martes, 17 de noviembre de 2009

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Podría resultar que el optimismo deje de ser una virtud en nuestro país, para convertirse en un defecto o en una falencia ciudadana, si los casos en los cuales funcionarios públicos aparecen comprometidos o involucrados en situaciones poco o nada decentes, o simplemente difusas y poco transparentes, que nos inducen a pensar y a imaginar que nuestro país —la comunidad política de nuestro país, para ser más exactos—, está cada día más embadurnada con impunidad y corrupción. La indignación ciudadana emerge y se agiganta ante un nuevo caso que sin dejar de ser risible y tragicómico, degrada aun más, la imagen institucional de nuestro país como estado de derecho que pugna por convertirse en un país capaz de elevar el estándar de vida de su gente a niveles globalmente aceptables, aunque la evasión tributaria continúe siendo una praxis altamente rentable. “Ay de los días en que los jueces serán juzgados”, reza una frase religiosa, la que encaja perfectamente con lo sucedido en los últimos días, donde aparecen comprometidos funcionarios del Poder Judicial, al aceptar la invitación de viajar al extranjero de parte de una universidad privada que tiene una centena de casos judiciales en proceso (algunas ediciones periodísticas hablan ya de posibles congresistas en la misma situación, también); y la posibilidad, gruesamente irónica, de que dichos magistrados tengan dificultad para reconocer la existencia de “conflictos de intereses”, es un agregado que complica la situación. Y cuando apelativos como “come pollo”, “roba luz”, “lava pies”, “mata perro”, “plánchame la camisa”, “acuchillado”, “roba agua” y “contrata fantasmas”, no alude a pandilleros ni a delincuentes comunes, sino, a los llamados “padres de la patria” —que ahora se han enfrascado en una vergonzosa pugna por el “voto voluntario” y la renovación del Congreso por tercios—, es evidente que no podemos dejar de pensar en la alternativa constitucional de su disolución. (No hace falta ser hechicero para imaginar los resultados de un referéndum nacional en este sentido). Más aún, cuando han aumentado de 120 a 130 miembros, porque consideran —el colmo de nuestros males— que a más congresistas, mayor eficiencia congresal. Pero ello parece ser una consigna o una norma de fe en el servicio público: Cantidad es sinónimo de calidad. Lo mismo sucede con las remuneraciones. “A mayor remuneración, mayor eficiencia laboral”. Creencia que parece estar más arraigada en ciertos corazones que cualquier otro rito religioso (sino consultemos a algunos dirigentes del Sutep). A un año de las próximas Elecciones Regionales y Municipales —y a seis meses más, de las Elecciones Generales 2011—, la guerra proselitista parece ya haber comenzado y con una intensidad que no perdona el más mínimo error ni deja pasar el más irrelevante detalle. Los partidos políticos han “aceitado” —qué duda cabe, en toda la acepción del término— sus armas, estrategias e instrumentos de lucha, a fin de sacar ventaja y alcanzar su más anhelado sueño: La conquista del poder —y de la libertad, para algunos condenados—. Ministros defenestrados, alcaldes calculadores, congresistas pintorescos y hasta sacerdotes en pie de guerra —sin dejar de mencionar a reclusos indesmayables—, han ingresado al ruedo y, recargados de energía, han apresurado su participación en la lid electoral, recibiendo y dando certeros puñetazos y puntapiés a diestra y siniestra, cual boxeadores de peso pesado, con envidiables currículos de por medio, aunque no sean del todo veraces. A la par, los sondeos de opinión pública que miden la intención de voto, ni cortos ni perezosos, han ingresado a la contienda, y presentan cifras e interpretaciones que a más de uno dejan con los crespos hechos y las esperanzas resquebrajadas, pero alientan las alianzas, contubernios y otros pactos bajo la mesa, dignos de un maravilloso país. No es para sorprenderse ni para desconcertarse si en las semanas y meses siguientes, se filtran a los medios periodísticos, escándalos o “escandaletes”, comprometiendo la imagen de personalidades públicas, alterando negativamente el apoyo ciudadano que supuestamente, según los sondeos de opinión —que son como vientos huracanados soplando a veleros en alta mar—, han logrado a su favor. Hasta los miembros del Tribunal Constitucional, nuestra máxima autoridad en la interpretación de nuestras leyes, se han convertido en el blanco de las más ácidas críticas y abiertos repudios, después de resolver en contra de la distribución gratuita y venta del anticonceptivo oral de emergencia (también llamada “píldora del día siguiente”), por parte del Estado peruano. En consecuencia, y a estas alturas, no podríamos dilucidar si por propia convicción o por presión mediática, el Ministro de Salud, ha manifestado su apoyo a la denuncia constitucional a los miembros del Tribunal, por tan inesperada sentencia, que están preparando dos organizaciones no gubernamentales. Sentencia que puede ser la causa de la mayor felicidad para algunos miembros de la Iglesia Católica en el Perú, quienes en algún momento de la euforia del debate y la confrontación ideológica, ofrecieron algo que se aproxima a la más barata demagogia tan reinante y tradicional en nuestro país, al parafrasear aquella milenaria frase, tan llena de amor y pasión: “Dejad que los niños vengan a mí”. (Pero lo que ha hecho el TC, en defensa del “Estado constitucional democrático y social”, es cumplir la norma constitucional. “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”, dispone nuestra máxima carta constitucional. Y puesto que la ciencia médica como el jurídico, se encuentran divididos en posiciones a favor y en contra, dice la sentencia del TC, considera la existencia de “suficientes elementos que conducen a una duda razonable”, lo que nos lleva al “principio de centralidad del ser humano”, para resolver a favor de la defensa de la vida de un nuevo ser, la parte más débil del conflicto. Pero la raíz de esta polémica —que nada tiene que ver con el género—, lo constituye nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo sobre el origen de la persona humana. ¿Desde qué momento aparece la persona humana?). Doe Run, es otro ente que ha ocupado los espacios mediáticos y ha puesto en debate la protección del ambiente frente al cumplimiento de ciertos deberes tributarios y empresariales. Clubes deportivos tradicionales, están también en el ruedo de las confrontaciones polémicas; canales de televisión, y otros casos, ponen en evidencia que el comportamiento de ciertas instituciones públicas, no es del todo elogiable ni transparente, ni ameritan ninguna defensa ni respeto públicos. La reforma del Estado, entonces —aunque difícilmente podríamos ponernos de acuerdo en su concreción—, aparece como una alternativa de emergencia para intentar, una vez más, subsanar las deficiencias —más que vergonzosas, nocivas— y continuar optimistas a favor de una reconstrucción socialmente aceptable de la institucionalidad peruana, a riesgo de regresar a una sociedad mórbida, a la que por donde se le toque, brota pus.

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