INSULTO, LUEGO EXISTO

Que nuestra Constitución Política nos garantice el uso del derecho de opinión (inciso 4, artículo 2º), es motivo de orgullo, ya que es un bien que pertenece a sociedades civilizadas —léase, “democráticas”— o en proceso de llegar a serlo. Pero este derecho de opinión se desnaturaliza cuando se convierte en un instrumento de agresión, calumnia o difamación. En un instrumento de guerra que sólo dispara insultos que dañan y menoscaban la imagen del receptor, persona o grupo de personas; quizá también del emisor. Este derecho de opinión, es el que nadie, en su sano juicio, defendería.
Que un conciudadano, en su condición de representante político se faculte el derecho de utilizar términos poco agradables para referirse a sus representados, infiriéndoles calificativos que provocan cualquier efecto, excepto, satisfacción; y después de la agresión limitarse a declarar “a mí nadie me falta el respeto”, es un conciudadano que con ese comportamiento, nos sugiere pensar y reflexionar en el acierto o desacierto al haber sido elegido en el cargo que ostenta.
Por ejemplo, si hacemos un recuento de las ilustres frases que nadie dudaría en calificar de insulto, en el último lustro, dirigido a los peruanos y peruanas en general, tenemos: “perro del hortelano”, “ciudadanos de segunda clase”, “tristones y desconfiados”, y últimamente, “bobos”. Todos, utilizados por un gobernante, y dirigidos a sus gobernados. Ello, sólo por señalar los verbales. ¿Y los no verbales? La patadita, la bofetada, el ego colosal, etc.
La ironía en su máxima expresión, cuando quien debería ser ejemplo de respeto a la legislación del país, se atreve a insinuar públicamente que ante un insulto o agresión cada persona tiene el derecho a “defenderse”, de lo contrario sería un “marica”. Son casos insólitos que nuestra variopinta realidad nunca deja de proveernos.
Otro caso es aquel del aspirante a la máxima representación política del país, que su poco dominio del castellano no debe convertirse en motivo de tolerancia a sus desatinos verbales, cuando expresó con toda frescura “a la m… con las tachas”; también es otro hecho que alimenta ese ambiente público donde el uso y abuso de los insultos parecen ser una de nuestras normalidades. Considerando que la tacha es un derecho que la legislación electoral nos faculta, es un acto legítimo que honra nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas; por lo tanto, de ninguna manera es un derecho que se le puede enviar a ese lugar.
(Pero es una moneda, que como todas, tiene dos caras. En este contexto saltar del anonimato a la fama, bien vale un insulto. Lo confirma el atrevimiento del ciudadano Richard Gálvez, quien quizá, antes de ello, jamás imaginó ser considerado e invitado a participar en una lista de candidatos al Congreso de la República. Gritarle al Jefe del Estado, “¡Corrupto!”, si bien se ganó una bofetada de aquel, ha ganado un sitio en la tribuna pública que muchos envidiaríamos).
Y si regresamos al proceso electoral municipal y regional del año pasado, una de las aspirantes a la representación metropolitana, que podríamos entender sobrecargada de estrés, frustración y cansancio, vociferó telefónicamente que la alcaldía la colocaba en ese parte del cuerpo humano acreedor de un sinnúmero de sinónimos; es otro desliz que confirma la naturaleza sumamente estresante de los procesos electorales en nuestro país.
Pero es un proceso donde los participantes son —¿deberían ser?— conscientes que están compitiendo por asumir una encargo que tiene por finalidad suprema, cumplir y hacer cumplir la ley. Una ley que regula nuestra convivencia cotidiana, en lo público y en lo privado, de sumo respeto a principios como la tolerancia recíproca, la justicia, la paz y la libertad. Y no sólo es un cargo que hace que “la plata llegue sola”.
Si bien es cierto, en nuestra legislación, el “chuponeo” es un acto punible; sin él no hubiéramos descubierto barbaridades que atentan delincuencialmente contra la sana administración de los recursos públicos, por ejemplo. Algo similar sucede con la libertad de prensa. Puede ser susceptible de ser cuestionada por excesos o exabruptos; pero sin ella, la administración pública se convertiría en una cosa oscura, hermética y hasta tenebrosa, nociva a extremos inimaginables, sino, en un acto de bandidos, “criollos” y roedores de cola larga.
En este proceso electoral que ya empezó a mostrarnos su lado más candente, donde las expresiones y encontronazos verbales entre los competidores, se aproximan cada día a esa delgada y casi imperceptible línea que separa una palabra respetuosa de otra que no lo es; también nos revela no sólo el perfil de los candidatos y candidatas, sino, el poder que tienen las frases y palabras cargadas de pasión y subjetividad. Quien agrede, insulta, daña, trasgrede la norma “ingeniosamente”; salta a la fama.
Apropiarse de una cuantiosa suma de dinero bajo la figura de “indemnización por despido arbitrario”; pagar para ocupar una candidatura aprovechando de la ventajas pecuniarias que podemos tener; contratar y remunerar a empleados fantasmas; ingeniarse para participar en acciones proselitistas cuando la ley lo prohíbe, por ejemplo, son situaciones que ameritan una participación conjunta de la sociedad civil para crear e implementar nuevos mecanismos y estrategias con el objetivo de combatirlas.
A parte de las frases altisonantes y líos protagonizados por más de uno de los candidatos a la presidencia de la República, sumadas las disculpas, sonrisas y sarcasmos; se están difundiendo las propuestas y planes de gobierno, en los cuales, la lucha frontal contra la corrupción, apenas es visible o simplemente no aparece.
Toledo (Perú Posible), Castañeda (Solidaridad Nacional), Keiko (Fuerza 2011) y Ollanta (Gana Perú); son los candidatos que lideran las diversas encuestas y sondeos de opinión hasta ahora difundidos. Kuczynski (el Gran Cambio), Aráoz (Apra) y Belaunde (Adelante), junto a otros, conforman el grupo de los candidatos “pequeños”; sin embargo, son más conocidos debido a sus antecedentes políticos y gubernamentales.
Rodríguez Cuadros (Fuerza Social), Ñique de la Puente (Fonavista), Reymer Rodríguez (Fuerza Nacional), Ricardo Noriega (Despertar Nacional), Cesar Zúñiga (Sí Cumple), y Humberto Pinazo (Justicia, Tecnología, Ecología); son los otros “pequeños” que han decidido subir al cuadrilátero, a dar y recibir golpes, y poner en práctica todas aquellas estrategias que en meses antes han elaborado, debatido e imaginado.
Hasta el cierre de la presente edición, Kuczynski enfrentaba una segunda tacha a su candidatura; la candidata del Apra, una denuncia por proselitismo que compromete la neutralidad electoral del actual Presidente de la República; pero para el Ministro de Transportes Enrique Cornejo, “A veces te denuncian, sólo por fastidiar”. A Castañeda, lo persigue el fantasma de la venta de vacantes en su plancha presidencial; entre otras cosas, maquillan la actual batalla proselitista que será definida el domingo 10 de abril, esperemos, en un clima de tranquilidad y respeto, sin insultos —de ningún tipo— de por medio.