LAS LIMITACIONES DE LA REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA

Nada ni nadie puede garantizar que los nuevos gobernantes a elegir no vuelvan a defraudar a la ciudadanía, haciendo añicos las expectativas que ella ha construido sobre la base de sus necesidades y las ofertas electorales a las que ha estado expuesta incansablemente vía los medios de información de masas. La democracia moderna, con mucho mayor énfasis, no solo considera, sino que se esfuerza en hacerlo palpable en la praxis social, que la soberanía le es propia a la voluntad popular y que ella solo espera que sea respetada y considerada, aun cuando parezca no coincidir con las recetas y “creencias” que algunos y muy pocos “iluminados” expresan y se ufanan de tener las cualidades sobrehumanas de entender y solucionar la problemática social. El fenómeno que la civilización democrática ha denominado “representatividad política” y que descansa en el mecanismo electoral, mediante el sufragio universal, libre y secreto, se ha convertido en un fenómeno que ha servido —y sirve— para insultar a la soberana voluntad ciudadana y poco a poco ha ido socavando la legitimidad del régimen democrático como alternativa viable para construir una sociedad humana aceptable. El representante político que a la vez personifica al Estado gracias a que el soberano poder popular le delega, usufructúa sus potestades e ignora los sagrados deberes de atender las necesidades que la ciudadanía permanentemente expresa. Aun cuando las leyes fijan mecanismo en salvaguarda de los intereses ciudadanos, los representantes políticos logran hacerse de artilugios y mecanismos que los favorecen y escapan de las sanciones que pudieran merecer. Esta democracia representativa que algunos denominan “sustitutiva” —porque sustituye al soberano por representantes elegidos, quienes asumen un absoluto poder de tomar decisiones políticas en su nombre—, no ha resuelto viejos problemas que a la ciudadanía ya le son intolerables. La pobreza, el peculado, la exclusión social, el desempleo y subempleo, el analfabetismo y otros más, constituyen factores estimulantes para que la ciudadanía rechace tajantemente a la democracia representativa, pierda la fe en ella y pretenda o sugiera un régimen político alterno, aunque este configure un escenario mucho más excluyente y delictivo, y en el peor de los casos, mucho mas violento e inhumano. El rechazo, incluso, al mero término “democracia” que la ciudadanía abiertamente expresa, refleja un cansancio y una lógica incomprensión a un régimen que en nombre de sagrados principios —soberanía, voluntad popular, ciudadanía, libertad, derechos humanos, equidad social— ha usurpado las atribuciones que le son inherentes al mandato popular y han construido una sociedad donde la desconfianza y la inseguridad ciudadana han tomado por asalto a la convivencia civilizada y la han reducido a una realidad insospechada y con muy poco valor humano. Los intereses personales —de los gobernantes— y de pequeños pero poderosos grupos económicos —monopolios y oligopolios—, asumen las características de muros de contención que limitan y atrofian la legítima cobertura que la representatividad política pretende, reducen sus espacios y recorta o desvía sus atribuciones y decisiones a favor de objetivos que nada tienen que ver con los objetivos de la soberana voluntad popular. Entonces, la representatividad política, espíritu y alma de la democracia moderna, halla un reducido espacio y un escenario minado por omnipotentes intereses económicos, encarnados en las trasnacionales que han mostrado la incompatibilidad de sus deseos y objetivos con los deseos y objetivos e intereses de la voluntad popular, que de pronto se ve maniatada por un cuerpo de leyes —tratados y convenios internacionales— que sus legítimos representantes han elaborado y aprobado, en su nombre. La representatividad política, parece estar fracasando. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario la Industria de Chiclayo, el día 30 de mayo de 2006.)