lunes, 2 de enero de 2012

“CHAVÍN DE HUÁNTAR” EN LA MEMORIA

Después de 14 años (22 de abril de 1997), el Operativo de Rescate Nipón 96 o “Chavín de Huántar” realizada por 140 comandos de las Fuerzas Armadas peruanas en la casa del embajador de Japón Morihisa Aoki para rescatar a los 70 rehenes tomados por el MRTA, nuevamente está haciendo noticia por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH contra el Estado peruano sobre la ejecución extrajudicial de tres emerretistas después de haberse rendido: Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Víctor Peceros Pedraza, y Herma Luz Meléndez Cueva. Otras versiones, incluyen al emerretista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, conocido como “Tito”.

(Se presume la existencia de una cadena de mando paralela a la del operativo “Chavín de Huántar”, al sospecharse que las ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por miembros del denominado “Escuadrón Júpiter”, al mando de Vladimiro Montesinos. Aunque la versión oficial de los hechos, refiere que los 14 emerretistas cayeron en combate).

En horas de la noche del 17 de diciembre de 1996, un grupo de 14 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tomó la Embajada de Japón, ubicada en el distrito de San Isidro, tomando rehenes a los asistentes a la celebración del onomástico número 63 del Emperador Japonés Akihito. A la hora del asalto había casi 600 personas en la casa tomada, después de varias negociaciones, los secuestradores se quedaron con 72 rehenes, quienes fueron liberados por la operación de rescate, después de 04 meses y 06 días de cautiverio.

(Entre los 72 rehenes figuraban Alejandro Toledo, ex Presidente de la Republica; Luis Giampetri, ex Primer Vice-Presidente de la República en el segundo gobierno de Alan García Pérez, y congresista en ese mismo quinquenio, además de ser el autor del libro: “Rehén por siempre. Operación Chavín de Huántar”; Francisco Tudela, ex canciller en el gobierno de Alberto Fujimori; Javier Diez Canseco; Alex Kouri; entre otros).

La operación de rescate se hizo utilizando túneles subterráneos construidos con ese fin, durante los meses de tensión que cautivó al país entero y al mundo (corresponsales de prensa de diversos países y de cadenas noticiosas internacionales, se apostaron en las cercanías de las casa del embajador, mientras perduraba la situación). Fue un túnel también, de 350 metros de largo, construido por el MRTA, para facilitar la fuga de 48 miembros de su organización —entre ellos, su líder Víctor Polay Campos— del penal Canto Grande en horas de la madrugada del 09 de julio de 1990.

La historia de la rememoración que involucra al éxito del operativo de rescate, se inicia el 02 de enero del 2001, cuando los familiares de los miembros del MRTA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), presentan una denuncia penal por homicidio calificado contra Fujimori, Montesinos, Hermoza, y otros; en base al testimonio escrito de uno de los rehenes, el ciudadano japonés Hidetaka Ogura.

El debate generado sobre la intervención de la CIDH, gira en torno a la revisión del caso; pero, sólo de las supuestas ejecuciones extrajudiciales. Y no, como algunas voces han expresado con alarma, el enjuiciamiento nuevamente de los integrantes del equipo de comandos que liberaron a los rehenes y recuperaron la casa del embajador japonés, comandados por el general EP José Williams.

Rocío Silva Santisteban, ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), especificó que no se está juzgando a la operación “Chavín de Huántar” ni a los comandos de las fuerzas armadas que participaron en ella; sino, se está cuestionado a un acto “post operación”, como es el ajusticiamiento extrajudicial de tres miembros del MRTA, rendidos. (La operación militar en sí, duró 36 minutos).

De similar opinión es Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal: “Una cosa fue la operación de rescate de los rehenes de la casa del embajador y otra fue el crimen y la ejecución extrajudicial de los emerretistas”. Igualmente, Cesar San Martín, Presidente del Poder Judicial, precisó que en su institución “los cargos que se formulan por homicidio calificado, son contra cuatro personas, y no por la operación en sí; sino, porque individuos o por disposiciones al margen del operativo exitoso, generaron hechos que vulneran los derechos humanos y están al margen de lo que es un operativo correcto de salvamento… creo que hay que separar”, especificó.

Esas cuatro personas que menciona el magistrado San Martín, son: Hermoza Ríos, Montesinos Torres, Huamán Escurra y Zamudio Aliaga, juzgados por el delito de Homicidio calificado; y en palabras de Carlos Rivera, se sumaría Alberto Fujimori, por haber dado la orden de eliminar a los emerretistas rendidos. Estas cinco personas, son juzgadas en la justicia ordinaria, y no, en la justicia militar como los comandos participantes en la operación “Chavín de Huántar”, aclaró Carlos Rivera.

Queda claro que el operativo de rescate no está siendo cuestionado, mucho menos la participación de algunos de los comandos de las fuerzas armadas. Al respecto, Francisco Eguiguren, ex Ministro de Justicia, y uno de los personajes directamente aludido en esta supuesto allanamiento del Estado ante las recomendaciones de la CIDH, puntualizó que “ningún comando será sometido a algún proceso por el operativo… el que está sometido es el Estado peruano”.

Sin embargo, en palabras de Roberto Chiabra, General EP en situación de retiro y ex Ministro de Defensa, “entre los peruanos, desmerecemos las cosas buenas que hacemos”. Chiabra, defiende una postura a favor de las decisiones del Estado peruano, y en contra de las recomendaciones de la CIDH, por considerar que la operación de rescate fue impecable, en defensa de la patria y de la vida de los peruanos y peruanas.

Cabe recordar que en la operación de rescate “Chavín de Huántar”, resultaron heridos 14 miembros de las fuerzas del orden y 8 rehenes, y fallecieron 17 personas. Los 14 miembros del MRTA; un rehén, el vocal supremo Carlos Ernesto Giusti Acuña; y dos miembros del comando de rescatistas, declarados Héroes Nacionales: el Coronel EP Juan Valer Sandoval y el Capitán EP Raúl Jiménez Chávez. (Éste último, miembro de seguridad de kenyi Fujimori, hijo del entonces Jefe de Estado, Alberto Fujimori, y actual Congresista de la República).

En su Informe Final, la CVR, concluye que la operación de rescate “fue una acción valerosa de las Fuerzas Armadas cuyos integrantes arriesgaron sus vidas y cumplieron con su deber al enfrentar exitosamente una situación compleja para el país”; sin embargo, no descarta hechos que “implican la comisión del delito de homicidio calificado”, porque fueron ejecuciones arbitrarias “en circunstancias ajenas al enfrentamiento”.

El debate es ácido, al extremo de polarizar nuevamente a peruanos y peruanas. A pesar que no se está condenando la operación de rescate. Sobre el tema, el ex canciller Francisco Tudela, dijo "Me produce repugnancia y repudio, porque es profundamente injusta la decisión. Es la prueba palmaria del carácter sesgado e ideológico de las doctrinas jurídicas caprichosas tanto de la Corte como de la CIDH".

Un Comando del operativo “Chavín de Huántar” y capitán en retiro, Alex Segura, manifestó su malestar frente a las informaciones imprecisas y equivocadas sobre la intervención de la CIDH: "Hubiese preferido quedarme en la residencia y no salir, morir con gloria a estar viviendo humillado y preso", declaró. En su momento, Luis Giampietri, ex congresista de la república, también manifestó su descuerdo al respecto: “Creo que esto no se condice con un Estado agradecido, no puede haber un Estado que sea capaz de juzgar de esa forma a quienes han permitido que la democracia hoy en día funcione”. Sin embargo, no está siendo cuestionado el operativo “Chavín de Huántar”. Están siendo cuestionadas, juzgadas, condenadas; las ejecuciones extrajudiciales, post operación de rescate.

No hay comentarios:

Publicar un comentario