CRÓNICA DE UNA PROTESTA ANUNCIADA

Hasta que la protesta explotó. Cuando el día 07 de setiembre del presente año, en el diario oficial El Peruano, se publicó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley Nº 29785; lo consideramos el ingreso a una nueva época en nuestro país, en la cual “las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo” sean consultadas de forma previa.

Este procedimiento de contar con la licencia respectiva de los pueblos afectados, antes de ejecutar las medidas que los afecten, supuso un cese, sino, una notable disminución de los conflictos entre la sociedad política (gobernantes) y la sociedad civil (gobernados), en aras de mejorar la convivencia social y convertirla en una situación saludable. ¿Por qué? Porque la Ley en mención, señala con suma claridad que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios” involucrados en el proceso de consulta (artículo 3º).

Aunque “la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa  corresponde a la entidad estatal competente”, (según el artículo 15º), entendemos que el “acuerdo o consentimiento” deberá proporcionar satisfacciones a ambas partes antes de proceder a su ejecución o aplicación. De no ser así, no sólo la Ley en mención se convertiría en una burda manera de no tomar en serio los intereses de la sociedad civil por parte de quienes han sido elegidos para defenderlos y protegerlos de cualquier amenaza; sino que nuestra lengua oficial (una de las tantas) en la que está escrita la ley, (nuestras leyes), perdería toda importancia y respeto, hasta merecería el más firme repudio.

Las leyes son escritas —ello, suponemos— de tal manera que cualquier ciudadano y ciudadana, cualquier persona alfabética, no sólo las lea, sino, las entienda. Y las entienda sin necesidad de intérprete alguno. Porque si para entender lo que transmiten nuestras leyes, es necesario el auxilio de un profesional del derecho, estamos en un país que tiene muy poco, o nada, de democrático.

Porque si lo que está sucediendo en Cajamarca, se pretende explicar sólo por la presencia de intereses antimineros, o por la existencia de perros del hortelano —diría algún  espíritu soberbio y megalómano—, o algo peor, por la presencia —y existencia— de ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase; entonces, el Estado, nuestro Estado, es un ente que carece de la capacidad de aprender de sus propios errores (garrafales muchos de ellos, y hasta criminales o antidemocráticos).

No podemos negar que las inversiones extranjeras —no sólo ellas, por supuesto—, en un inicio, han usufructuado nuestros bienes generando perjuicios al patrimonio, a la gente, a su cultura. Que algunos casos se hayan convertido en pretextos para oponerse a toda inversión extranjera, la responsabilidad no sólo recae en las poblaciones directamente afectadas, a quienes les asiste todo el derecho de tomar las decisiones sobre su porvenir, sino, en un Estado (léase: “gobernantes de turno”) que ha demostrado una inoperancia, en el mejor de los casos, o una actitud poco o nada transparente, en el peor de ellos.

Alegar que son poblaciones “ignorantes”, porque están “anquilosadas” en la historia al creer que los minerales, la tierra, el agua, y todo cuanto se mueve y existe en sus territorios, pertenece a Dios; constituye otra barbaridad propia de un troglodita. Jerarquizar verticalmente la ciudadanía, las creencias, las costumbres, la cultura en su conjunto, otorgándoles valores o cualidades discriminatorias para justificar la imposición de medidas “correctas” o “perfectas”, desde el Estado, constituye un atropello no digno de perdón.

Porque si hay voces que defienden el derecho del Estado a imponer sus medidas, por el solo hecho de ser Estado, entonces la Edad Media ha retornado. Yo tengo la verdad, yo sé más que todos, yo decido, yo soy la voz de Dios.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, invocó “a que se hagan todos los esfuerzos para construir una cultura de paz, mediante un diálogo justo, equitativo, constructivo, de tolerancia de las opiniones diversas”. Pero el Ministro del Interior, Oscar Valdés (una de las voces del Estrado, de ese estado al que le compete cumplir y hacer cumplir la ley), opina que el pueblo de Cajamarca, a pesar de ser “un pueblo pacífico, trabajador”, hoy día está “confundido” porque se le dado un sinnúmero de versiones sobre un mismo tema. Y el producto de esa confusión, es que salga a las calles a protestar en contra de las actividades mineras.

El paro indefinido ha sido la última y extrema medida que han iniciado los cajamarquinos, liderados por su Presidente Regional, alcaldes distritales y provinciales, y dirigentes de diversos gremios. Fue una protesta anunciada. El conflicto se agrava cuando se percibe poca claridad en la predisposición al diálogo: ¿está de parte del gobierno o de parte de la población cajamarquina? 

El Alcalde del distrito de La Encañada (uno de los distritos afectados directamente por el proyecto Minas Conga)), en la provincia de Cajamarca, Jorge Vásquez, expresó que  “la voluntad de diálogo existe de parte de todas la autoridades y dirigentes de base”, sin embargo, precisó que “El problema es que ya no se tiene confianza en el gobierno y en los ministros”.

Obviamente, la pérdida de credibilidad en nuestras autoridades gubernamentales, es un hecho lamentable. Ahora más que nunca, dados los esfuerzos por fortalecer a nuestra democracia, la falta de confianza se torna un problema bastante serio. Si no hay confianza, no habrá diálogo, ni siquiera la predisposición hacia él. Si no hay diálogo, se quiebra la gobernabilidad. Y si ella se quiebra, se debilita la democracia, se resquebraja, cae.

Como bien lo manifiesta el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, “la democracia tiene que traducirse en eficacia del diálogo”. Y lo que está sucediendo hasta ahora en Cajamarca, dice Vega, es que no se ha logrado concretar “un diálogo fructífero, un dialogo técnico, un diálogo democrático”.

Pero lo doloroso de todo este conflicto (y en los de su tipo, sucedidos anteriormente), es que el Estado ha demostrado tener oídos sordos o muy poca visión para predecir las consecuencias, y poca capacidad para promover el diálogo, para actuar con transparencia y transmitir confianza. “Esperamos a veces la confrontación, esperamos a veces la muerte, la violencia para luego todos coincidir en que era necesario sentarnos a dialogar”, sostuvo el defensor del Pueblo, con suma preocupación.

“¿Oro o agua?”, preguntó el entonces candidato Ollanta Humala en su campaña proselitista en Cajamarca. “¡Agua!”, respondieron ellos y ellas. Pero ahora, ven los cajamarquinos, que antes que el agua, será el oro. O en todo caso, “Tendrán el agua; pero primero sacamos el oro”.

Salomón Lerner, en vísperas del paro indefinido, pidió a los cajamarquinos  “que se haga todo con debido respeto”. En otras palabras, que protesten, pero con respeto, y aclaró que “el gobierno dialoga, quiere conversar”. Precisó además que “el diálogo está abierto las 24 horas del día”, porque la intención del gobierno es llegar a un acuerdo, entendernos, comunicarnos, porque sólo así lograremos el crecimiento económico con inclusión social.

Pero si el paro indefinido llegó, es porque han fracasado todos los intentos de diálogo. Ante ello, el Defensor del Pueblo, expresó algo en lo que difícilmente algún peruano o peruana, estaría en desacuerdo: “No hay nada que justifique, ni el agua ni el oro, la muerte de personas, el maltrato, la afectación a la integridad de los peruanos”. Peruanos, somos todos.