UNIVERSIDADES Y CONFLICTOS

El gran júbilo por el éxito de su campaña y la inmensa gratitud hacia el pueblo peruano, expresados por Ollanta Humala en su discurso después de haber recibido sus credenciales presidenciales en ceremonia oficial presidida por el Jurado Nacional de Elecciones, el día jueves 23 de junio, han sido ensombrecidos por las olas de protesta en el sur del país.
Ollanta reconoció al acto electoral del 5 de junio, donde recibió el apoyo del 51,5% de los votos válidos, como “la realización de un proceso donde se respetó finalmente la voluntad soberana del pueblo peruano”. Hizo extensivo su reconocimiento a las tres instituciones del sistema electoral peruano (RENIEC, ONPE y JNE), porque, dijo: “desarrollaron su labor de acuerdo a estándares internacionales”.
Mientras ello sucedía en la ciudad de Lima; en el sur del país, la situación ardía y cobraba la vida de más de una persona.
En el país funcionan 77 universidades, entre públicas (31) y privadas (46), bajo la jurisdicción de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR); y 25 más, bajo la jurisdicción del Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de las Universidades (CONAFU), entre éstas, 04 pertenecen a la administración pública. En total, tenemos en el país, 102 universidades distribuidas en las 25 regiones.
Si a este número le sumamos las 38 filiales universitarias autorizadas por CONAFU, para que funcionen en diversas localidades del territorio nacional, podemos sostener que tenemos 140 universidades compitiendo en el mercado de la educación superior, deseosas de captar al mayor número posible de hombres y mujeres jóvenes, decididos a forjarse un mejor porvenir, después de concluir una educación secundaria que no prepara para competir en el mercado laboral.
Tenemos también, 02 universidades creadas por ley que a la fecha no funcionan aún: la Universidad Nacional de Jaén, en Cajamarca; y la Universidad Nacional de Juliaca, en Puno.
Pero en Huancavelica, la situación en torno a la creación de una nueva universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Morillo” (UNAT), ha generado una ola de protestas que ya ha cobrado sus primeras víctimas, entre ellas, una menor de 14 años de edad. Los promotores del paro regional indefinido, justifican su protesta en la defensa del presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica que, sostienen ellos, resultará afectado con la creación de la nueva universidad.
Tayacaja es una de las 7 provincias de la región Huancavelica. Según los Censos Nacionales 2007, tiene 104,901 habitantes (el 23% de la población regional); de los cuales el 76%, es población rural. La actividad principal del 80 por ciento de su PEA, es la agricultura y otras de mano de obra no calificada. En conclusión, Tayacaja es una provincia que pertenece al departamento con el más alto índice de pobreza y extrema pobreza del Perú. Huancavelica tiene el 77,2% de su población en esas condiciones.
La discordia y los líos que ha ensombrecido el panorama de optimismo que rodeó la entrega de credenciales al presidente electo, ha emergido porque la Ley de Creación de la UNAT, señala que será sobre la base de la sede que la Universidad Nacional de Huancavelica tiene en Tayacaja.
Los protestantes, reunidos en el Comité de Lucha Regional de Huancavelica, aducen que esta creación afectará el presupuesto de la UNH. Mientras que los defensores, presentados como el Comité de Lucha Provincial de Tayacaja, han hecho todo lo posible para conseguir la aprobación del Proyecto de Ley Nº 4690 que crea la UNAT, incluso, viajando a la ciudad de Lima.
Miro Ruiz Delgado, es el congresista huancavelicano que ha promovido y sustentado el Proyecto de Ley Nº 4690/2010-CR, ante el pleno del Congreso el día miércoles 01 de junio. Por medio de su blog y su página web del Congreso, el congresista Miro Ruiz, continua en la defensa de la Universidad recién creada, gracias a su tenacidad, al apoyo de la Municipalidad de Tayacaja y la gran mayoría de su población.
Que entre las acciones de protesta en contra de la aprobación del Proyecto en mención, se haya incendiado las instalaciones del Gobierno Regional de Huancavelica, es una hecho que últimamente ya no llama la atención de la ciudadanía. Incendiar o atentar contra la sede o cualquier otro símbolo de la autoridad elegida democráticamente, en el país, parece ser una de los objetivos que deliberadamente se trazan quienes se involucran o protagonizan las acciones de protesta.
“Andahuaylazo”, “huanucazo”, “arequipazo”, “baguazo”, y ahora, “huancavelicazo”, son neologismos que más allá de lo tragicómico e ironía que puedan sugerir o constituir, nos advierten de una etapa donde la autoridad democrática está siendo sometida por asonadas masivas e insurgentes, alejadas de todo procedimiento legal regularizador de la protesta y el disenso.
Que tras de ellos aparezcan representantes políticos y otras autoridades oficiales que si bien, no promueven ni han estimulado la protesta, pero que se muestran indiferentes o en el peor de los casos, mostrando una sinuosa actitud “neutral”; la situación se agrava.
“Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico”, leemos en el artículo 18º de nuestra Constitución Política; aunque ésta autonomía, en el caso de la UNPRG, ha demostrado ser ineficiente y deficiente para atender y solucionar sus problemas de gobernabilidad, es una prerrogativa que les asiste a las universidades.
Y si el Proyecto de Ley Nº 4690 que crea la UNAT, especifica que se creará la nueva universidad sobre la base de la sede de la UNH, puede entenderse como un atropello —desde el propio Estado— a una ordenanza constitucional. En sí, se trata de quitarle una sede a la Universidad Nacional de Huancavelica (que funciona con dos escuelas académico profesionales: Electrónica y Sistemas, de la Facultad de Ingeniería Electrónica-Sistemas), creada al amparo de la autonomía que la Constitución precisa.
La Asamblea Nacional de Rectores, ha publicado un comunicado en un medio de circulación nacional, expresando su desacuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley Nº 4690, al cual catalogan como producto del facilismo y populismo; asimismo, sugieren la creación de una mesa de diálogo para devolver la tranquilidad y la seguridad en la región. Esta sugerencia amerita el apoyo de todo ciudadano y ciudadana que anhela la paz y la seguridad públicas.