sábado, 17 de septiembre de 2011

CONFLICTOS SOCIALES Y CORRUPCIÓN


A pesar que la Defensoría del Pueblo considera que “El conflicto es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social”, difícilmente podemos pasar por alto u obviar la presencia de muchos de ellos en diversas localidades de nuestro país; mucho menos cuando se manifiesta en situaciones de violencia que cobran vidas humanas, enlutando a muchos hogares.
Hasta la primera semana de setiembre, la Defensoría informa un total de 214 conflictos: 73 latentes y 141 activos. Entre estos, 08 son nuevos y de los que se habían diseminado, 05 se han reactivado. Pero la cifra que más llama la atención y preocupa a la ciudadanía, es que sólo 04 de ellos han logrado ser resueltos.
Por otro lado, la tipología de los conflictos nos provee de una mirada más estructurada que nos permite entender la complejidad de este país, de sus gobiernos y de su gente. El 56% (119 casos) son de tipo socioambiental; el 10% (22 casos), por asunto de gobierno local; y el 9% (21 casos), se refieren a los asuntos del gobierno nacional.
En el primer tipo se encuentran los conflictos mineros. Esperamos que estos conflictos disminuyan en tanto el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa (Ley Nº 29785, aprobada el 11 de setiembre del presenta año) se convierta en una obligatoriedad y en un paso previo a las labores de exploración y explotación mineras. (Aunque todavía se espera la creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios, en concordancia con el artículo 20º de la Ley, es necesario entender desde ahora que “la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa —aquella que afecte directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo— corresponde a la entidad estatal competente”, según el artículo 15º).
Del mismo modo, la ciudadanía espera que también disminuyan aquellos hechos de corrupción y todo acto que anubla y mancilla la función pública, porque la presencia de conflictos de interés entre la actividad minera y la responsabilidad de regular ésta actividad, —como es de conocimiento público—, involucra a varios funcionarios del estado de los distintos niveles de gobierno.
Frente a esto, la ciudadanía puede estar tranquila si toma en serio las palabras de Ollanta Humala: “A mí me han elegido para chambear y a los que agarre corruptos los meto presos”, afirmó en algunas localidades de Lima Metropolitana, mientras lanzaba el programa Trabaja Perú.
Kurt Burneo, Ministro de la Producción, también afirmó que “la gente me puede tildar de ignorante pero no de deshonesto”, en respuesta a la alusión del ex presidente Alan García que insinuó ignorancia en el tema de las multas no cobradas a las pesqueras que laboran en el país, en los últimos años.
Tanto las palabras del Presidente de la República como del Ministro de la Producción, no dejan de confirmar la presencia de actos corruptos y de funcionarios públicos responsables que maculan la labor del Estado, perjudicando sus rentas y empedrando el camino hacia la eficiencia y honestidad en la administración de los bienes públicos.
Pero la cosa no queda sólo en palabras y frases que resultarían “cantos de sirena”. El Congreso de la República, luego de su brevísima estadía en la ciudad de Ica —que muy pocos vieron con buenos ojos—, aprobó la conformación de una comisión multipartidaria para investigar los supuestos —y no tan supuestos— delitos de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción cometidos en el gobierno anterior.
“Hay males en la historia de la humanidad cuyo poder de destrucción es evidente a los ojos de todos”, sostiene el informe de la Defensoría del Pueblo. El narcotráfico y el terrorismo por ejemplo. El primero, “pudre las instituciones”; mientras que el segundo, “siembra miedo y muerte en nuestro alrededor”. Además, continua el documento, “ambos nos producen repulsión ética instantánea y activan nuestra capacidad de lucha”.
Pero “la corrupción es también un gran y antiguo mal en nuestra historia”, advierte el documento defensorial; por lo tanto, el primer gran compromiso “es el de no callar frente a la corrupción, porque el silencio oscurece la realidad y beneficia al corrupto”. Lo doloroso del asunto es que “en nuestro país, la tentación de gobernar en el secreto sigue estando presente”. Y lo confirman, según declaraciones del congresista Javier Diez Canseco, los 374 Decretos de Urgencia, aprobados durante el gobierno anterior, que legalizan la evasión de “adecuados mecanismos de control público” ante la ejecución de concesiones, adquisiciones y obras públicas.
Ello explicaría la violación o desacato por parte de diversas instituciones públicas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806, aprobada como Texto Único Ordenado, en el año 2003, mediante DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM).
Al parecer hay una resistencia mal intencionada de parte de algunos funcionarios y servidores públicos a considerar que “solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública” es un derecho fundamental contemplado en el inciso 5 del artículo 2º de nuestra Constitución Política.
El desconocimiento, la ignorancia o la viveza criolla, hace que este derecho fundamental (la base para la edificación de una sociedad digna de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales ante la ley), se convierta o se vea como una medida insignificante y risible. Porque la primera reacción del funcionario responsable del cumplimiento de dicha norma, es preguntar ¿Y para qué la quiere (la información)?, revelando una incompetencia y desatino a prueba de balas que realmente, como dice la defensoría, “pudre” a la institucionalidad del país; porque mina el camino democrático y convierte a la convivencia ciudadana, en una convivencia virulenta y troglodita. (La corrupción genera conflicto, y el conflicto deviene en violencia).
El desacato a las normas de convivencia, constituye también un acto de corrupción, en tanto perturba, malogra, deteriora, distorsiona y deslegitima el sistema democrático, produciendo conflictos y violencia que carcomen los cimientos de la sociedad y el Estado. Como bien lo señala el “Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Un compromiso de todos”, aprobado en el año 2008: “Los efectos perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión del Estado ya que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de los poderes públicos”.
Por lo tanto, en concordancia con la línea política de dicho Plan Nacional, la lucha contra la corrupción constituye “un compromiso de todos los peruanos”. Para ello es necesario “que cada ciudadano conozca sus derechos y obligaciones en relación con el Estado, aprenda a cumplirlos y a exigirlos”. Es más, la Vigésimo Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional, expresa el compromiso de “afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de  paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad”. No dudamos, que la tarea está en las manos de los gobernantes y de los gobernados.

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