TELARAÑA SINIESTRA

El Perú está encaminado a ser un país del primer mundo, aseveró Alan García, en su discursó que dio en la ceremonia de homenaje a los ex presidentes de la Confiep, conmemorando sus 25 años de vida institucional. Todo ello, en medio de una semana donde la siniestra telaraña de la corrupción terminó envolviendo al ex premier y congresista de la República Jorge Del castillo, obligándolo a dejar el cargo de Secretario General Político del partido de gobierno. El “petroaudio” difundido que comprometía al ex Premier en casos de “asquerosa” corrupción —término empleado por el Jefe de Estado, refiriéndose a ese otro escandaloso caso de tráfico y negociado de tierras que involucra a Cofopri—, fue catalogado por la prensa como un misil que lanzó esquirlas a todos lados, infundiendo temor y pánico, a unos; y a otros, deseos de solicitar la vacancia presidencial antes que el país revele mayor podredumbre. Del Castillo solamente se limitó a considerar como “infundadas imputaciones” a las acusaciones e insinuaciones sobre la corruptela que lo envuelve. “Mi lealtad al Apra es hasta la muerte”, afirmó en su carta de renuncia al cargo, como para calmar las ansias de sus opositores y detractores que, quizá, lo quieren no sólo fuera de la competencia electoral, sino, fuera del país. Si bien es cierto la corrupción es un fenómeno difícil de definir, pero fácil de distinguir, identificar y hasta olfatear; es un mal de aquellos que sólo revelan su expansión perversa en el cuerpo social hasta dejarlo en un estado nauseabundo e indeseable. Ya el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción (concluido en diciembre del año 2008 por el gabinete anterior, en su afán de contribuir a terminar con esta, aparentemente incurable enfermedad que padece el país), señalaba que “El letargo y la pasividad en la aplicación de sanciones a los corruptos y corruptores…, también constituyen una forma de corrupción”. Y precisamente, lo que agrava los casos de corrupción es que una vez descubiertos, difundidos y denunciados, paralelo a la apertura del proceso de investigación, emerge una sensación de impunidad que acompaña todo el proceso, sin importar la presión mediática o ciudadana, a tal punto, que el corruptor y su telaraña corrupta, permanecen con una frescura tan impenetrable como la caparazón de una tortuga o el revestimiento de un molusco. Hasta se atreven a difundir, desde la clandestinidad, videos para presentarse como “perseguidos políticos” (es el caso del prófugo y ex reo, Enrique Crousillat) después de haber participado, en la década anterior, en el embadurnamiento de la institucionalidad del país con esa lacra virulenta. Pero Alan García se ha encargado de desmentirlo, al afirmar que en el Perú existe una democracia total que garantiza la autonomía del Poder Judicial, por lo tanto, no existen “perseguidos políticos”. La Defensoría del Pueblo, en su contribución al combate a esta malignidad moral que está carcomiendo todas las reservas morales de la sociedad peruana, presentó una definición más o menos inteligible para todos sobre este fenómeno. Para la Defensoría, “la corrupción es el uso de una función o recurso público en beneficio privado indebido”. Desde esta óptica, nadie dudaría en calificar e identificar cualquier acto de corrupción, trátese de unos pocos soles o de millonarias sumas. Del mismo modo, el Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH), en una de sus publicaciones del 2009, describe al fenómeno de la “corrupción”, y señala que viene de la palabra latina “corruptio”, que significa “decadencia moral, comportamiento malvado, putrefacción o podredumbre”. Y que tal definición podría utilizarse para describir una descomposición orgánica o material, así como para referirse a una descomposición, deterioro o decadencia moral. Y agrega como ejemplo, a la “perversión o destrucción de la integridad en el cumplimiento de los deberes públicos por cohecho o clientelismo”. Definitivamente, la corrupción no es un fenómeno que ha emergido en este quinquenio, y que terminará con él. Y tampoco se trata que un personaje involucrado, dé muestras de desprendimiento y de honestidad a prueba de balas, como es el caso del congresista Del Castillo al referirse a su predisposición para “renunciar” a su inmunidad parlamentaria. Actitud que para la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, es una comedia que pretende sorprender a todo el país, insinuando que desconocemos la ley. Ello, corresponde al Congreso, afirmó la Fiscal; no es una decisión individual, acotó. Francis Allison y sus billetes verdes, Enrique Crousillat y su afán de recapturar América Televisión, Nestor Quimper y su red arácnida intercontinental, Cofopri y su obsequioso remate de extensas áreas; son algunos de los casos más “frescos” que nos inducen a pensar que la función pública, en nuestro país, está infectada gravemente por ese virus invencible de la corrupción. Y son casos que traspasan los márgenes de un minúsculo e irónico “escandalete”, causando más que un simple “ruido político”, como dijo Alan García, aludiendo a los últimos “petroaudios”. La lid electoral está en la tribuna, y de acuerdo a los intereses y recursos invertidos en ella, se condicionan las opiniones y pareceres en torno a los casos de corrupción descubiertos y denunciados, minimizándolos o maximizándolos. La ciudadanía, tiene la última palabra.