LABOR DOCENTE, CALIDAD EDUCATIVA

Cuando la madre va a recoger a su niña, indignada y dolida, le increpa a la profesora, solicitándole una explicación porque su hija de 3 años de edad, presentaba huellas de haber sido agredida en su rostro, la profesora responde: “No sé”, “su niña es una ahombrada, juega con hombres”, “ella se expone”. Esta profesora, “docente de aula” (imagino que muy bien protegida por su sindicato), no tiene idea de la vergüenza ajena que provoca, ni de lo mal parados que deja a los altos funcionarios del Ministerio de Educación que están invirtiendo gigantescos esfuerzos (Art. 8º y 9º, Ley Nº 28044) para que nuestra educación supere la etapa vergonzosa y deficiente que ha tenido. Porque por alguna razón se declaró la “emergencia educativa”. Por alguna razón se ha creado el programa “Mejores maestros, mejores alumnos”. Por alguna razón, nuestros estudiantes, ocupan los últimos lugares en rendimiento académico en el continente. Y por alguna razón, en las evaluaciones censales de docentes, son pocos, poquísimos, los aprobados y aprobadas. Qué ironía, siendo el profesor “un factor clave para mejorar los logros de aprendizaje y la formación integral de nuestros niños y adolescentes”, como enfatiza, Idel Vexler, Viceministro de Gestión Pedagógica. Entonces, nuestra educación está atravesando una etapa difícil; por ello, algunos estudiosos hablan del “fracaso de la escuela”, aquí y en otras partes del mundo, por supuesto. Pero aquí no se trata de “Mal de muchos, consuelo de tontos”. Esta madre de familia, invirtió tiempo, salud emocional y dinero para solicitar formalmente una reunión con los padres de familia y la “docente de aula”, en la que la Directora (“máxima autoridad” de la institución educativa) esté presente. Pero no fue así. La Directora, semanas después, dijo: “Yo soy la máxima autoridad de la I.E.”. Sin embargo, desconocía la reunión que se había realizado, ignoraba los maltratos que la “docente de aula” daba a los niñitos y niñitas que tiene bajo su responsabilidad, e ignoraba que la madre de familia la buscaba desde hace meses para hablar con ella. Obviamente, la Defensoría del Pueblo, ya tomó el caso. Y hasta el momento, ha demostrado, como institución tutelar de los derechos ciudadanos, compromiso, seriedad, eficiencia e interesada en buscar una solución a este grave problema. Porque un docente de aula, bajo ninguna circunstancia, puede declarar: “Me sacó de quicio, y le jalé las patillas”. Además, agregó: “La mamá, me autorizó a jalarle las patillas”. CADER, la Comisión de Atención de Denuncia y Reclamos, instancia del MINEDU, ya tiene conocimiento del caso. El padre y la madre de una de las niñitas agredidas, sólo están esperando, confiando en el Estado de Derecho en el que vivimos, que también estén gestionando este problema con la seriedad y puntualidad que amerita. Porque nadie, absolutamente nadie, debe agredir a un niño o niña. Mucho menos, al interior de una institución educativa, donde hemos asumido, en los últimos años, que es un espacio que le compete garantizar a sus estudiantes, principalmente, un grato ambiente, muy saludable, de salvaguarda a su integridad como personas, y estimulante para el aprendizaje y su desarrollo integral (Art. 53º, Ley Nº 28044, y Art. 42º de su Reglamento). Lo irónico de la situación, lo constituye el hecho que en la reunión donde se presentó todo mundo, excepto la “Máxima autoridad de la I.E.”, el personal docente, auxiliar y administrativo, que estuvo presente, se limitaron a repetir, casi a coro (como una “lección aprendida” en horas de madrugada), que la “profesorcita” era muy “capaz”, “preparada”, con “honor” y que nadie iba a “mancillar su honor” de 15 años de servicio en el magisterio. Además, tiene una “maestría”. Sabrá Dios que otros maltratos y abusos ha cometido o seguirá cometiendo, esta “docente de aula”. No sería capaz, de imaginar mayor sarcasmo, mayor abuso de autoridad, mayor complicidad. Lo podría imaginar en una gavilla de bandidos; pero no, en una I.E. Será por eso que “a falta de aptitudes para determinadas carreras profesionales ha decidido a muchas personas a ingresar en el magisterio”, apunta Luis Jaime Cisneros, miembro del CNE, y con mucho acierto. ¿Y qué dirá el Colegio de Profesores del Perú? (Art. 4º inciso “b”, de la Ley N° 25231; y Art. 14º de la Ley N° 24029). ¿Y el SUTEP? (Art. 5º inciso “c”, de su Estatuto; y Art. 6º inciso “b”, de su Reglamento). O quizá también, alegarán ignorancia.