Meses antes de la aprobación de la Ley Universitaria Ley N° 30220 (julio de 2014), hemos escuchado diversas voces desde el interior de las universidades, de preferencia las financiadas por el tesoro público, sobre una amenaza a su autonomía académica y administrativa (más la segunda que la primera), por parte del Estado, y quizá de otros grupos de presión enquistados en algunos sectores del Estado.
Hemos leídos constantemente comunicados en la prensa escrita, básicamente, a nombre de varias universidades públicas (obviamente, comunicados pagados con el dinero de todos los contribuyentes), en defensa de la “autonomía universitaria” como si se tratara de un fenómeno sagrado del cual dependía la sobrevivencia de la universidad, y por ende, de la democracia de nuestros pueblos.
Han coincidido muchas universidades públicas, las mismas que han rubricado sendos comunicados escritos, en señalar a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) como la garantía de la autonomía universitaria, y han señalado al mismo tiempo, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), creada por la Ley N° 30220, como la enemigo número 1, de la tan defendida “autonomía universitaria”.
Sin embargo, ya establecía el Plan Bicentenario (2011), en concordancia con el Proyecto Educativo Nacional (2006), que la universidad peruana está formando profesionales que la sociedad no demanda. Décadas atrás, Tomás Bunge, nos advertía que la universidad latinoamericana, se había convertido en una fábrica de títulos profesionales y de mala calidad.
Igualmente, UNESCO señaló en el 2005, que la universidad en el mundo, no está respondiendo a las necesidades de los pueblos de los cuales se nutre, vive, y a quien debe su razón de ser. Y ello, sin querer mencionar al Proyecto Tuning (y su antecesora, la Declaración de Bolonia), donde se confirma que la universidad en el mundo, está desencajada de los cambios y demandas sociales del mundo contemporáneo. Es decir, la universidad existe en un mundo paralelo donde solo existen problemas teóricos, y problemas que solo se resuelven con más teoría, y más teoría, y más teoría…
Entonces, si antes de la Ley N° 30220, la universidad ha gozado de “autonomía”, y todo lo que ha producido es gracias a esa “autonomía”; cuando ningún estudio aplaude los logros de la universidad en el último siglo, ¿por qué aferrarse a la defensa de una “autonomía” que no ha producido nada saludable para la sociedad y el Estado?
Nuevamente, grupos de presión y de poder, inmiscuidos en la defensa de algo que ni siquiera tenemos una idea consensuada de lo que significa, implica o sugiere. Mientras tanto, la universidad pública continua nutriéndose, y nada mal, de los recursos de todos los peruanos y peruanas, a cambio de muy poco, casi nada, o simplemente, nada.
Hemos leídos constantemente comunicados en la prensa escrita, básicamente, a nombre de varias universidades públicas (obviamente, comunicados pagados con el dinero de todos los contribuyentes), en defensa de la “autonomía universitaria” como si se tratara de un fenómeno sagrado del cual dependía la sobrevivencia de la universidad, y por ende, de la democracia de nuestros pueblos.
Han coincidido muchas universidades públicas, las mismas que han rubricado sendos comunicados escritos, en señalar a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) como la garantía de la autonomía universitaria, y han señalado al mismo tiempo, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), creada por la Ley N° 30220, como la enemigo número 1, de la tan defendida “autonomía universitaria”.
Sin embargo, ya establecía el Plan Bicentenario (2011), en concordancia con el Proyecto Educativo Nacional (2006), que la universidad peruana está formando profesionales que la sociedad no demanda. Décadas atrás, Tomás Bunge, nos advertía que la universidad latinoamericana, se había convertido en una fábrica de títulos profesionales y de mala calidad.
Igualmente, UNESCO señaló en el 2005, que la universidad en el mundo, no está respondiendo a las necesidades de los pueblos de los cuales se nutre, vive, y a quien debe su razón de ser. Y ello, sin querer mencionar al Proyecto Tuning (y su antecesora, la Declaración de Bolonia), donde se confirma que la universidad en el mundo, está desencajada de los cambios y demandas sociales del mundo contemporáneo. Es decir, la universidad existe en un mundo paralelo donde solo existen problemas teóricos, y problemas que solo se resuelven con más teoría, y más teoría, y más teoría…
Entonces, si antes de la Ley N° 30220, la universidad ha gozado de “autonomía”, y todo lo que ha producido es gracias a esa “autonomía”; cuando ningún estudio aplaude los logros de la universidad en el último siglo, ¿por qué aferrarse a la defensa de una “autonomía” que no ha producido nada saludable para la sociedad y el Estado?
Nuevamente, grupos de presión y de poder, inmiscuidos en la defensa de algo que ni siquiera tenemos una idea consensuada de lo que significa, implica o sugiere. Mientras tanto, la universidad pública continua nutriéndose, y nada mal, de los recursos de todos los peruanos y peruanas, a cambio de muy poco, casi nada, o simplemente, nada.
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