domingo, 11 de octubre de 2009

LA POLÍTICA DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción es el fenómeno que en los últimos tiempos ha contribuido a disminuir el respeto que sentíamos por algunas de nuestras instituciones públicas y, por ende, el respeto y aprecio que podríamos haber sentido por todo aquello que pertenezca a –o se derive de– la democracia. Aún cuando “cada vez resulta más difícil llegar a una definición que abarque todas aquellas formas en las cuales… se puede manifestar”, según conclusiones de la Defensoría, ha logrado construir una definición que nos permite entenderla e identificarla fácilmente, a fin de poder enfrentarla y combatirla: “la corrupción es el uso de una función o recurso público en beneficio privado indebido”. Pero lo grave, como señala Proética, es que existe desconfianza y escepticismo frente a la posibilidad de superar la corrupción en el país y en el Estado. Esto abona a la desconfianza de la gente frente a las instituciones, y también abona al aumento de la tolerancia cotidiana hacia la transgresión, señala la entidad encuestadora. Además, el 79% de los encuestados dice que en el Perú las leyes no se respetan, entre otros motivos porque están hechas para favorecer a los poderosos (22%), porque no hay sentido cívico entre la población (19%), o porque no están adecuadas a la realidad (18%). Pero es nuestro Congreso el que está en la línea de mira. La semana que ha pasado, en medio de discrepancias y altercados, fue desaforada la congresista Rocío Gonzales, acusada de “robar” energía eléctrica para su empresa. Y José Oriol Anaya Oropeza, es un congresista ancashino que está suspendido. A su vez, las congresistas Tula Benitez y Elsa Canchaya, suspendidas en sus derechos parlamentarios, volverían al Congreso, libres de toda culpa. “En homenaje a su picardía, los vivos merecen la indulgencia”, escribió Sebastián Salazar Bondy, hace 45 años. Para Luis Galarreta, son personas infelices que han malogrado al Congreso, aunque “la forma como robaron estas señoras”, no está tipificada, enfatizó. Mientras que Alva Castro, considera que no es justo que se siga persiguiendo a estas señoras porque el asunto ya está zanjado. La concepción de justicia, en nuestro país, atraviesa por infinidad de acepciones al extremo de convertirse en sinónimo de inmunidad, prescripción, contubernio, impunidad u olvido. Javier Velásquez, no da tregua y se defiende anticipadamente, señalando que “el Poder Ejecutivo no tiene que ver”. El Estado, lavándose las manos, nuevamente. Mientras que Víctor Andrés García Belaunde, interviene para afirmar categóricamente que sólo “respondemos por la gente que traemos”. La responsabilidad entonces, es una carga destinada a divagar sin descanso en mentalidades paranoicas que sólo buscan la demolición del oponente, eximiéndola de los reales involucrados. El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaborado y presentado al país por el gabinete anterior, sostiene que la corrupción “destruye la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al fomentar la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad y afecta al sistema democrático”. Meses después (setiembre 2009), el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, difunde una encuesta sobre el tema, mostrando que 94% de los encuestados considera que la corrupción hoy en día es un problema “Muy grave”. Y comparando con julio del año pasado, el 42% señala que el Perú es hoy en día “Mucho más corrupto”, sumándose a un 46% que considera que sigue “Igual de corrupto”. Y a pesar que el Congreso, en la V Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética (2008), es considerado la institución más corrupta del país (después del Poder Judicial y de la Policía Nacional), es la institución que traspasa los límites de la realidad y la ficción. Al respecto, Augusto Álvarez Rodrich, ha concluido que “robaluz, lavapiés, comepollo y mataperro son los (alias) más populares” del Congreso. Y el periodista Federico Salazar, refiere que el Congreso debe cambiar sus reglas de juego, a no ser que quiera convertirse en el “hospedaje de paso de los delincuentes e indeseables”. Por su parte, el sociólogo Sinesio López, sostiene que es un Congreso de menor calidad, pero al mismo tiempo tiene una mayor representatividad que los antecesores. “Así somos los peruanos”, insinúa Sinesio López. Pero a la vez señala que “casi todo está podrido en nuestro país”; en consecuencia, continua, es necesaria una reforma estatal radical, que sea burocrática y administrativa, política y ética, que funde “un nuevo Estado en el que todos podamos confiar y creer”. La lucha contra la corrupción, se constituye entonces, en una tarea prioritaria, casi vital para el país y para la permanencia de la democracia como régimen que regula nuestra vida en sociedad. No obstante, Cecilia Blondet, advierte que “autoridades y políticos en general adoran tomarse fotos y hablar de cuánto luchan contra la corrupción. Pero a la hora de las precisiones la cosa no siempre es clara”. Otros dirigen su mirada al factor presupuestal, pero Yehude Simon, afirma que para luchar contra la corrupción, lo fundamental es que las instituciones públicas requieran de voluntad política, decisión, e independencia. Aún lo difuso que pueda ser el papel del Congreso en cuanto a su representatividad –porque representan a la nación frente al Estado, pero representan al Estado frente a la nación–, le corresponde atender las demandas de sus representados, antes que las del Estado. (El Presupuesto Institucional del año 2008, del Congreso de la República, fue de 315,425,950.00 millones de nuevos soles). Hasta el Acuerdo Nacional, en su Vigésimo Cuarta Política de Estado, declara el compromiso de “construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos”. Al parecer, este podría ser un compromiso y una tarea que nunca acabará, amén de los esfuerzos, esperanzas y pliegos presupuestales invertidos en ello. Parecería mentira, pero 100 años atrás, Manuel González Prada escribía que “En cada miembro del Poder Legislativo hay un enorme parásito con su innumerable colonia de subparásitos, una especie de animal colectivo y omnívoro que succiona los jugos vitales de la Nación”. Y un año antes, Francisco García Calderón Rey, señalaba que la política “es indefinida, falaz, inquieta y ambiciosa”, y agregaba que es “indecisa e ignorante en sus aspiraciones y marchas”. Sin embargo, intuyo que podemos enorgullecernos de la capacidad de nuestro Congreso para violar las leyes del envejecimiento que afecta a toda obra humana y natural. Continúa siendo el mismo, lamentablemente.

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