MINERÍA QUE MATA

El Decreto de Urgencia Nº 012-2010, publicado en el diario oficial El Peruano, el 18 de febrero del presente año, sostiene que la minería aurífera informal o ilegal que se practica en el departamento de Madre de Dios, viene ocasionando graves consecuencias en la salud de las personas, causa un impacto ambiental negativo, y afecta la recaudación fiscal del país por la evasión tributaria que representa; además que es la causa de crecientes conflictos socio ambientales en la zona que al Estado le corresponde prevenir y atender de inmediato.
Esta decisión política del gobierno de turno, de “declarar de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria el ordenamiento de la minería aurífera en el departamento de Madre de Dios” fue una de las causas de las últimas medidas de protesta que protagonizaron los gremios mineros en diversas localidades del país, con el trágico saldo de 6 fallecidos, decenas de heridos y varios desaparecidos, en un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional, en el proceso de desalojo de la carretera en la localidad de Chala, provincia de Caravelí (Arequipa).
(La primera disposición complementaria final, del polémico Decreto de Urgencia, disponía que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas colaborarán con el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de Madre de Dios, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del mismo).
Las muertes sucedidas en Chala, es un fenómeno absurdo en palabras del gerente regional de Energía y Minas, ingeniero Fredy Butrón Fernández, porque el decreto de urgencia en cuestión estaba dirigido específicamente para los mineros artesanales de Madre de Dios, refirió en una entrevista periodística. Así también, la fiscal provincial de Caravelí, Maruja Flores Tovar, habría precisado que entre los muertos hay una mujer que nada tiene que ver con las protestas.
Aún en medio de las protestas y enfrentamientos, al Jefe de Estado se le ocurrió tildar de “salvaje” a esta actividad minera “porque es informal y no paga impuestos”. Estas declaraciones sonaron como echar más leña al fuego, por lo que Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista respondió que “no se puede seguir matando personas para imponer medidas económicas”. Por su parte, el Premier Javier Velásquez, habla de “seudoempresarios”.
Por otro lado, el ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, remarcó que el sangriento decreto de urgencia ya había sido mejorado con dos resoluciones ministeriales, y debido a la desinformación, han continuado las protestas de los mineros artesanales, atentando contra la tranquilidad pública en el sur del país. Protestas, que según el ministro Brack, están promovidas por los propietarios de las dragas, esas pesadas máquinas que dañan y contaminan los ríos. Precisamente el cuestionado decreto, en el inciso 3 del artículo 2º, prohíbe el uso de estas máquinas y de otros artefactos similares en las zonas donde se practica la minería artesanal, informal o ilegal.
La CONFIEP también ha intervenido en el debate en este tema, y en palabras de su presidente Ricardo Briceño, ha manifestado que la minería informal está más ligada a nocivas actividades ilegales —como lavado de dinero y narcotráfico— que a actividades empresariales saludables. Además, agregó, que es necesario diferenciar a la minería informal como actividad de subsistencia de la otra que es utilizada y promovida por grandes capitales para evadir impuestos o para encubrir actividades delictivas.
Después de tantos comentarios y declaraciones encontradas, entre congresistas, ministros, dirigentes gremiales y líderes políticos, tras la sensación de que en el país, respecto al manejo e implementación del régimen económico, algo no está tan bien ni muy claro, el gobierno ha decidido revisar y modificar, y quizá derogar la norma que ha contribuido más a generar problemas que soluciones.
En junio del año pasado, sucedió algo similar en la provincia de Bagua, donde fue necesario una masacre que nadie ha olvidado, para la derogación de unos decretos que también fueron cuestionados, rechazados y hasta considerados inconstitucionales, en un afán de implementar a toda costa el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Perú, conocido como TLC.
Algo debe estar marchando no muy bien o fuera de su lugar, en la administración gubernamental, para que nuevamente la dación de una norma legal genere protestas y malestar en dimensiones incontenibles y que obligan al Estado a utilizar la fuerza para tratar de imponer una decisión política aún en contra de la voluntad y aceptación de los ciudadanos y ciudadanas directamente afectados y afectadas.
Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, en conferencia de prensa especificó que en lo que va del año, han fallecido 12 personas en diversos conflictos sociales, en los departamentos de Piura, Cajamarca y Arequipa. A su vez, exhortó a la Policía Nacional del Perú, a usar la fuerza con criterios de necesidad y proporcionalidad a fin de evitar situaciones lamentables que terminan enlutando a todo el país.
La “criminalización de las protestas” ya es un hecho en el país, en la visión de Ollanta Humala, por lo que su bancada estaría preparando una propuesta para declarar la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral permanente. Obviamente, que esto tiene un matiz más sensacionalista que racional; aún así, de alguna manera, contribuye a incentivar y profundizar el malestar y el desgobierno en todo el país, nada saludable para una época donde el proselitismo campea en todas las latitudes, desmereciendo y minimizando otras propuestas más cuerdas y menos subjetivas en bien de la gobernabilidad, tan lejana de alcanzar en los últimos tiempos.