IRREGULARIDADES DE LA PRIMERA VUELTA

La “primera vuelta” de la elección presidencial realizada el domingo 10 de abril del presente año, nos ha dejado diversas lecciones a todos los actores electorales. Cada quien y de acuerdo a sus intereses o conveniencias, sabrá traducirlas en mensajes que modificarán sus actitudes en próximas experiencias similares. Esperemos, a fin de contribuir a elevar la calidad de nuestra convivencia en democracia. En otros términos, esperamos —y deseamos— que cada actor electoral, después de las lecciones aprendidas, dirija sus esfuerzos y actitudes en obediencia a la constitucionalidad del país.
Porque hay situaciones que no deberían repetirse. Que algunos ciudadanos se enteren que han sido sorteados para desempeñar el cargo de miembro de mesa, el mismo día de las elecciones, al llegar al local de votación, por ejemplo. Que miembros de mesa se hagan presentes a sus respectivos locales de votación hasta una hora después de la hora señalada por ley; o algo peor, es el caso de los miembros de mesa suplentes, llegan dentro de los márgenes de tolerancia permitidos, pero expresan que no están disponibles o simplemente no quieren asumir el cargo a falta de algunos de los titulares, es otro ejemplo.
Que los personeros de mesa de sufragio, pretendan realizar actividades que no les compete o que le son prohibidas por las normas electorales, es un ejemplo más de situaciones que no deberían repetirse. Pretenden manipular material electoral, se afanan imperceptiblemente en inducir el voto de los electores presentes, ingresan y salen de la sala de votación a libre disposición y arbitrariamente, desconociendo la autoridad de los miembros de mesa; y en el peor de los casos, que rayan con la sinvergüencería y el descaro, pretenden obtener un acta electoral en blanco. Incluso, en otros casos, pareciera que algunos personeros asisten a su mesa de sufragio a cumplir su papel, sólo con el objetivo de generar desorden y caos en la sala de votación, desvirtuando su papel legítimo y valioso en la fiscalización del proceso electoral.
Los candidatos y candidatas, representantes de las organizaciones políticas contendientes, juegan un papel tan importante como el de los otros actores electorales, aunque quizá un poco más, porque se involucran directamente en ese fenómeno de las “corrientes de opinión”, que son fenómenos coyunturales, como el propio proceso electoral. En este fenómeno pueden intervenir factores no necesariamente saludables, como la especulación, la desinformación, la agitación y la propaganda. Y el candidato o candidata que no está preparado para la derrota, pueden asumir actitudes y comportamientos negativos y contraproducentes para el logro de un proceso electoral transparente, y quizá, para el mantenimiento de la tranquilidad pública —si los resultados le son desfavorables—.
En el caso de los actores electorales encargados de la seguridad en la puerta de ingreso y salida de los locales de votación (PNP y FFAA), también se presentan situaciones irregulares. Como por ejemplo, permitir el ingreso de personas que no portan su DNI original. Recordemos que el ingreso a los locales de votación es para un fin explícito. En el caso de los electores, es para emitir su voto. Para ello, de acuerdo a las normas legales, sólo es posible esa acción, portando el DNI original (artículo 7º de la Ley Nº 26859). Entonces, no tiene sentido que ingresen a los locales de votación, electores que no portan ese documento, porque distraen, perturban y dificultan el cumplimiento de las labores de quienes cumplen la función de garantizar una jornada electoral transparente, ordenada y en un clima de tranquilidad y respeto mutuo.
Definitivamente, en un proceso electoral no se trata de demostrar quién manda a quién. Las funciones de cada actor electoral están definidas y explícitas en las normas electorales. Y todos y cada uno de ellos, está en el derecho de velar por el cumplimiento de ellas. Esto es un mandato constitucional (artículo 38º de la CPP), por lo tanto, soberano.
Estas y otras irregularidades ameritan atención y todo el esfuerzo del país para subsanarlas y evitar que se vuelvan a repetir. Porque de ello depende que cada vez, los procesos electorales sean dignos de confiabilidad, credibilidad, y sean actos totalmente transparentes, “reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta” (artículo 2º de la LOE). Éste objetivo demanda la intervención legítima de todos y cada uno de los actores electorales; y no, como equivocadamente algunos pretenden sostener, sólo de los organismos electorales.