PADRES DE LA PLATA… Y DE LA LEY

Ante una crisis importada que ha producido más que una jaqueca y pesadillas, más a los gobernantes que a los gobernados (será porque estos, ya perdieron toda esperanza de algún día llegar a vivir “bien”), y ante la repentina y fugaz arremetida de un maldito virus que en nuestro país, nos ha resultado bastante difícil identificarlo con certeza, y no porque sea foráneo —ni mucho menos, norteamericano, amén que ya el Premier Yehude Simon ha sentenciado que en nuestro país, ahora, no hay espacio para las alternativas antisistema, que dado el desenfreno del neoliberalismo, se puede leer “antinorteamericana”—, sino porque no contamos con la tecnología respectiva, según lo señaló nuestro Ministro de Salud, Oscar Ugarte; nuestros bendecidos “Padres de la Plata”, perdón, “De la Patria”, sigilosos ellos y ellas —¡viva la equidad de género!—, se les ha ocurrido la acertada idea de solicitar vales de gasolina, alquiler de vehículos y pasajes aéreos (hasta un monto de 2,280 nuevos soles), para ser utilizados en sus viajes de trabajo a provincias, como sumas adicionales a las ya percibidas por ley. Frente a este tino parlamentario (muy reservado, por supuesto), a alguien se le ocurriría divagar, que jamás una patria con tantos padres, ha padecido tantas miserias; como que no cabría en el pensamiento de antaño, que el pueblo, el soberano, la fuente del poder político, necesite de un Defensor para hacer prevalecer sus derechos. Pero estas decisiones congresales, han sido tomadas con cabeza bastante fría; si pues, nuestra Contraloría está acéfala, esto es, es una Contraloría que no controla, o que no puede hacerlo como sí, cuando tiene la cabeza bien puesta. A veces resulta muy poco grato utilizar el sustantivo “Otorongo”, pero escuchando al congresista Eduardo Espinoza, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, referirse en una entrevista radial a que dichos montos no son tan “jugosos”, uno se detiene a pensar, y no encuentra otra alternativa. Además, han declarado que sólo están cumpliendo la ley; empero, el congresista Isaac Meckler, lo ha considerado una mezquindad. Hace poco nos enteramos de la subida de las tarifas eléctricas (2,8% en promedio a nivel nacional, a partir del 1 de mayo, y con la complacencia de Osinergmin), y del impuesto a las transacciones con tarjetas de crédito y débito (gran idea de la SUNAT, como respuesta a la alta evasión de impuestos por parte de nuestros creativos empresarios, aunque su representante, Manuel Velarde Dellepiane, haya señalado que es una medida para recabar información, y no, para aumentar la recaudación de impuestos), y quizás, dentro de poco, nos demos por enterados de la creación de un nuevo impuesto, al ejercicio de pensar por ejemplo, aunque muchos de nuestros líderes políticos y empresariales, resulten exonerados. Y como son los padres de la patria y de la plata (y por ende, de la ley), en este país, o como dirían algunos, son “los reyes de la salsa”, pueden permitirse obviar algunas de sus importantes funciones. Por ejemplo, dejar de fiscalizar las labores de ese otro titán del Estado, el Ejecutivo. Resulta que, e irónicamente ha pasado desapercibido entre tanto pánico porcino, nueva televisión digital, CTS adelantadas, sacerdotes amorosos, y cifras de aprobación presidencial, se ha postergado —no sabemos hasta cuándo— la fecha de la realización del Referéndum Nacional para la aprobación o desaprobación del “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los Trabajadores que Contribuyeron al Mismo”, convocado en un primer momento, para el día domingo 3 de mayo del presente año, mediante Resolución Nº 331-2008-JNE (publicada el 18 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano). Vale la pena recordar que es atribución del Congreso, “Velar por el respeto de la Constitución y las leyes” (Art. 102, CPP); y del Ejecutivo, “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” (Art. 118; CPP). Éste, no ha cumplido; y aquel, en su labor fiscalizadora, el sentido común nos indica, que alguna disposición o alguna labor le correspondió (le corresponde) hacer; pero hasta el momento, están tan ocupados en definir la pertinencia o no de los cuestionados vales adicionales que han solicitado. En su visión, el congresista Cesar Zumaeta, opina que serán descontados de sus ingresos mensuales, y los vales que no han sido utilizados (en su caso, menos del 10% de los solicitados en el mes de abril), serían devueltos. El Jurado Nacional de Elecciones, emite resoluciones que “… son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno” (Art. 181; CPP), y su resolución Nº 331-2008-JNE, está siendo desacatada por un Ejecutivo (por un Ministerio de Economía y Finanzas, para ser más precisos), de una manera olímpica y descarada. Pertinentemente, los organismos que conforman el sistema electoral peruano, han emitido un comunicado conjunto en el cual justifican la “necesaria postergación” del referéndum, porque el MEF “no ha otorgado” el presupuesto solicitado. El Premier Yehude, señaló que la realización del referido referéndum constituiría un gasto inútil para el fisco, y que ese dinero (más de 150 millones de nuevos soles, según presupuesto elaborado y solicitado por el JNE) podría ser utilizado en otras necesidades que diversas localidades de nuestra patria demandan. En consecuencia, las leyes deben cumplirse, no porque deben cumplirse, sino, porque constituyen o no una prioridad cumplirlas. A la par con esas declaraciones, el Ministro de Vivienda Enrique Cornejo, ha sostenido en su momento que ese dinero puede servir para la construcción de miles de casas para las familias más necesitadas. Entonces, por necesidad, también es permitido no cumplir una ley, y “no pasa nada” como dirían los muchachos de ahora. En respuesta, ante tamaño atropello, la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), está promoviendo la vacancia del Jefe de Estado —a quien consideran un gobernante “antisistema”, según declaraciones de su representante Andrés Alcántara—, presentando un proyecto de ley que considera como una causal más de la vacancia presidencial, el incumplimiento de un referéndum. Esta solicitud ha sido vista con buenos ojos por Ollanta Humala, pero para el Premier Yehude, es una pose que sólo busca “tener portadas”. No olvidemos que los congresistas percibían una remuneración de 6 URSP (equivalente a 15,600 nuevos soles, fijada por el DU Nº 019-2006), hasta que el 7 de octubre del 2008, se incorporaron sus gastos operativos, modificando el inciso “f” del artículo 22 de su Reglamento respectivo (mediante RL N° 003-2008-CR), que ellos y ellas eufemísticamente llamaron “asignaciones por el desempeño de la función congresal”, que ascendían a la suma de S/.7,617.20 mensuales (el 70% de los cuales lo pueden rendir solamente presentando una simple declaración jurada), ascendiendo sus ingresos brutos a S/. 23,217.20 mensuales, que quitándole los impuestos de ley y sumándole no sé qué otras cosas más, queda en un poquito más de 22 mil nuevos soles por mes de arduo trabajo a favor de todos los peruanos y peruanas. No dudamos que se trata por el bien de la unidad nacional contra la crisis externa. (Artículo que publiqué en la página política del Suplementro DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día domingo 10 de mayo de 2009)