viernes, 27 de marzo de 2009

EXCLUSIÓN SOCIAL Y PROPIEDAD PRIVADA

Me pregunto, si la delincuencia común es una alternativa “de producción” para los sectores marginados en este proceso exclusivo que es la globalización. Si ya sabemos del carácter netamente utópico de una repartición equitativa de la riqueza global, entonces, qué otra opción tienen los apartados del círculo económico mundial, aquellos que tampoco se resignan a sobrevivir sólo del asistencialismo. Podría ser que los excluidos y “desclasados”, asumiendo conductas delictivas están enfrentando, destruyendo e invalidando la concepción de "propiedad privada” y el respeto que se supone, la sociedad en conjunto, le debe; porque, aún marginados y excluidos, se obstinan en sobrevivir. ¿Y por qué “propiedad privada”? Pues, porque sobre la base de ella se ha edificado toda la estructura social, y se erigen los nuevos paradigmas de la organización política. Y a estas alturas, ya todos saben —no lo dudo— de lo absurdo que resulta pretender y fomentar una libre competencia entre todos los hombres, para acceder a una vida digna, de respeto y reconocimiento social. Y no sólo en el ámbito individual o de grupos humanos pequeños —familias o comunidades—, sino, en el ámbito de países y regiones continentales. ¿Qué futuro podemos pretender construir, entonces, como país, cuando ya el mundo está girando en torno a una estructura económica mundializada donde, evidentemente, los monopolios y oligopolios tienen la potestad de “sugerir” —un eufemismo— alternativas organizacionales a toda sociedad marginal como la nuestra? Sin duda alguna, a favor de la perpetuación del poder económico que poseen. Y ello, sin nombrar a la Comisión Trilateral —esa organización que agrupa a líderes económicos, intelectuales y políticos del mundo, dedicados a perfilar estructuras sociales a largo plazo—; podemos percibir que los gobiernos como los nuestros, no tienen otra opción que subordinarse a intereses ajenos a los del país y la sociedad que representan, a costa de estropear y condenar de por vida a vastos sectores poblacionales a una vida, alejada totalmente del concepto de “dignidad”. La propiedad privada es, por sobre todo, como bien anota Hernando de Soto (2000, 183), un contrato social: “La propiedad no consiste en los activos mismos sino en el consenso entre personas respecto de cómo estos deben ser poseídos, utilizados e intercambiados”. Richard Posner (citado por de Soto), es más explicito: “La propiedad es una construcción social”. Entonces, ya estamos refiriéndonos a una mentalidad, a una cultura, a una actitud, a una acción social. Se necesita de actitudes consensuadas y de la participación de la sociedad en su conjunto para concebir y para otorgar una legitima funcionalidad a todo lo que implica la frase “propiedad privada”. De lo contrario, perdería sentido y se resquebrajaría el mundo moderno. En esta perspectiva (entendemos que no sólo quienes padecen necesidades básicas insatisfechas, realizan actividades delictivas), la delincuencia común, no necesariamente organizada, bien podría concebirse como una actitud rebelde y desesperada de quienes, excluidos de toda otra opción de sobrevivencia digna, pretenden ignorar el pacto social que favorece un libre intercambio de bienes y servicios, al amparo del respeto absoluto a la posesión formal y legítima de los mismos. Esto es, la delincuencia común, como una guerra contra la propiedad privada, una guerra desprovista de toda apuesta política alternativa, lógicamente. (Artículo que publiqué en la Revista Latinoamericana SEÑALES, en la edición 44, página 34, agosto de 2006.)

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