EL FANTASMA DE LA REBELIÓN

Tomando la frase prestada de uno de nuestros congresistas, aludiendo a los encontrones diplomáticos con el país del sur, respecto a una polémica —todavía inconclusa— delimitación marítimo fronteriza, diremos que las declaraciones de inconformismo y de reclamo de varios miembros de la Policía, encapuchados o no, son tambores de guerra que podrían anunciar una crisis del orden interno en el país. Tambores de guerra que el gobierno haría muy bien en dedicar parte de su atribulado tiempo a prestarles atención y dejar de lado el “paseo” y la “mecida” al que nos tienen acostumbrados. Si bien es cierto, peruanos y peruanas, casi siempre hemos convivido con la mordaza, la indiferencia y el olvido, y hemos luchado contra el ninguneo a fundamentales derechos ciudadanos como la libertad de expresión, de asociación y a la igualdad ante la ley, que nos compete por mandato constitucional a todos sin distingo de ninguna clase; en esta oportunidad, tratándose de una institución armada y encargada de velar por el orden interno en el país, el fenómeno adquiere otras relevancias que ameritan una atención y estudio especiales. Cabe preguntarse, por ejemplo, si nuestros policías, son o no ciudadanos. Para serlo, basta cumplir los 18 años de edad (artículo 30º CPP), aunque para ejercer la ciudadanía, es necesario inscribirse en el registro electoral, esto es, tener DNI. Ellos y ellas, ya lo tienen. Más ahora, en esta época, cuando las únicas actividades que acaparan toda la atención pública, sólo responden a intereses proselitistas de todos los matices, es necesario tenerlo presente. Aun así, con DNI y todo, los policías y soldados, mientras no pasen a la situación de retiro, tienen algunos derechos restringidos contemplados en nuestra Constitución Política (artículo 34º). Por ejemplo, siendo ciudadanos y servidores públicos, no se les reconoce los derechos de sindicación y huelga (artículo 42º), no son deliberantes (artículo 169º), es decir, sólo les toca obedecer porque están “subordinados al poder constitucional”: y algo muy importante, pueden elegir pero no pueden ser elegidos, ni siquiera pueden ser miembros de mesa (Resolución Nº 317-2005-JNE). No obstante, el SOT3 Richard Ortega Quispe, conocido como “Rumimaki”, y Secretario General de un supuesto Sindicato Único de Policías en Actividad del Perú (SUPP), fue dado de baja acusado de insubordinación en agravio del Estado, por apoyar el voceado paro policial del 5 de abril próximo; acción que su abogado Rolando Janampa, no duda que exprese la voluntad de algunos miembros de las altas esferas del gobierno, quizá, como un mensaje oculto para todos aquellos miembros en actividad que quieran seguir sus pasos. "Estamos viviendo en un país de dictadura” habría expresado el suboficial Ortega. Igualmente, el suboficial Edward Casas Diburcio, fue separado de su cargo por expresar que los miembros de la institución policial necesitan mejores salarios y mejores pensiones, e igual desenlace, hasta el cierre de la presente edición, esperaba el suboficial Abel Hallasi Zárate. Respecto al caso del suboficial Casas, la congresista Marisol Espinoza, representando a sus colegas de la bancada nacionalista, manifestó que es una represalia del gobierno, que lo único que está haciendo es politizar los reclamos y las protestas, difícil de ocultar, del cuerpo de suboficiales de la Policía peruana. Pero son medidas que pueden ser apeladas por ambos miembros dados de baja, “a través del Poder Judicial o por la vía administrativa”, señaló el Ministro del Interior, Octavio Salazar. Por otro lado, la Federación Nacional Policial (FENAPOL), en la voz de su presidente Oscar Pedraza, manifestó que estarán en primera fila, si el 5 de abril, sus federados deciden salir a las calles a manifestar públicamente su malestar frente a los magros sueldos y a los maltratos que reciben de parte del gobierno. Pero el malestar policial no es asunto de estos días. En un comunicado, posterior a los trágicos sucesos de Bagua (junio de 2009), la FENAPOL, declaraba que “La Familia Policial está siendo vejada y maltratada en forma permanente por la administración de Gobierno”, al violentar fundamentales derechos de policías en actividad, retirados, viudas y discapacitados. No hay por qué alarmarse, dijo el Ministro del sector, Octavio Salazar (oficial de policía retirado), negando a su vez que haya persecución de policías rebeldes que están alentando una jornada nacional de protesta para la primera semana del mes de abril; es simplemente la existencia de malos elementos que quieren meter ideas a los buenos policías, aseveró. El Ministro Salazar asume que el legítimo anhelo que han decidido hacer público, en contra de sus reglamentos institucionales, algunos miembros en actividad de su sector, sólo puede ser obra de enemigos del país y del gobierno, aprovechándose de la coyuntura política que vivimos. Y a fin de calmar los ánimos encendidos de los miembros subalternos de su institución, ha indicado que están “trabajando para mejorar la canasta familiar de los policías”. Obviamente, nadie en su sano juicio, desearía una revuelta que volvería añicos al orden interno en el país que, dados los últimos casos delincuenciales cinematográficos, no es ninguna maravilla del mundo; sin embargo, nos permite aún reflexionar y pensar en las posibles alternativas de solución, manteniendo la calma y la cordura necesarias, en salvaguarda del contrato social establecido. Entendemos que la finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú, es “garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, por lo tanto, resultaría contraproducente y hasta irónico que atente o perturbe lo que se les ha sido dado en custodia: el orden interno. No obstante, por encima de toda ley y de toda norma, está “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, porque son “el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Corresponde a los gobernantes y a los gobernados, entonces, dirigir todos sus esfuerzos y recursos a preservarla de todo daño. Nada más importante, nada más prioritario, nada más alto que ello.