lunes, 23 de noviembre de 2009

LA DEMOCRACIA EN RIESGO

“Los partidos políticos cayeron en el desprestigio, la falta de credibilidad y legitimidad en razón de su propio comportamiento” leemos en el Dictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, del 02 de junio del 2003, sobre el Proyecto de Ley de Partidos Políticos, aunque más adelante agregan que también se debió a un “discurso anti-partido” que viene desde Leguía, pasa por Benavides, Odría, Velasco, Morales Bermúdez, y llega hasta Fujimori. Ahora podemos afirmar con mayor veracidad, que los partidos políticos y sufragantes, son los pilares del sistema democrático en cualquier parte del mundo. Sin embargo, observamos a los nuestros, padecer una crisis institucional alarmante. Aún así, se apuesta por ellos. Y en la Ley de Partidos Políticos Ley 28094, se les señala y se les garantiza “privilegios” que antes no los tenían o que el Estado no les brindaba. Lo que significaría que la propia institucionalidad democrática, teniendo al Estado como su mayor y poderoso promotor, está realizando grandes —y quiera Dios, no sean los últimos— esfuerzos para mantenerse vigente y mostrarse como la única alternativa viable que garantiza una convivencia civilizada entre todos —absolutamente, todos— los seres humanos. Por ejemplo, recuperar la institucionalidad que ellos han perdido, indicándoles objetivos muy bien definidos (art. 2º); otorgarles financiamiento para ser utilizados en actividades de formación, capacitación e investigación y para su funcionamiento ordinario (art. 29º); la franja electoral (art. 37º), y los espacios en radio y televisión en periodo no electoral (art. 41º), son esfuerzos de la propia institucionalidad democrática, por medio del Estado, para fortalecerse. A propósito, esta alternativa estatal de financiar parte de sus costos, está creando en la sociedad civil posturas discrepantes y hasta una oposición recalcitrante en algunos sectores no muy minoritarios. Pues, un Estado pobre, ¿cómo podría financiar a organizaciones que casi nunca se preocuparon por defender los intereses de la nación y que cuando gobernaron, no racionalizaron el uso del erario nacional? O para expresarlo en palabras de Sinesio López, organizaciones que todo el tiempo estuvieron “desacopladas de la sociedad y el Estado”. Y aunque no la nombra directamente, la Comisión parlamentaria antes señalada, la corrupción —solicitar recursos a los poderes económicos para subvencionarse actividades proselitistas, en el caso de los partidos políticos—es, junto con el militarismo, los gremios de propietarios, dueños de la TV y otros medios, uno de los poderes fácticos que “pesan mucho” y enfrentados al sistema democrático pueden hacerlo caer y vencerlo. Apostar por la democracia, ahora, implica un alto riesgo. Se trata de superar grandes desafíos que la época actual, impone. Para Dieter Nohlen, uno de los mayores desafíos de la democracia contemporánea “consiste en combatir con éxito la pobreza y promover, ahora ya, la justicia social”; y concluye: “Muchos de los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina tendrían una solución con la ética política”. En promover, crear e instaurar cultura política que tenga como principales elementos a la honestidad, la racionalidad y la puntualidad, constituiría el más grande desafío que la democracia contemporánea tendría que superar, logrando así que los ciudadanos y ciudadanas, también —y no sólo el Estado—, estarían dispuestos a librar todas las batallas para defenderla de toda amenaza.

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