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| Publicado en el DOMINICAL del 18 de marzo de 2012. |
El retorno a la escuela, es un suceso que realmente tiene mayor impacto en los hogares y familias peruanos. Por no decir, en los bolsillos de los padres y madres de familia. Los útiles escolares, el uniforme escolar, las cuotas de APAFA y aquellas otras cuotas, aportaciones u colaboraciones “voluntarias” para los talleres que algunos directores de instituciones educativas consideran prioritarios. Este tipo de decisiones de fijar cuotas paralelas a la cuota de APAFA, con el concurso de su sola persona, nos remite a una pregunta insoslayable: ¿Será que los directores y directoras de las instituciones educativas —máxima autoridad de la I.E., según el artículo 55° de la Ley 28044— poseen una mentalidad superior a todos los demás ciudadanos y ciudadanas que son los padres y madres de familia?
Al parecer, eso de “máxima autoridad” tipificado en la Ley General de Educación, ha sido interpretado como una capacidad dada a los directores, consistente en tomar decisiones inconsultas e individuales, ignorando a la comunidad educativa. En otros términos, el director es la máxima autoridad de la institución educativa, a la que le compete conducir cumpliendo funciones institucionales. No personales, no individuales, no antojadizas, no contraviniendo otras normas de alcance nacional como las resoluciones ministeriales, justificándolas con el hecho que así lo dispone el Reglamento Interno. Como si el Reglamento Interno fuera la norma suprema de algún estado autóctono, aislado del resto del país y del mundo.
Primero, fue ese pleito sobre los textos escolares donde directores y algunos docentes, resultaron comprometidos en oscuros negocios a merced del bolsillo del padre de familia, en las narices de todo mundo. Segundo, las cuotas de APAFA, que es otro martirio y no sólo por las sumas elevadas que a veces representan, sino, porque contravienen normas vigentes y de conocimiento público. Aún persiste aquella situación en la que las cuotas de APAFA la vinculan o condicionan a la matrícula de los educandos. “¿Ya pagó su cuota de APAFA, señor?”, pregunta a boca de jarro que hace la persona encargada de realizar la matrícula. Cosa que si usted no pagó esa cuota, por favor, primero pague, muéstreme su recibo, y matricularé a su niño o niña.
Y tercero, los benditos uniformes escolares. También se detectó que la compra-venta de uniformes escolares, constituía atractivos negocios no sólo para los confeccionistas y comerciantes, sino también para algunos directores y uno que otro docente involucrado o cómplice de los intereses mercantiles de su “máxima autoridad”. Atroz situación frente a la cual, hasta el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres pidió públicamente que los padres denuncien y no tengan temor por las posibles represalias.
Fue necesario que la Ministra de Educación, Emma Patricia Salas, se presente en los medios de comunicación masiva, para aclarar aquello que las normas ya lo dicen y tipifican, y que por supuesto, es de conocimiento de los directores y docentes de las instituciones educativas. Que la compra de textos escolares de un solo uso no es obligatoria; que el uso del uniforme escolar, tampoco es obligatorio. Hasta fue necesario que intervenga el Jefe de Estado para pedir disculpas a nombre de la nación por el atropello cometido por funcionarios públicos de algunas instituciones educativas, en agravio de los bolsillos de los padres de familia.
La Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012, aprobado con R.M. N° 0622-2011-ED (publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de diciembre de 2011), establece los “lineamientos nacionales, normas y orientaciones” para que las instituciones educativas planifiquen, organicen y regulen sus actividades durante el año escolar 2012. Que a pesar de ello, en algunas instituciones educativas se pretenda imponer otras normas que la contravienen y desconocen, sugiere que el estado peruano —no sólo la sociedad peruana—, es también un ente quebrado y fragmentado a extremos intolerantes e inaceptables.
Las actitudes autoritarias, porque es autoritarismo desconocer las normas e imponer otras al antojo y conveniencia o medida de intereses particulares e individuales, de algunos directores de instituciones educativas, obligan a que éstas sean percibidas como islotes desperdigados a lo ancho del territorio nacional, donde cada director puede hacer y deshacer antojadizamente, con una sinvergüencería merecedora de un Òscar.
Es plausible el mea culpa que hace el Estado en la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012, al afirmar que “El estado no ha podido cumplir con su obligación de garantizar aprendizaje efectivos y de calidad para todos”. Este gesto de humildad y honestidad, sería propicio ser imitado por las máximas autoridades de las instituciones educativas, quienes a muchas de ellas, les produce una irónica sonrisa todo aquello que haga o disponga el Ministerio de Educación.
Teniendo a mano la Ley General de Educación, se concluye que lo primero que ignoran algunos directores de instituciones educativas, es la institucionalidad; al desconocer e ignorar a la comunidad educativa. Además, sus actitudes y decisiones sobre el pago de cuotas paralelas a la APAFA (para talleres, por aniversario, por el día del maestro, por el cumpleaños de fulano, etc.) revelan que el padre de familia es percibido sólo como un bolsillo más al que se le pueden extraer hasta las últimas monedas que guarde, y no como un ciudadano que puede contribuir elogiosamente a transformar y mejorar la educación que reciben sus hijos e hijas. Esta educación resulta vergonzosa y maltratadora de los educandos y de sus padres y madres. (“La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades”, leemos en el artículo 4° de la Ley N° 28044).
Marginar a un niño o niña porque no lleva puesto el uniforme escolar, por ejemplo, que no salga en la foto porque no está uniformado; que no salga a recreo porque no está uniformado, que no sea el primero en la fila porque no está uniformado; es un maltrato, es una salvajada, es una aberración. Y que el padre de familia no se atreva a decir algo o a denunciar el hecho porque teme represalias contra con su hijo, constituye un agravante. ¿Hablamos de una institución educativa o de un centro de reclusión de desadaptados sociales? Que esta situación no produzca siquiera una mínima indignación en los padres de familia o en cualquier otro ciudadano que la conozca, sí que constituye una realidad sumamente triste y lamentable, porque así, difícilmente lograremos construir —o reconstruir— un país de ciudadanos y ciudadanas.
“En las Instituciones Educativas públicas no es obligatorio el uso del uniforme escolar” dice claramente el sexto guión del apartado VII.VIII Otras Actividades de las Instituciones Educativas, de la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012. ¿Conocen esto los directores? ¿Lo saben los docentes? En los últimos días, los medios de información, lo han transmitido una y otra vez. ¿Qué más hace falta para que las normas sean cumplidas, en este país?
El desparpajo de la ironía llega cuando algunos directores justifican la obligatoriedad del uniforme escolar, que ellos imponen en sus instituciones respectivas, en la supuesta “identidad” institucional. Cuando ahora sabemos que a la construcción de la identidad concursan un sinnúmero de factores, quizá, hasta infinitos. A qué identidad se refieren aquellos directores que sólo ponen el ojo en el uso del uniforme escolar, cuando descuidan por ejemplo, la impuntualidad de algunos docentes, el pedido excesivo de útiles escolares, la compra del llamado Formulario Único de Trámite sin recibir a cambio ningún comprobante de pago, la suciedad en los servicios higiénicos (“Baños malogrados y sin agua cuya pestilencia llega a las aulas”, describe el PEN, un hecho de nuestra variopinta realidad educativa), etc. ¿De qué identidad hablan? ¿El uniforme escolar crea identidad?
Es loable la decisión del Gobierno Regional de Junín, al emitir la Ordenanza Regional N° 124-2012-GRJ/CR (publicada en el diario oficial El Peruano, el 23 de febrero del 2012), estableciendo el “Uniforme Único Escolar de Color Plomo en las Instituciones Educativas Públicas”, en resguardo de la economía de los padres de familia. No estaría nada mal, que otros gobiernos regionales imitasen tal decisión.
Todo ello contribuye a configurar a nuestra educación como una educación que requiere con urgencia una transformación. ¿Por qué? Porque “una educación deficiente es una reproductora perniciosa de la inequidad y el atraso”, sostiene el PEN. Entonces, necesitamos transformar a nuestra educación, todos. Precisamente, en este proceso de transformación de la educación peruana, el estado cuenta con el concurso de los “estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades regionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y de base, empresarios y la ciudadanía en general” (Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012); es decir, cuenta con y exige la participación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ¿Tendrá algún sentido la frase “institución educativa” para los directores que las dirigen?
Al parecer, eso de “máxima autoridad” tipificado en la Ley General de Educación, ha sido interpretado como una capacidad dada a los directores, consistente en tomar decisiones inconsultas e individuales, ignorando a la comunidad educativa. En otros términos, el director es la máxima autoridad de la institución educativa, a la que le compete conducir cumpliendo funciones institucionales. No personales, no individuales, no antojadizas, no contraviniendo otras normas de alcance nacional como las resoluciones ministeriales, justificándolas con el hecho que así lo dispone el Reglamento Interno. Como si el Reglamento Interno fuera la norma suprema de algún estado autóctono, aislado del resto del país y del mundo.
Primero, fue ese pleito sobre los textos escolares donde directores y algunos docentes, resultaron comprometidos en oscuros negocios a merced del bolsillo del padre de familia, en las narices de todo mundo. Segundo, las cuotas de APAFA, que es otro martirio y no sólo por las sumas elevadas que a veces representan, sino, porque contravienen normas vigentes y de conocimiento público. Aún persiste aquella situación en la que las cuotas de APAFA la vinculan o condicionan a la matrícula de los educandos. “¿Ya pagó su cuota de APAFA, señor?”, pregunta a boca de jarro que hace la persona encargada de realizar la matrícula. Cosa que si usted no pagó esa cuota, por favor, primero pague, muéstreme su recibo, y matricularé a su niño o niña.
Y tercero, los benditos uniformes escolares. También se detectó que la compra-venta de uniformes escolares, constituía atractivos negocios no sólo para los confeccionistas y comerciantes, sino también para algunos directores y uno que otro docente involucrado o cómplice de los intereses mercantiles de su “máxima autoridad”. Atroz situación frente a la cual, hasta el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres pidió públicamente que los padres denuncien y no tengan temor por las posibles represalias.
Fue necesario que la Ministra de Educación, Emma Patricia Salas, se presente en los medios de comunicación masiva, para aclarar aquello que las normas ya lo dicen y tipifican, y que por supuesto, es de conocimiento de los directores y docentes de las instituciones educativas. Que la compra de textos escolares de un solo uso no es obligatoria; que el uso del uniforme escolar, tampoco es obligatorio. Hasta fue necesario que intervenga el Jefe de Estado para pedir disculpas a nombre de la nación por el atropello cometido por funcionarios públicos de algunas instituciones educativas, en agravio de los bolsillos de los padres de familia.
La Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012, aprobado con R.M. N° 0622-2011-ED (publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de diciembre de 2011), establece los “lineamientos nacionales, normas y orientaciones” para que las instituciones educativas planifiquen, organicen y regulen sus actividades durante el año escolar 2012. Que a pesar de ello, en algunas instituciones educativas se pretenda imponer otras normas que la contravienen y desconocen, sugiere que el estado peruano —no sólo la sociedad peruana—, es también un ente quebrado y fragmentado a extremos intolerantes e inaceptables.
Las actitudes autoritarias, porque es autoritarismo desconocer las normas e imponer otras al antojo y conveniencia o medida de intereses particulares e individuales, de algunos directores de instituciones educativas, obligan a que éstas sean percibidas como islotes desperdigados a lo ancho del territorio nacional, donde cada director puede hacer y deshacer antojadizamente, con una sinvergüencería merecedora de un Òscar.
Es plausible el mea culpa que hace el Estado en la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012, al afirmar que “El estado no ha podido cumplir con su obligación de garantizar aprendizaje efectivos y de calidad para todos”. Este gesto de humildad y honestidad, sería propicio ser imitado por las máximas autoridades de las instituciones educativas, quienes a muchas de ellas, les produce una irónica sonrisa todo aquello que haga o disponga el Ministerio de Educación.
Teniendo a mano la Ley General de Educación, se concluye que lo primero que ignoran algunos directores de instituciones educativas, es la institucionalidad; al desconocer e ignorar a la comunidad educativa. Además, sus actitudes y decisiones sobre el pago de cuotas paralelas a la APAFA (para talleres, por aniversario, por el día del maestro, por el cumpleaños de fulano, etc.) revelan que el padre de familia es percibido sólo como un bolsillo más al que se le pueden extraer hasta las últimas monedas que guarde, y no como un ciudadano que puede contribuir elogiosamente a transformar y mejorar la educación que reciben sus hijos e hijas. Esta educación resulta vergonzosa y maltratadora de los educandos y de sus padres y madres. (“La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades”, leemos en el artículo 4° de la Ley N° 28044).
Marginar a un niño o niña porque no lleva puesto el uniforme escolar, por ejemplo, que no salga en la foto porque no está uniformado; que no salga a recreo porque no está uniformado, que no sea el primero en la fila porque no está uniformado; es un maltrato, es una salvajada, es una aberración. Y que el padre de familia no se atreva a decir algo o a denunciar el hecho porque teme represalias contra con su hijo, constituye un agravante. ¿Hablamos de una institución educativa o de un centro de reclusión de desadaptados sociales? Que esta situación no produzca siquiera una mínima indignación en los padres de familia o en cualquier otro ciudadano que la conozca, sí que constituye una realidad sumamente triste y lamentable, porque así, difícilmente lograremos construir —o reconstruir— un país de ciudadanos y ciudadanas.
“En las Instituciones Educativas públicas no es obligatorio el uso del uniforme escolar” dice claramente el sexto guión del apartado VII.VIII Otras Actividades de las Instituciones Educativas, de la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012. ¿Conocen esto los directores? ¿Lo saben los docentes? En los últimos días, los medios de información, lo han transmitido una y otra vez. ¿Qué más hace falta para que las normas sean cumplidas, en este país?
El desparpajo de la ironía llega cuando algunos directores justifican la obligatoriedad del uniforme escolar, que ellos imponen en sus instituciones respectivas, en la supuesta “identidad” institucional. Cuando ahora sabemos que a la construcción de la identidad concursan un sinnúmero de factores, quizá, hasta infinitos. A qué identidad se refieren aquellos directores que sólo ponen el ojo en el uso del uniforme escolar, cuando descuidan por ejemplo, la impuntualidad de algunos docentes, el pedido excesivo de útiles escolares, la compra del llamado Formulario Único de Trámite sin recibir a cambio ningún comprobante de pago, la suciedad en los servicios higiénicos (“Baños malogrados y sin agua cuya pestilencia llega a las aulas”, describe el PEN, un hecho de nuestra variopinta realidad educativa), etc. ¿De qué identidad hablan? ¿El uniforme escolar crea identidad?
Es loable la decisión del Gobierno Regional de Junín, al emitir la Ordenanza Regional N° 124-2012-GRJ/CR (publicada en el diario oficial El Peruano, el 23 de febrero del 2012), estableciendo el “Uniforme Único Escolar de Color Plomo en las Instituciones Educativas Públicas”, en resguardo de la economía de los padres de familia. No estaría nada mal, que otros gobiernos regionales imitasen tal decisión.
Todo ello contribuye a configurar a nuestra educación como una educación que requiere con urgencia una transformación. ¿Por qué? Porque “una educación deficiente es una reproductora perniciosa de la inequidad y el atraso”, sostiene el PEN. Entonces, necesitamos transformar a nuestra educación, todos. Precisamente, en este proceso de transformación de la educación peruana, el estado cuenta con el concurso de los “estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades regionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y de base, empresarios y la ciudadanía en general” (Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2012); es decir, cuenta con y exige la participación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ¿Tendrá algún sentido la frase “institución educativa” para los directores que las dirigen?
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