa capacidad de gasto, y porque las labores de reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 2007, compete al ejecutivo y no al legislativo.
A fin de minimizar el escándalo del traslado a la ciudad de Ica, frente a las críticas y al real sinsentido de hacer funcionar al Congreso fuera de su palacio, Daniel Abugattas, Presidente del Congreso, aseguró que se ha reducido los gastos de 300 mil a 200 mil nuevos soles. Prácticamente, la estadía de cada congresista en esa ciudad, durante dos días, le costará al tesoro público, un aproximado de 1,500 nuevos soles. (Suma que le cuesta obtener a un obrero que gana el sueldo mínimo vital, dos meses y medio de trabajo. Es decir, 288 horas de trabajo).
Pero, para Abugattas, lo del costo es lo menos importante, porque “el Parlamento va a llegar a contactar a casi medio millón de habitantes que vive en la región Ica”. Irónicamente, en la era digital donde las distancias desaparecen gracias a las tecnologías de la comunicación; de pronto, se hace necesario que el Congreso, todo el Congreso, viaje a cada ciudad del país para poder enterarse y atender satisfactoriamente las demandas de la población.
A este ritmo, y en honor al trato equitativo ante la ley que nos asiste a todos los peruanos y peruanas, el Congreso tendría que viajar a cada una de las 195 provincias que tiene el país. En 60 meses de gobierno parlamentario, correspondería visitar o descentralizar las sesiones del congreso, aproximadamente, en 03 provincias por mes. A razón de 200 mil nuevos soles por viaje, esa gracia de descentralizar las sesiones parlamentarias, costaría 39 millones de nuevos soles. Una barbaridad en una época de austeridad fiscal, y en la que, ya se nos confirmó, que por nada de este mundo, el balón de gas se reducirá a doce nuevos soles, a pesar que, no sabemos aún cómo, según Salomón Lerner Ghitis, Presidente del Consejo de Ministros, en acuerdo con las empresas mineras, éstas pagarán un gravamen de 3,000 millones de nuevos soles al año. (Calculando, recibiremos 250 millones de nuevos soles mensuales, por la gracia y buen gusto, de quienes se llevan nuestros más valiosos recursos minerales. “Harta plata”, como dirían algunos).
Ya en 1931, Víctor Andrés Belaunde, nos advertía del “caciquismo parlamentario”, como una característica de nuestro problema político. Décadas atrás, Gonzales Prada, también señalaba al parlamento, como uno de los peores males de nuestra patria. Quiera Dios, y esforcémonos para que ello, así sea, que los años y las décadas hayan pasado para bien.
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